Durante los últimos meses en Cuba, varios activistas, artistas y periodistas independientes han sido empujados al exilio sin posibilidad de retorno a corto o mediano plazo, por lo que abogados como Eloy Viera no han dudado en llamar destierro a estas operaciones de la Seguridad del Estado y la maquinaria política a la cual sustenta.
A cambio de su libertad, y en algunos casos sin las garantías mínimas para realizar una migración regular y segura, al menos 10 jóvenes han sido expulsados del territorio donde nacieron. Si bien no es una práctica nueva, en los últimos meses los destierros se han visibilizado más que en otras etapas. En esto ha influido el liderazgo asumido en la lucha por la democracia por parte de quienes se han convertido luego en expatriados, así como la exposición directa de sus casos en redes sociales.
Para comprender las dimensiones de este fenómeno, habría que situar en el mapamundi el rostro de cada cubano que en el último año ha sido despojado, de una manera u otra, de su derecho a permanecer en territorio nacional debido a su protagonismo como activista.
Caso notable
Uno de los casos más mediáticos en este sentido fue el de la periodista Karla María Pérez, quien quedó varada en Panamá luego de que las autoridades de Cuba le impidieron entrar a la isla, se vio obligada a solicitar refugio político en Costa Rica, por razones políticas y no por incumplimiento de algún requisito legal.
Llevaba cuatro años en Costa Rica —separada de sus padres— y al concluir sus estudios en la Universidad Latina de ese país, Pérez planificó volver a la isla para reunirse con su familia y seguir trabajando como reportera. Sin embargo, en el aeropuerto de Tocumen —donde hizo una escala antes de aterrizar en La Habana—, supo mediante un audio enviado a los directivos de Copa Airlines, que no podía regresar a Cuba. O eso le advirtió un funcionario del régimen a la periodista de 22 años que había sido expulsada de la Universidad Central de Las Villas por ser miembro de la organización opositora Somos Más. Perez denunció que cuando le informaron la restricción de entrada a la isla, ya ella había desembolsado una importante suma de dinero para pagar un hotel donde hospedarse y pasar la cuarentena por el COVID-19 que exigía en MINSAP (Ministerio de Salud Pública de Cuba).
Meses después, el 25 de septiembre de 2021 el artista cubano Hamlet Lavastida, que de regreso a La Habana desde Europa del Este había sido detenido y conducido a Villa Marista (sede de la Seguridad del Estado), fue excarcelado y forzado a abandonar la isla con destino a Polonia. Cumplió más de tres meses de privación de libertad sometido a interrogatorios en Villa Marista. Lavastida viajó junto a su novia, la poeta y activista Katherine Bisquet, a quien le impusieron el exilio de ambos como condición para la liberación de este —según denunció.
El más polémico
Al transcurso de casi dos meses, el actor y dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, hasta entonces líder de la plataforma Archipiélago y promotor de la Marcha Cívica por el Cambio planificada para el 15 de noviembre, viajó a España con su esposa, la productora Dayana Prieto. El 17 de noviembre Europa Press señaló que según "fuentes gubernamentales" García había aterrizado en Madrid, tras haber solicitado un visado de turista y tomado un vuelo comercial. Este caso resultó polémico debido a la activa participación del dramaturgo en la planificación estratégica del 15N en contraste con su apresurado exilio, en un contexto en que sus compañeros de Archipiélago lo daban por desaparecido. En declaraciones posteriores afirmó que se encontraba asediado por la Seguridad del Estado, con peligro inminente de cárcel, y tomó, bajo presión, la decisión de marcharse de Cuba.
Los siguientes en la cruzada de los destierros fueron los reporteros y activistas cubanos Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, quienes aún se encuentran en una difícil situación migratoria en México, tras haber sido expulsados de Cuba a principios de enero último. De acuerdo con sus declaraciones, ambos reporteros fueron forzados por el régimen cubano a exiliarse, como condición para liberar de prisión a Rodríguez, quien había sido encarcelado el 30 de abril de 2021 por participar en una manifestación pacífica en la calle Obispo, en La Habana. Inicialmente en El Salvador iban a pedir asilo, pero se trasladaron hasta México y, una vez allí, Valdés Cocho denunció que lo asaltaron y perdió su documentación. Líderes de opinión salieron en defensa de los reporteros y la profesora Mabel Cuesta inició una recaudación de fondos para ellos, con el fin de que continuaran su proceso migratorio.
