La mortalidad y el rechazo de órganos por ausencia de inmunospresores en Venezuela, frente a una escasez que ronda el 90% de medicamentos, en un contexto de emergencia humanitaria escala proporciones inéditas en el país. Durante los primeros tres meses del 2018 se han reportado 64 rechazos agudos de injerto (órgano), 60% de ellos ya lo han perdido y deben volver al tratamiento permanente de la diálisis, de acuerdo al censo realizado por la Coalición de Organizaciones por el derecho a la salud y la vida (Codevida) en los centros de trasplante del país.
Pero lo más dramático es que están muriendo paulatinamente los trasplantados sin que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) organismo encargado de suministrar los medicamentos de alto costo a las 300.000 personas con condiciones crónicas de salud, incluyendo a los 3.500 trasplantados, compre los tratamientos para esta población vulnerable.
Marta Solórzano de 50 años y Luz Marina Fuente de 40 años murieron el 4 y 13 de marzo respectivamente, sus testimonios fueron recabados y difundidos por Codevida para denunciar el deterioro de su salud ante la imposibilidad de cumplir con el tratamiento que evita el rechazo de órgano, sin imaginar que 24 horas después de grabarlas fallecerían.
Sus casos no son aislados, ya en el último trimestre del 2017 la situación estaba empeorando. En ese periodo dos mujeres fallecieron por ausencia de sus tratamientos: Yamilexi Reyes falleció el 8 de noviembre, luego de estar 15 días en diálisis para revertir el daño a su órgano pero ya presentaba un rechazo crónico, mientras que Belkys Solórzano con 13 años de trasplantada murió el 13 de noviembre por dejar de tomarse su tratamiento durante tres meses.
Existe tres tipos de rechazo: el agudo o celular que puede revertirse si se trata a tiempo, éste no guarda relación con la mortalidad de los trasplantados pero sí con la morbilidad; el hiperagudo tiene como consecuencia la destrucción del injerto, que generalmente está atado a la falla primario del injerto y no a la medicación que toma la persona, y el crónico en donde existe un cuadro clínico irreversible por las alteraciones bioquímicas del organismo que puede causar la muerte si no se hace un retrasplante a corto plazo.
Kelsy Rodríguez es de San Cristóbal, estado Táchira, recibió una donación de órgano hace cuatro años. Ha comenzado a ser dializada luego de que presentara rechazo agudo por falta de medicamentos. “Me urgen los medicamentos Myfortic, y Prednisona les pido que me ayuden porque no tengo los recursos para viajar (al exterior a conseguir el tratamiento)“.
Francisco Valencia, director de Codevida, advierte que los reportes que recibe sobre los rechazos de órganos son interdiarios. “Cada dos días un venezolano trasplantado rechaza su órgano“.
El 1,8% de los 3.500 trasplantados que viven en el país ya están en riesgo inminente ante el rechazo que su sistema inmunológico ha generado a su órgano donado. De no poder evitar la perdida del órgano se sumaran a la lista de 16.000 personas con daños renales que deben aplicarse diálisis semanalmente para purificar su sangre.
Roselyn Jiménez recibió una donación de trasplante renal hace diez años y actualmente presenta rechazo renal, está siendo dializada para evitar la perdida del órgano, pero denuncia que en los centros de diálisis también escasean los insumos. Ha tratado de hablar con todas las autoridades (presidente del IVSS, ministro de Salud y el presidente Nicolás Maduro) pero ninguno le ha dado respuestas ni apoyo sobre su situación así como la del resto de los trasplantados.
En seis estados ha habido reportes de rechazos
De acuerdo al censo de Codevida en el Distrito Capital (Caracas y estado Miranda) es donde más reportes de rechazos de órgano se han presentado con 38 casos en cuatro hospitales: 22 en el Universitario de Caracas, 12 en el Miguel Pérez Carreño, dos en el Militar y en el Centro de trasplantes privados, cada uno.
En el estado Lara en el hospital Pastor Oropeza ha habido 12 rechazos; en el hospital Jesús Casal Ramos de Portuguesa ha habido cinco; en el Hospital Central de Táchira yen el Hospital Universitario de Los Andes en Mérida, cuatro en cada uno, mientras que en el Hospital Los Samanes, de Aragua hay un caso.
Luz Marina Cañizales fue trasplantada en marzo de 2002, desde diciembre de 2017 presenta rechazo agudo por falta de medicamentos. “Tengo más de tres meses sin tomar mis inmunosupresores, en el Seguro Social no hay. Me están haciendo diálisis, necesito ayuda urgente para conseguir el medicamento (Ciclosporina de 50mg Cellcept de 500 mg y Prednisona de 10 mg). Estoy desesperada, no quiero volver a perder mi riñón“.
Para evitar un rechazo de órgano todo trasplantado tiene que tomar un tratamiento de inmunosupresores de por vida para que disminuyan las defensas que cada organismo genera de forma natural , y así evitar riesgos asociados a contraer infecciones.
Cuando un trasplantado presenta un rechazo se pueden revertir los efectos con dosis de Timoglobulina y Solumedrol pero estos medicamentos escasean en el país.
Aunque no existe un tiempo estándar en el que el órgano empieza a fallar por no tomar el medicamento, la ausencia de la dosis recomendada por el médico tratante genera afectaciones a la calidad de vida de los trasplantados, que dependerá de las defensas de cada organismo.
Para Valencia lo que ocurre se resumen en que “el Estado venezolano está condenando a muerte a los 3.500 trasplantados, el Gobierno ha dejado de garantizar el acceso a los medicamentos para evitar el rechazo del órgano, a pesar de que es su obligación garantizar el derecho de todos los venezolanos“, señala.
Ante la desesperación de los trasplantados la organización no gubernamental Amigos Trasplantados ha establecido alianzas con sectores internacionales que les ha permitido traer inmunosupresores para donarlos a quienes están presentando rechazo o tienen condiciones socioeconómicas más vulnerables, ya han entregado donativos en 12 entidades del país: Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Guárico, Mérida, Monagas, Sucre, Táchira, Yaracuy, y Zulia pero no están en capacidad de atender la demanda de los 3.500 trasplantados por lo que exhortan a las autoridades a abastecer al Seguro Social para que cumpla con sus responsabilidades en materia del derecho a la salud.
