Miami, 23 de Marzo de 2026
Analista político-militar
Venezuela atraviesa una de las horas más delicadas de su historia contemporánea. Tras la reconfiguración del poder ocurrida en 2026, el país se encuentra suspendido entre dos caminos: una transición auténtica hacia la democracia o la adaptación de un mismo modelo de control bajo nuevas formas. En ese contexto, la designación del General Gustavo González López como Ministro de la Defensa no puede leerse como un simple relevo administrativo. Es una señal. Y, más aún, es una prueba del rumbo real que puede tomar esta etapa, de no avizorarse una proyección sobre la base de un cambio profundo de lo existente y querencia con elevada esperanza de la nación.
El proceso que hoy se intenta impulsar, con la atención y el interés estratégico del gobierno del presidente Donald Trump, ha sido concebido bajo una secuencia clara: estabilizar, recuperar y transitar hacia elecciones que legitimen definitivamente un poder civil democrático. Pero esa arquitectura, por ambiciosa que sea, descansa sobre un pilar que no admite sustitutos y es una Fuerza Armada con previa depuración, cohesionada moralmente, institucionalmente sólida y comprometida con la nación, no con una facción. Sin esa base, no hay transición, solo hay administración del poder y sostenimiento soterrado de lo anterior interpuesto.
Es precisamente allí donde emerge la contradicción. El perfil de quien hoy encabeza el Ministerio de la Defensa no responde al de un conductor institucional capaz de reconstruir esa cohesión. Responde, más bien, al de un actor cuya trayectoria se ha desarrollado en el ámbito del control, la inteligencia y la supervisión interna, al punto más elevado de la represión sistemática. Un perfil que puede definirse con precisión como el de un impositor de control que puede generar fricción sistémica con su sola designación. Y esa diferencia no es semántica, es estructural.
El control puede imponer orden en la superficie. Puede silenciar, disciplinar y contener expresiones visibles de disenso. Pero no construye legitimidad, no genera reestructuración al orden de cambio, no genera cohesión y, sobre todo, no fortalece instituciones en proceso de transición. Allí donde se necesita integración, el control impositivo introduce tensión. Allí donde se requiere confianza, instala vigilancia y persecución. Y en una organización como la Fuerza Armada, donde la obediencia es un principio, pero la convicción debe ser el verdadero sostén, esa diferencia termina siendo decisiva.
Durante más de dos décadas, la institución militar venezolana ha sido profundamente golpeada en su esencia integral. Ha sido señalada por su vinculación con prácticas contrarias a su mandato constitucional: corrupción, represión interna y externa, politización ideológica del mando, falsa lealtad con culto al personalismo y, en distintos ámbitos, por su asociación con estructuras alejadas del interés nacional. Esa es una realidad que no puede ser ignorada. Pero tampoco puede ser simplificada. Porque dentro de esa misma institución subsiste una mayoría silenciosa asociada a esa mayoría poblacional, de hombres y mujeres, profesionales formados en valores propios, con conciencia de su deber y con el anhelo de que la Fuerza Armada recupere su lugar como garante de la seguridad y defensa de la nación, en el marco de la constitución y del pueblo soberano.
Esa reserva moral existe, pero está contenida. No por falta de convicción, sino por un entorno donde los mecanismos de inteligencia interna, la vigilancia permanente, el terror represivo y la subordinación estricta reducen al mínimo cualquier margen de expresión autónoma. El militar consciente en Venezuela vive hoy una tensión profunda: conoce su deber, pero opera dentro de un sistema que limita su capacidad de actuar conforme a él. No es una fractura ideológica; es una fractura moral. No en balde le temen a tantos militares que continúan como presos políticos.
En ese contexto, colocar al frente de la institución a un actor identificado precisamente con las estructuras de control represivo, aún mayor del que reemplaza, envía un mensaje claro hacia adentro; no se busca cohesionar la Fuerza Armada, se busca vigilarla. Ese mensaje no fortalece la disciplina; la convierte en imposición. No construye lealtad institucional por convicción, la sustituye por obediencia condicionada. Y aunque no genere una ruptura visible, sí produce algo más complejo y peligroso; resistencia pasiva, desgaste interno y debilitamiento progresivo de la cadena de mando real, al no tener lo impuesto el ascendiente moral que internalice el deber de la obediencia legitima y la subordinación al mando.
