Cuba: Activistas lanzan petición de justicia para los manifestantes del 11J 

Publicado a un mes de estos sucesos, en la plataforma Change.org, el documento expone que en Cuba, durante los últimos 63 años, quienes han disentido del Estado han sido repudiados y condenados a persecución, acoso, amenaza y reclusión penitenciaria bajo supuestos delitos comunes. “El ejercicio de las libertades de expresión, de reunión, de asociación y de manifestación está limitado por políticas discriminatorias que, desde la misma Carta Magna, anteponen la defensa del Estado al respeto de los derechos humanos y civiles”, se lee en el texto, presentado como declaración bajo la observación de Naciones Unidas; Amnistía Internacional; Human Rights Watch; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Precisa además que la práctica represiva y la violación de los derechos más elementales se ha agudizado en los últimos meses, a raíz de la crisis sistémica que atraviesa el país. Destaca que la emergencia sanitaria y social desencadenó el pasado 11 de julio una manifestación general de carácter pacífico que, a su vez, tuvo como respuesta gubernamental la más grande ola represiva reportada en el país durante las dos últimas décadas.

En ese entorno, la petición de justicia responde a la escalada de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones en las garantías del debido proceso de los acusados. “Nuestro trabajo colaborativo ha podido dar cuenta de, al menos, 813 personas detenidas o desaparecidas (entre ellos, hay 33 menores de 18 años o que tienen 18 años cumplidos), así como informaciones y estadísticas”, transparenta el documento, con un respaldo en una base de datos pública.

Las voluntarias a cargo de la petición —que firman desde La Habana, Miami, Maryland, Hartford, y Valencia— se amparan en varios artículos de la Constitución de la República de Cuba de 2019. Igualmente, hallan respaldo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por Cuba en 2008; la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, firmada por Cuba en 2007 y ratificada en 2009; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada por Cuba en 1986 y ratificada en 1995; y la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por Cuba en 1991 y ratificada en 1992.

En ese sentido solicitan:

1) Información relativa al número de personas que han sido detenidas desde el 11 de julio, como consecuencia de las protestas en todo el país. Ello incluye el desglose por género o sexo del número de personas que, hasta la fecha, han sido puestas en libertad, y de las que permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación; así como la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas, y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país;

2) Transparencia en los procesos legales y acceso a los registros de carácter público de los centros penitenciarios y del Tribunal Supremo, así como los tribunales provinciales y municipales;

3) Iniciar de oficio procedimientos de revisión en aquellos que ya han recibido sentencia y/o confirmación de las apelaciones;

4) Archivo definitivo con carácter inmediato de todos los expedientes o las investigaciones abiertos contra personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio y los días posteriores, incluso de aquellas con procesos abiertos por actos supuestamente violentos, sobre la base de que los manifestantes no cometieron delito, sino que reaccionaron en legítima defensa a la orden de combate dada por el presidente;

5) “sobreseimiento libre y total con carácter inmediato de todos los procesos que estén en manos de la Fiscalía, así como de los casos que ya fueron presentados por la Fiscalía al tribunal, sin que se haya efectuado juicio;

6) Sobreseimiento libre y total o indulto para las 152 personas declaradas por Prisoners Defenders como presos y condenados políticos en su informe del 1 de julio.

Solicitan además, con el objetivo de establecer garantías para la restauración de derechos y la no repetición de estas violaciones: 7) La aprobación inmediata del Decreto Ley sobre el derecho a la reunión y manifestación incluido en el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular para el año 2021, con un marco que regule y no penalice este derecho, en consonancia con las cartas y los tratados internacionales de los que el estado cubano es signatario; 8) Como consecuencia, la derogación de los artículos 208 y 209 de la Ley No. 62, Código Penal. Estos tipifican delitos en torno a las “ASOCIACIONES, REUNIONES Y MANIFESTACIONES ILÍCITAS”.

Como noveno punto piden “la aprobación inmediata de la Ley de Reclamación de Derechos Constitucionales ante Tribunales incluida en el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular para el año 2021, en consonancia con las cartas y tratados internacionales de los que el estado cubano es signatario”.

El décimo es “la aprobación inmediata de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información incluida en el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular para el año 2021, en consonancia con las cartas y tratados internacionales de los que el estado cubano es signatario”.

Los siguientes tres puntos están dedicados, respectivamente, al tratamiento de los menores, el ingreso al de organizaciones internacionales observadoras, y una disculpa pública del presidente: 11) El ofrecimiento a los menores de edad, con posterioridad a la medida de restitución de libertad que corresponda, de acompañamiento psicológico y garantías que velen por su sana incorporación a los espacios de pertenencia (centro de estudio o de trabajo); 12) El ingreso de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con intención de que puedan inspeccionar el estado de los centros de reclusión de todo el país; 13) Una disculpa pública y el reconocimiento por parte del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de que la detención de estas personas estuvo motivada por la práctica sistemática del estado cubano de violar el principio de igualdad al criminalizar el derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, de los sectores de la sociedad críticos a su administración.

Este documento supone la redacción inmediata de una propuesta de Ley de Amnistía que recoja las demandas detalladas en los seis primeros puntos y la creación inmediata de una articulación ciudadana para la incidencia política sobre las y los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para la aprobación de dicha Ley de Amnistía, reconociendo esa instancia como “el órgano supremo del poder del Estado” que “representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo y es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República”.

Supone igualmente la creación inmediata de una articulación ciudadana para promover la creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación, con el propósito de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de incitar y ejercer de forma excesiva la violencia, del uso de la fuerza y las armas de fuego, así como de la práctica de desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el contexto de las protestas del 11J y la oleada represiva de las semanas siguientes; así como la creación inmediata de una red ciudadana para ofrecer ayuda material y acompañamiento emocional a las familias de las víctimas de la represión.

Insisten en que sean escuchadas estas demandas, en representación de las familias y la sociedad civil, según se han manifestado ante las instancias oficiales y en las distintas plataformas de redes sociales. Y desde esta declaración exhortan a las familias a que sean constantes en la denuncia de los casos, partiendo del hecho comprobado de que visibilizar ha significado proteger.

Por último, las firmantes iniciales hacen un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos y de protección a periodistas y activistas que velen por la seguridad de quienes, tanto dentro como fuera de Cuba, por su marcada posición de denuncia, puedan ser objeto de la violencia, el hostigamiento y la represión de las instancias estatales y gubernamentales cubanas. Todo esto bajo un lema: “Nuestros presos políticos no están solos. Exigimos justicia para los cubanos”.