ESPECIAL
Jorge Enrique Rodríguez
ESPECIAL
Jorge Enrique Rodríguez
MIAMI.- Suman más opositores cubanos que respaldan la carta dirigida a la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, donde le solicitan que les visite y les acompañe “en la difícil ruta de los derechos humanos en Cuba”, reseña un comunicado circulado este miércoles por una coalición de opositores al régimen de La Habana.
Los apoyos “1.081 nuevas firmapara que as, entre ellos de prominentes actores de la sociedad civil, recogidas dentro y fuera del país, y en la plataforma change.org, se agregan a las 627 primeras para ir construyendo un vigoroso espacio plural y transversal de cubanos que hacemos de los derechos humanos una plataforma compartida desde las diferencias”; puntualizó el comunicado.
Los gestores de este comunicado recordaron que “la buena gobernanza política exige una nítida coherencia entre la Constitución, el reconocimiento y la protección de derechos y garantías a los ciudadanos, y el conjunto de derechos humanos que constituye la premisa de aquellos”.
Por tanto, “el desafío en Cuba en esta materia sigue siendo simultáneamente histórico: si el gobierno tiene la cultura y capacidad para respetar sus propias leyes, si la Constitución y las leyes están concebidas y hechas para promover y respetar los derechos humanos, y si protege a todos o a un solo tipo de ciudadanos”; añadió el documento.
Más adelante en el comunicado se resalta que “los derechos humanos son la frontera más importante de la buena gobernanza política. Por eso un grupo de firmantes, además de proseguir en la recogida de firmas, desarrollaremos en el próximo mes de septiembre una jornada de conversación nacional sobre derechos humanos, siguiendo el modelo de democracia deliberativa, el más apropiado para una conversación plural que integre diferentes visiones”.
Al respecto, el documento amplía que a pesar de que el sujeto explícito de la Constitución y de las leyes en Cuba es la persona o el ciudadano, “las autoridades continúan estableciendo una distinción y discriminación anticonstitucional entre revolucionarios y el resto de los cubanos, lo que sigue colocando el discurso y la acción políticos del gobierno, tal y como ha venido sucediendo desde 1959, al margen de toda la arquitectura constitucional”.
La jornada de conversación nacional, que tendría como tema central La Ley Fundamental, derechos y garantías constitucionales y los derechos humanos, se estará desarrollando “durante cinco días y de allí saldrá un Informe Ejecutivo de Sensibilización que será dirigido a la Alta Comisionada, sobre el comportamiento de los derechos humanos, en contraste y dentro de la perspectiva constitucional, en diferentes ámbitos de la sociedad cubana”; puntualizó el comunicado.
El pasado 17 de julio, bajo el nombre Cuba le espera, la coalición opositora habría dirigido a Michelle Bachelet una carta abierta donde se denunciaba “la sistemática violación del Artículo 52 de la Constitución cubana, que respalda y garantiza la libertad de movimiento de los cubanos dentro, hacia y fuera de Cuba”.
En aquella misiva los firmantes, “como ciudadanos y miembros de la sociedad civil”, solicitaban a la Alta Comisionada una visita a Cuba y a que, “como expresó e hizo en el caso de Venezuela, tome contacto con todos los sectores de la sociedad, en especial con los más vulnerables, en un esfuerzo que tuvo un buen precedente en el año 1988, cuando una delegación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas visitó nuestro país”.
El pasado 1 de agosto, en un artículo publicado por el diario oficialista Granma, el régimen de La Habana habría llamado “mercenarios por vocación” y “personajes de poca monta” a más de los seiscientos ciudadanos que habían firmado la carta. El texto de Granma –órgano oficial del Partido Comunista– añadía que informes como el de Bachelet sobre Venezuela “vienen con guion y redacción del Departamento de Estado estadounidense”.
Hasta el momento, el régimen de La Habana no ha emitido declaraciones oficiales respecto a si recibirá en la isla a la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.