CARACAS.- La Contraloría General del régimen de Venezuela inhabilitó a una exfiscal general, un exalcalde y tres diputados opositores por supuesto ocultamiento de información de sus patrimonios por lo que no podrán ocupar cargos públicos por 15 años.

En medio de la escalada entre el régimen y la oposición, el contralor chavista Elvis Amoroso anunció el jueves, en una transmisión de la televisora estatal, que la fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz, el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma y los diputados opositores Julio Borges, Tomás Guanipa y Germán Ferrer quedaron inhabilitados por “ocultamiento y falseamiento de información en la presentación de declaraciones juradas de patrimonio”.

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"Esto da risa", ha reaccionó la fiscal general, que se ha convertido en una de las más firmes detractoras del régimen de Maduro. "El delincuente que se autodenomina contralor ahora pretende inhabilitar a venezolanos que luchamos por la democracia", señaló en un mensaje publicado en su Twitter.

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Amoroso, militante del partido del régimen, declaró nulos los actos de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, sobre la designación de los directivos de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. y su filial estadounidense Citgo. En febrero el chavista Tribunal Supremo de Justicia había congelado los activos y prohibió la salida del país de todos los nuevos directivos, quienes se encuentran fuera de Venezuela desde hace varios años.

Asimismo, el ente inhabilitó a los directivos a ocupar cargos públicos por 15 años.

A pesar de las medidas de las autoridades algunos de los funcionarios nombrados por la mayoría opositora del Congreso han comenzado a ejercer funciones en el exterior, especialmente en el caso de Citgo que resultó afectada por las sanciones aplicadas por Washington contra los activos de PDVSA.

Durante los últimos cuatro años el ilegítimo Tribunal Supremo ha anulado las leyes, acuerdos y nombramientos hechos por la Asamblea Nacional como parte del enfrentamiento entre los poderes públicos.

Ortega Díaz, una disidente del chavismo, huyó de Venezuela en 2017 junto a su esposo, el diputado Ferrer, luego de que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente la destituyó de su cargo. La fiscal, que reside en Colombia, ha impulsado en los últimos años procesos judiciales en el exterior contra el dictador Nicolás Maduro al que ha señalado de incurrir en violaciones de derechos humanos y corrupción.

Borges, Ferrer y Guanipa, quienes también se encuentran fuera del país, fueron inhabilitados por la Constituyente chavista y se les abrieron procesos judiciales.

Ledezma fue detenido en febrero de 2015 señalado de participar en una conspiración contra el régimen de Maduro y dos años después, mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, huyó del país en un confuso incidente.

La decisión de la Contraloría General, que es controlada por el régimen, se dio tres días después de que la Constituyente retiró la inmunidad a los diputados opositores José Guerra, Rafael Guzmán, Juan Pablo García Canales y Guanipa y aprobó someterlos a un proceso judicial como lo había solicitado el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia.

El máximo tribunal, también controlado por el régimen, decidió procesar a los cuatro diputados por los delitos de "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública".

En los últimos tres meses han sido inhabilitados y sometidos a procesos judiciales 18 diputados opositores.

FUENTE: AP

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