La crisis política de Guatemala que provocó la salida del presidente Otto Pérez Molina, acorralado por acusaciones de corrupción, ha puesto de nuevo en el debate público, con enormes interrogantes, el millonario plan de ayuda de Estados Unidos a los países que integran el llamado Triángulo del Norte.
La Alianza para la Prosperidad es el apoyo financiero de 1.000 millones de dólares que Estados Unidos daría a Guatemala, Honduras y El Salvador para desalentar la inmigración ilegal por medio de programas que dinamicen el sector productivo, cree oportunidades de empleo, mejore la seguridad ciudadana y fortalezca instituciones de Estado.
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El presidente Barack Obama ya pidió dinero para esta cooperación al Congreso estadounidense, proyecto que aún no se discute y más bien entre los legisladores ya se levantaron voces señalando los constantes problemas de corrupción en América Central como argumento para boicotear la iniciativa.
Desde Washington, el legislador demócrata Eliot Engel, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, comprometió su esfuerzo para que el Congreso apruebe el plan.
“El apoyo del Congreso a las instituciones guatemaltecas es más crucial que nunca, y trabajaré con mis colegas en la Cámara de Representantes y el Senado para asegurar que los fondos previstos para apoyar el reino de la ley y el desarrollo en Guatemala sean aprobados”, manifestó Engel.
No obstante, analistas como Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, cree que la dimisión del presidente Pérez Molina “probablemente reforzará las dudas sobre si el dinero se utilizará de forma eficaz y prudente”.
“La crisis política en Guatemala no hará más fácil conseguir la aprobación del paquete de ayuda a Centroamérica por parte del Congreso”, dijo.
El Gobierno estadounidense expresó su felicitación “al pueblo de Guatemala y sus instituciones por la manera como ha manejado esta crisis” de la renuncia del Presidente.
“Es un momento en el que Guatemala puede dar muestras al mundo de su comportamiento democrático ejemplar, y es el momento para que todas las fuerzas políticas y sociales se sumen en un esfuerzo de fortalecer la institucionalidad democrática”, afirmó Josh Earnest, secretario de prensa de la Casa Blanca.
Sin duda, Estados Unidos ha jugado un papel fundamental en la crisis guatemalteca, incluyendo el respaldo que Washington ha dado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano independiente creado con el apoyo de la ONU, que actúa conjuntamente con la Fiscalía en las investigaciones judiciales y que el presidente Pérez Molina se oponía a renovar su presencia en Guatemala.
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En enero pasado Pérez Molina había dado por concluidas las labores de CICIG, cuyo mandato expiraba el próximo 15 de septiembre, declarando que “la fase de trabajo de CICIG ya terminó y lo que no pudo hacer en ocho años seguramente no lo va a poder hacer en uno o dos años más”.
Su período fue extendido hasta 2017 a regañadientes por el presidente. La CICIG y el Ministerio Público fueron los que destaparon cada escándalo de corrupción.
Analistas ubican al vicepresidente, Joe Biden, como la figura detrás de las presiones de Washington para combatir el escándalo aduanero guatemalteco, sobre todo al reafirmar a los mandatarios de Guatemala, El Salvador y Honduras; la importancia de este órgano investigador.
"La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debe ser prorrogada; claro que es una decisión soberana pero debe ser prorrogada si alguien espera que el congreso de EEUU se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares (…). La continuidad de CICIG es muy, muy, muy importante", dijo ante la prensa Biden, durante una visita en marzo a Centroamérica.
Desde el congreso de Estados Unidos, legisladores declararon a favor de la presencia del organismo de la ONU y además, el embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, ha manifestado públicamente el apoyo a CICIG y a las protestas contra la corrupción.
El apoyo estadounidense a los cambios a Guatemala, descansan propiamente en sus intereses, uno de ellos es disminuir la emigración ilegal a Estados Unidos, a causa principalmente de la criminalidad y la pobreza.
Es normal la participación de Estados Unidos en los procesos democráticos en Centroamérica. En el caso específico de Guatemala, Washington estuvo detrás del golpe de estado que derrocó al presidente Jacobo Árbenz en 1954 y también apoyó a la mayoría de los gobiernos militares que estuvieron en el poder hasta 1986.
Desde entonces, Estados Unidos interviene en defensa de la institucionalidad, como en el caso de la ahora exfiscal Claudia Paz y Paz y el juicio por genocidio en contra del expresidente Efraín Ríos Montt.
En el caso de Paz y Paz, el entonces embajador de Estados Unidos en Guatemala, Arnold Chacón, manifestó su apoyo a la funcionaria diciendo en un comunicado que "el pueblo guatemalteco merece a una Fiscal General con las cualidades indispensables de honestidad, valor, independencia y compromiso para terminar con la impunidad".
