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MIAMI/ESPECIAL.-Para finales de 2020, organizaciones dedicadas a la promoción de la democracia y los derechos humanos reportaban la cifra de 134 presos y condenados por motivos políticos en Cuba. Un año después, en el país caribeño hay cientos de personas privadas de su libertad por no comulgar con el régimen “socialista”. Las elevadas cifras emergen casi en su totalidad del estallido social del 11 de julio de 2021, cuando residentes de la mayoría de las provincias se lanzaron a las calles con reclamos heterogéneos bajo un común denominador: pedían “cambios”.

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Eran momentos en que la etiqueta #SOSCuba se había vuelto viral en redes sociales debido al activismo ciudadano y a la solidaridad de decenas de personalidades internacionales como la exestrella porno Mia Khalifa, quien llegó a dar los “buenos días” a todos excepto al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Se vivió también, por esas fechas de julio, la desesperación por la escasez de oxígeno para tratar a pacientes de COVID-19, el retorno de los apagones de fin de siglo, la falta de medicamentos y alimentos básicos, así como productos de primera necesidad.

Por acumulación —no de un año sino de 62—, los cubanos llegaron a las calles. Hicieron suyo el lema ‘Patria y vida’ de la canción homónima, y por unos días la esperanza volvió a la nación y no dejó indiferente al exilio. Los manifestantes demostraron que no era imposible gritar Libertad frente a los ojos del poder. Sobre todo, si el símbolo de ese reclamo es una anciana con un cubierto, golpeando una cazuela vacía. La “abuelita” cubana, como muchos empezaron a llamarla, se convirtió en un ícono de la resistencia y del estallido social. Su imagen recorrió pantallas y quedó grabada no solo en un mural de la Calle 8 en Miami, sino también en cada uno de sus coterráneos.

Del orgullo a la indignación

Los sentimientos, a lo largo de estos meses, han ido mutando. El orgullo inicial y la esperanza de cambio que suscitaron las protestas, tomaron forma de indignación por las severas condenas que imponen los órganos de justicia cubanos a los manifestantes. Pocos días después de las protestas comenzaron las detenciones y los juicios sumarios colectivos en los que fueron sentenciadas al menos 67 personas según admitió el Ministerio de Justicia (MINJUS). Fueron juicios colectivos (con o sin abogados defensores) en los que las penas de cárcel varían entre 8 y 12 meses. A medida que han pasado los meses, otros manifestantes han sido enjuiciados por la vía ordinaria en tribunales municipales.

Mientras los meses anteriores transcurrieron en espera de juicios a unos 800 manifestantes, diciembre ha venido a sustituir la pausa por la prisa en los tribunales. En la semana laborable del 13 al 17 de diciembre, de acuerdo con la plataforma Justicia 11-J —de documentación de presos políticos— dieron curso a juicios contra manifestantes del 11 y del 12 de julio, a los que la Fiscalía ha llegado a pedir hasta 27 años de privación de libertad. Si bien algunos familiares fueron notificados con muy poca antelación, la plataforma investigó que estaban previstos al menos 8 juicios a alrededor de 100 manifestantes del 11-J en varias provincias del país, que se suman a las otras 37 personas sancionadas en juicios ordinarios en semanas previas.

Más juicios antes de Navidad

Hasta ahora, aunque el MINJUS admite 67, Justicia 11-J ha documentado la ejecución de 46 procesos judiciales sumarios, y de juicios ordinarios a 204 personas. Al menos otras 204 personas tienen peticiones fiscales en espera de juicio. Antes de Navidad, durante la semana del 20 al 24 de diciembre, documentan 8 juicios a unos 55 manifestantes del 11J en varias provincias del país, sumándose a los 108 juzgados la semana pasada. “Entre los delitos que se imputan están instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, denegación de auxilio, desobediencia, resistencia, evasión de presos y detenidos, y daños. Continúan los juicios por el delito (contra la Seguridad del Estado) de sedición”, expone la plataforma y precisa que además serán juzgados esta semana, sin relación con las protestas del 11J, los activistas y exprisioneros políticos Tony Salazar Deulofeo y Carlos Álvarez Rojas.

Asimismo, el Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, D.C. alertó en un comunicado que la vida del activista Demis Valdés Sarduy corre peligro tras declararse en huelga de hambre desde hace más de una semana exigiendo atención médica. Valdés Sarduy participó en las protestas del 11 de julio de 2021 en el municipio Placetas, Villa Clara, en el centro de la isla, y fue detenido el 18 de julio en el Hospital de Placetas donde se encontraba con su hijo enfermo. Fue trasladado a la Prisión La Pendiente, ubicada en Santa Clara, donde lo mantuvieron incomunicado. La vista oral del juicio de los procesados por las protestas del 11J ocurrió los días 15, 16 y 17 de diciembre en la ciudad de Placetas.

Reclamos y huelga

El reclamo de este centro busca que “las organizaciones de derechos humanos” y “los gobiernos libres del mundo” intercedan “ante el régimen de La Habana por la vida de Valdés Sarduy”, quien “padece estrechez de la uretra y tiene un marcapaso que debieron reprogramarle desde mucho antes de ir a prisión”.

“A modo de protesta mantiene una huelga de hambre a tal punto que en la vista oral se desmayó y lo retiraron una hora de la sala. El abogado solicitó un cambio de medida, pero no hay respuesta al mismo”, explicó desde Cuba Librado Linares García, líder del Movimiento Cubano Reflexión, quien agregó que al activista se le impide hablar por teléfono con su esposa.

Esta organización declaró que durante el mes de diciembre “se comenzaron a acelerar los juicios, luego se interrumpieron y comenzaron de nuevo”. Para un juicio celebrado el 14 de diciembre en el Tribunal de Juan Delgado y Carmen, en el municipio 10 de Octubre, La Habana (correspondiente a la Sala de la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial), “según fuimos informados, se sacaron los presos de madrugada, vestidos de civil, la casi totalidad de ellos eran de [la prisión] Combinado del Este, [en el este de la capital], y vinculados a los sucesos del 12 de julio en [el barrio habanero] La Güinera, las peticiones fiscales estaban entre 15 y 30 años de privación de libertad”.

En el mismo tribunal intentó testificar Aldo Delgado, familiar del manifestante cubano-canadiense Luis Compte, a quien le piden 24 años de cárcel. Contra toda lógica, Delgado fue detenido en el juicio. Nadie está a salvo en la repartición de sanciones que dirige el Estado cubano.

Con más de 1.300 personas en un listado de detenidos creado por iniciativa ciudadana —700 de ellas presas al día de hoy—, el gobierno se sigue mostrando tal cual es: impiadoso, conservador, atascado en rígidos y viejos esquemas sin cabida para el disenso ciudadano. Tan centrado está en perpetuarse en el poder, que se torna ciego y sordo ante la realidad espeluznante de mantener en sus cárceles, como parte de la alta cifra de presos políticos, a menores de edad. Diversas organizaciones y personas dentro y fuera de Cuba se han pronunciado por su liberación. Sin embargo, para los presos políticos, sean jóvenes o adultos, no parece haber amnistía en el horizonte.

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