GINEBRA.- Durante esta semana en Ginebra, el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas abrió el análisis sobre la situación en Cuba en torno a las medidas adoptadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar íntegramente a las víctimas de la tortura caso de Cuba.

Esta revisión se enmarca en el 73 período de sesiones del mencionado comité, los días 20, 21 y 22 de abril de 2022. En reuniones efectuadas el martes 20 y el miércoles 21, los expertos del CAT dialogaron sobre la base de dos informes alternativos al presentado de manera oficial por Cuba. Uno fue preparado por la organización Prisoners Defenders y el otro por una coalición de organizaciones independientes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en Cuba, con el apoyo de organizaciones internacionales de derechos humanos.

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El informe de la coalición busca, de acuerdo con sus autores, visibilizar la situación de los derechos humanos en la isla, a partir de las obligaciones asumidas por el Estado cubano al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. En particular, denuncia la violencia estatal desplegada desde las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en la isla.

Asimismo, el documento suscrito por Prisoners Defenders ofrece testimonios sobre las condiciones de las prisiones en Cuba, cálculos en torno a la población penal y los métodos que presuntamente se emplean para coaccionar a las personas en detención con el objetivo de extraer información.

La revisión del CAT es una de las pocas realizadas por los órganos de tratados de la ONU en la isla, en tanto Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Como parte de este examen a Cuba en el que la representación estatal alegó que “en Cuba no se practican detenciones arbitrarias, no se producen allanamientos ni hostigamiento a defensores de derechos humanos”, los expertos del CAT sugirieron al Estado parte poner fin a las detenciones arbitrarias y de corta duración y no faltar al principio de respeto de derechos a la libre expresión, reunión y asociación; dar datos sobre los penales, su ubicación y características, y de las personas en reclusión; crear un mecanismo nacional independiente para visitar penales, al igual que implementar medidas para asignar un mayor presupuesto a la mejora de las condiciones de las cárceles.

Entre las preocupaciones expresadas por el comité a los representantes de Cuba en Ginebra estuvieron además “la descalificación automática (por parte de representantes del régimen) de toda voz distinta y la deslegitimación de defensores de derechos humanos”, a lo que añadieron la petición de proscribir la pena de muerte, calificada como una de las violaciones más graves de derechos humanos. Este asunto, destacaron los expertos, no está sujeto a consenso sino que es una cuestión de principios para el comité, el cual pidió además transparencia en torno a la cantidad de personas en detención, cuántas fueron sancionadas y cómo se distinguen, por ejemplo, los acusados de sedición de los que se manifestaron pacíficamente.

En cambio, la intervención gubernamental atribuyó las protestas a una presunta manipulación mediática promovida por lo que aseguran son “laboratorios” en Estados Unidos y negó las evidencias de coacción y represión estatal. No obstante, el Comité enfatizó que varios delitos contra la seguridad del estado son tipos penales vagos que abren la puerta a decisiones arbitrarias.

Organizaciones no gubernamentales

Justicia 11J (Grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos), Cubalex (que ofrece acompañamiento y asesoría legal gratuita a las víctimas de abusos y a sus familiares) y otras 13 organizaciones cubanas e internacionales destacaron como parte de su informe que CAT, en sus observaciones finales de 1997 y de 2012, recomendó a Cuba que tipificara el delito de tortura y velara porque este delito fuese castigado con penas adecuadas.

La tipificación explícita de ese delito, no incluido dentro del actual Código Penal —vigente desde 1987, con varias modificaciones hasta hoy—, ha sido una de las novedades del anteproyecto del Código Penal (CP) que, de aprobarse, deberá entrar en vigor en abril de 2022.

Sin embargo, la coalición advierte que el anteproyecto considera tortura “los maltratos cometidos por funcionarios públicos, sus agentes o auxiliares o si el hecho ocurre a instigación suya o con su consentimiento”, en tanto “no incluye los supuestos en que el maltrato sea cometido por otra persona en el ejercicio de funciones públicas, sino que lo limita a funcionarios públicos”.

