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@cabezamestiza

MIAMI.- Tras las investigaciones abiertas en torno a las protestas del 11 de julio, y debido la participación protagónica que le atribuyen a José Ángel Cuba, de solo 21 años, el joven podría ser condenado a 16 años de privación de libertad si se ratifica la petición fiscal en su contra. Cuba, residente en el municipio Jovellanos, provincia Matanzas, en el centro occidente de la isla, se encuentra actualmente en prisión, acusado de atentado, daños y desórdenes públicos, por lo que le piden la mencionada sanción conjunta y única que lo mantendría en la cárcel hasta que cumpla 37 años.

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Así lo revela un documento legal al que tuvimos acceso mediante la plataforma ciudadana Justicia 11-J, cuyo listado de personas detenidas y desaparecidas desde el domingo 11 de julio, se ha vuelto referente para consultas y denuncias de violaciones de los derechos de quienes salieron a las calles a protestar por las privaciones que padecen. Tanto de comida y de alimentos como de libertades para expresarse, reunirse, asociarse y hasta manifestarse, como demostró la propia protesta seguida por detenciones, juicios sumarios y excesivas peticiones fiscales.

Aunque cientos de los manifestantes aún permanecen detenidos, la de José Ángel Cuba es hasta el momento una de las más largas condenas que solicita la Fiscalía. Solo a otras dos personas les piden sanciones más fuertes: José Manuel Cabrera Pérez, de 52 años, y Omar Martínez Ardi, de 46, están sujetos a una petición fiscal de 18 años de privación de libertad. De ratificarse, los dos saldrían siendo ancianos.

Lo que tienen en común estos tres casos de peticiones extremas es que corresponden al mismo expediente de fiscalía, en el que se relacionan 13 personas investigadas por el Órgano de Instrucción Penal de Jovellanos tras la protesta en ese municipio de la provincia de Matanzas, al este de La Habana. Se trata del expediente de fase preparatoria No. 101 del referido órgano.

Privación de libertad y de derechos civiles y políticos

Hay, entre los 13, un acusado menor de edad. Rey Alejandro Martínez Tamayo es su nombre y tiene solo 17 años. No obstante, por los delitos de “Desórdenes Públicos, Atentado e Instigación a Delinquir” proponen una sanción conjunta y única de ocho años de privación pe libertad, además de la sanción accesoria de privación de derechos civiles y políticos (artículo 37.1.2) y la sujeción a la vigilancia de los órganos y organismos que integran las comisiones de prevención y atención social (artículo 45 del código penal), así como la de prohibición de salida del territorio nacional y la obtención de pasaporte. Esto responde al Decreto-Ley 302 de 2012 y la Instrucción 219 de 2013 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, ambos anteriores a la Reforma Migratoria y violatorios de la libre movilidad a la que tiene derecho todo ser humano.

“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”. Así se lee en el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1948 y aprobada por Cuba en esa misma fecha. Sin embargo, este derecho se viola en Cuba desde la promulgación de la Ley número 989 en 1962, cuando los procesos migratorios pasaron a ser controlados por el Ministerio del Interior, y se identificó el acto de emigrar como “traición a la patria”, requiriendo un permiso de salida que solo fue eliminado con la reforma migratoria.

¿Qué dice la Fiscalía?

El documento oficial narra que en la tarde del día 11 de julio de 2021, Orelvis René Palenque González, José Manuel Cabrera Pérez, José Alejandro Rodríguez Gelin y Rey Alejandro Martínez Tamayo, decidieron “seguir los numerosos llamados que mediante las redes sociales se hacían a los cubanos para que realizaran acciones que socavaran la tranquilidad ciudadana, a pesar de conocer la difícil situación que atravesaba el país, derivada de las medidas de recrudecimiento del bloqueo económico por el gobierno de los Estados Unidos y la campaña difamatoria organizada desde esa nación para desestabilizar el orden económico y social del país, unido a la proliferación de la variante delta de la pandemia de la COVID-19, en la cual en esos momentos el municipio de Jovellanos de la provincia de Matanzas era uno de los de mayor incidencia en la transmisión”.