Para Washington, este punto debería ser leído con absoluta claridad estratégica. Si el objetivo es una transición genuina que culmine en elecciones libres y en un gobierno legítimo, entonces debe asumirse que no hay transición sostenible sin una Fuerza Armada depurada y moralmente cohesionada desde la cabeza misma de la institución. Y esa cohesión no se impone. Se construye sobre legitimidad, sobre liderazgo moral y sobre confianza institucional. El control autoritario puede ofrecer resultados inmediatos, pero compromete la viabilidad del proceso en el mediano plazo. Una institución sometida puede obedecer, pero no necesariamente puede sostener un cambio adecuado al requerimiento de un país que espera mucha transformación de esta institución, ante la vorágine de percances que la condujo a ese estado degenerativo.
El riesgo, por tanto, no es inmediato ni necesariamente visible. Es más sutil. Es el de una estabilidad aparente que oculta una fragilidad estructural. Es el de una institución que funciona hacia afuera, de cara a lo que se pretende políticamente, pero se desgasta hacia adentro. Es el de una transición que, en lugar de abrirse, se repliega sobre mecanismos conocidos que horadaron la moral y ética del valor institucional. Y es, en última instancia, el de repetir el ciclo bajo nuevas condiciones, pero con la misma lógica de fondo y con el mismo objetivo enmascarado.
A la Fuerza Armada venezolana le corresponde, en este momento, un papel histórico. No como actor político, sino como soporte del orden constitucional que debe emerger. A sus hombres y mujeres, especialmente a aquellos que aún conservan una conciencia clara de su misión, les corresponde entender que la disciplina no puede ser excusa para renunciar al deber, y que la obediencia no puede sustituir la responsabilidad con la nación. La historia no juzga únicamente las acciones, sino también las omisiones en momentos decisivos.
A la sociedad venezolana, dentro y fuera del país, le corresponde comprender que el destino de la nación no se definirá únicamente en los espacios políticos visibles, sino también en la evolución interna de su institución armada. No toda la Fuerza Armada está perdida. No todo está decidido. Existen reservas, existen tensiones y existen posibilidades. Pero esas posibilidades dependen de que el proceso no se desvíe hacia un modelo donde el control represivo sustituya definitivamente a la legitimidad, para lo cual la sociedad venezolana debe hacer luces ante ello y emprender sobre la claridad de las acciones que repercuten sobre su existencia, plena de derechos y deberes ante la institución militar.
El nombramiento de Gustavo González López no cierra una etapa. La define. Define si el camino será el de la reconstrucción institucional o el de la profundización del control. Define si la transición será real o si se convertirá en una adaptación del mismo sistema bajo nuevas condiciones. Y define, en última instancia, si Venezuela avanzará hacia un Estado de derecho o permanecerá atrapada en una lógica donde el poder se impone, pero no se legitima.
Porque una transición no se construye sobre el miedo o el terror represivo, ni se sostiene sobre la vigilancia. Se construye sobre instituciones que creen en su deber. Y cuando el control reemplaza a la legitimidad, el orden puede imponerse por un tiempo.… pero el futuro comienza a fracturarse desde dentro. ¿O es que ese tiempo es buscado bajo objetivos de este poder en ser sostenido?
Conclusión en frases:
Cuando el control sin base moral sustituye a la legitimidad, es la misma encrucijada moral de la Fuerza Armada venezolana que se ha gestado hasta ahora. Imponer lo presente no es gobernar, es el riesgo de mayor fractura detrás del nuevo mando militar en Venezuela. Venezuela, la transición en riesgo cuando el control inmoral reemplaza a la institución. Entre el deber y la imposición, mayor fractura moral de la Fuerza Armada venezolana es la proyección más visible. Nadie, sin ascendiente moral por sus actos, podrá exigir obediencia y subordinación con lealtad suprema, por encima del valor y la ética militar por convicción. Este error ha de ser un Búmeran.