“En este sentido, se debería incluir los supuestos relativos a que el maltrato sea cometido por otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento”, detalla el informe.

El grupo Justicia 11J recordó que, en el contexto de las protestas de julio, un policía mató de un disparo por la espalda al civil Diubis Laurencio, en tanto otros manifestantes, incluido un menor, de 16 años, fueron heridos de bala; y un número aún no contabilizado de personas sufrió algún tipo de lesiones”.

Añadió que la violencia ejercida por parte de agentes del Estado no ha sido exclusiva del momento de la detención: “varias personas excarceladas, o en detención, mediante distintas vías de comunicación, han denunciado golpizas, pases de corriente, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual, uso de canes para amedrentar, interrupción del sueño, aislamiento en celdas oscuras, los cuales tipifican como tortura y malos tratos, según la Convención”.

Las organizaciones se refirieron a la documentación que han realizado en temas como el acceso oportuno a servicios de salud, alimentación e higiene en prisión, que no pocas veces habría sido negado a reclusos, quienes además de exponerse a enfermedades (al menos 35 manifestantes han contraído COVID, otros reportan dengue, hepatitis y escabiosis en prisión, en tanto se han indicado padecimientos como hipertensión, otitis y, en el orden de la salud mental, depresión, esquizofrenia y otras catalizadoras del intento de suicidio), según testimonios viven en hacinamiento, rodeados de moho y dependiendo de comidas de mala calidad y agua “imbebible”.

Además, quedó resaltado por el CAT, como circunstancia preocupante, el exilio forzado de opositores, difícil de cuantificar, pero visible gracias a testimonios como el de Carolina Barrero que contiene elementos fácticos.

Luego de horas de discusión en las que se mencionó a Cuba como un pequeño estado pobre y “bloqueado” por Estados Unidos, el CAT reconoció y manifestó ante el representante diplomático de La Habana en Ginebra que Cuba tiene “desafíos propios” que corresponde al Estado y al pueblo cubano resolver para proporcionar un “mejor futuro”.

La sesión del jueves 21 de abril fue levantada y la del viernes 22 de abril se reprogramó para el día 29, fecha en que según la parte estatal cubana va a estar en Ginebra una delegación oficial con integrantes del Ministerio del Interior, del de Justicia y otros.

Informe

Olga Guzmán Vergara, consejera de Derechos Humanos para América Latina de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), explicó que las organizaciones de carácter civil tanto nacional como internacional presentaron un informe alternativo al Comité, que revisó el tercer informe de Cuba.

El Comité Contra la Tortura es un organismo de Naciones Unidas, cuya función es revisar que los Estados partes como es Cuba implemente las decisiones de la Convención.

En este sentido, el informe presentado, elaborado por las organizaciones de la sociedad civil "presentaron información fidedigna sobre la comisión de este grave delito particularmente en centros de detención, pero también se presento información sobre la detención arbitraria en contra de opositores políticos, personas defensoras de derechos humanos y manifestantes particularmente en los contextos de las protestas del año pasado de 2021, en julio y noviembre".

Guzmán dijo que el informe fue sustentado por las organizaciones en una sesión en Ginebra, cuyos representantes participaron de forma presencial y otras de manera virtual.

"Durante esta sesión el comité escuchó atentamente las preocupaciones planteadas por las organizaciones, hicieron preguntas muy particulares respecto a la información presentada en el informe y mostraron interés y también inquietud sobre la cifra de presos políticos por las condiciones de detención y por la falta de independencia de los jueces y abogados en la isla y en ese sentido el comité inició un diálogo constructivo con el Estado al que se presentó el embajador de Cuba en Ginebra y se plantearon una serie de preguntas relacionados a los centros de detención, las personas refugiadas con necesidad de protección internacional, relacionados a la salvaguardia legales cuando las personas son detenidas y el diálogo continuará en la próxima semana el viernes 29 de abril a solicitud expresa que hizo la delegación cubana de poder participar de forma presencial", acotó Guzmán Vergara.

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