Muy poco tiempo después, al término del enjuiciamiento de los 33 manifestantes del 11 de julio en la barriada de Toyo, en La Habana, la defensora de derechos humanos y civiles Carolina Barrero confirmó en Madrid que justo a finales de enero de 2022 el régimen le dio un plazo de 48 horas para salir de Cuba. De lo contrario, dice la activista, arrestarían a los demás activistas y madres de los presos políticos del 11 de julio que estuvieron ante el Tribunal del municipio habanero de 10 de Octubre el 31 de enero pidiendo la liberación de sus hijos. Además, dijo, su permanencia en la isla retrasaría aún más el pedido para atender la salud del rapero Maykel Osorbo, del Movimiento San Isidro, todavía en prisión.
A la boca del lobo
Asimismo, a finales de febrero el abogado Fernando Almeyda, uno de los fundadores de la plataforma Archipiélago y promotores de la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre de 2021 (15N) salió de Cuba tras padecer la represión de la Seguridad del Estado bajo la cual vivía, según dijo a medios independientes, al tiempo que destacó que eventualmente enfrentaría el exilio o la cárcel, y decidió optar por lo primero. El abogado se encuentra en Serbia, en los límites de una Europa del Este en conflicto bélico tras la invasión de Rusia a Ucrania.
Lo descrito por las personas en situación de destierro tiene en común el modo de actuación: la persuasión e intimidación a unos para lograr la salida de otros y de ellos mismos en tanto le resultan incómodos al poder. Sin embargo, esta narrativa tuvo un vuelco de tuerca cuando a mediados de febrero la activista Anamely Ramos intentó viajar desde Miami a La Habana. La también historiadora del arte y profesora y activista trató el miércoles 16 de febrero de subir a un vuelo de American Airlines (AA) para volar de regreso a Cuba, pero al acercarse para chequear su boleto, fue informada de que no podría volver. Ella, que ha desplegado un intenso activismo para denunciar violaciones de derechos humanos, decidió acampar en espacios públicos de Miami y continuar reclamando su derecho a regresar al país, único en el que posee residencia legal, además de la ciudadanía.
Derecho a regresar
Once días más tarde del primer intento y tras realizar actos de protesta civil frente a la aerolínea AA, el gobierno cubano le negó nuevamente a Ramos la entrada a la isla. En una directa transmitida por Facebook desde el restaurante Versailles, en Miami, la joven cubana reveló que AA recibió una indicación de La Habana para impedir que ella abordara el avión. Se trata de una “recomendación”, dijo, pero en realidad por el lenguaje que acostumbra a usar “Cuba”, es una prohibición. Esto demuestra que el régimen manipula y utiliza a American Airlines para violentar a activistas y opositores, señaló, al tiempo que se mantuvo firme con los lemas: “derecho a regresar” y “las fronteras de Cuba no pueden estar en las puertas de American Airlines”.
Sea cual sea el desenlace de esta historia, algo ya ha logrado: mover los límites del discurso y de lo que se normaliza debido a prácticas sistemáticas que a su vez, en los últimos años, se han amparado en un marco regulatorio arbitrario. La Ley de Migración cubana en su artículo 24.1 indica que, a los efectos de la entrada al territorio nacional, resulta inadmisible toda persona que: tenga antecedentes de actividades terroristas, tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas u otras perseguibles; esté vinculado con hechos contra la humanidad, la dignidad humana, la salud colectiva o perseguibles en virtud de tratados internacionales de los que Cuba es parte; organice, estimule, realice o participe en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano. También, se impide el retorno cuando “razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen”; se tenga “prohibida su entrada al país, por estar declarado indeseable” o “incumpla las regulaciones de la Ley de Migración, su Reglamento y las disposiciones complementarias para la entrada al país”.