Apelando a esos argumentos, la investigación fiscal encontró que estos cuatro matanceros se agruparon en la céntrica Avenida 20 del municipio de Jovellanos, específicamente en la esquina de una guarapera y, junto a un grupo de personas ya aglomeradas en el lugar, comenzaron a gritar frases antigubernamentales y anticastristas como “patria y vida” y “abajo la revolución”. Desde allí, llegaron hasta la sede del Comité Municipal del Partido Comunista del territorio, donde se sumaron Alberto Vázquez González y Omar Cordovez Hernández. Pasados unos veinte minutos, la multitud siguió su trayecto, de vuelta por la calle 11. Al llegar al lugar conocido como Los Almendros, a la salida de Jovellanos con destino al poblado de Carlos Rojas, según el informe fiscal Rodríguez Gelin gritó las palabras: “a la cuenta de tres, vamos a pasarle por arriba a estos comunistas que nos están impidiendo el paso para Carlos Rojas”. En el documento se le atribuye a Rodríguez la culpa de que “la multitud se abalanzara contra los agentes de la autoridad que intentaban restablecer el orden en dicho lugar, lo que provocó que las personas allí reunidas se encimaran a los agentes del orden y comenzaran a lanzar piedras contra estos y sus vehículos”.

Es en este punto donde aparece relatada la participación de José Ángel Cuba: cuando los agentes del orden Rafael Cobas Matos, Osiel Sánchez León y Dairys Fernández Jorrín intentaron la detención de Alberto Vázquez González, el joven José Ángel, para defenderlo, tomó varias piedras del suelo y las lanzó contra el agente Cobas Matos, una alcanzó a dar en el casco que cubría su cabeza, y otra en la espalda, mientras una tercera alcanzó al agente Pérez García en la cabeza, en el momento en que este abría la puerta del carro patrullero 825 para conducir al acusado Alberto, lo que le provocó trauma en región parietal izquierda, sin necesidad de tratamiento médico.

El saldo económico fue la rotura del parabrisa delantero del vehículo, del espejo retrovisor interior y el marco del parabrisa. Estas serían las causas de la petición fiscal de 16 años de privación de libertad para José Ángel, a quien presentan como un estudiante, sin especificar de qué y le atribuyen un “noveno grado de escolaridad” además de describirlo como alguien que “no desarrolla ninguna actividad socialmente útil, se vincula con personas de desajustada conducta social, gusta de la ingestión de bebidas alcohólicas y en estado de embriaguez altera el orden, no participa en las actividades convocadas por las organizaciones de masa”. Lo que no pueden negar es que “no le obran antecedentes penales”.

“Les van a desgraciar la vida”

Para conocer más detalles del caso, le escribimos a su padre José Ramón Cuba, un médico radicado en Ecuador. Este confirmó que su hijo, nacido el 26 de noviembre de 1999, está preso en espera de la sentencia, si bien la familia continúa con esperanzas de que no ratifiquen la petición de 16 años. “Seguro la dejan en 8 años”, dice el padre, quien se ve impedido de viajar a Cuba en estos momentos debido a la situación sanitaria. Precisó que aun cuando su hijo cuenta con un abogado, no permitieron el cambio de medida cautelar de prisión preventiva, sino que sigue preso, como otras 552 personas: “imagínate, los abogados no son independientes”, lamentó el padre, quien ha pensado sacar a su hijo del país. “Le van a desgraciar la vida”.

El padre asegura que José Ángel es estudiante de enfermería y que desde la escuela han solicitado su reincorporación, lo cual tampoco ha surtido efecto. A su hijo lo siguen tratando como a un criminal: “desde que fueron a capturarlo, lo trataron como a un narcotraficante”.

José Ángel es una de las 65 personas en estos momentos sujetas a peticiones fiscales de privación de libertad, entre uno y 18 años. Aunque su caso es uno de los peores, otros son de igual modo preocupantes para la sociedad civil: a una persona le piden 13 años, a otras cinco les piden 12. A siete les piden una década tras las rejas, mientras que a dos les piden 9 años, y a 18 esperan privarlos de su libertad por 8 años. Tres más tienen una petición de siete, 11 de seis y, siete, de un lustro.

Mientras tanto, otros manifestantes del 11-J cumplen penas de cárcel dictadas en juicios sumarios. Aquellas condenas, no obstante, eran solo el comienzo de una cacería de presuntos líderes e incitadores de las protestas que para el oficialismo fueron “disturbios”. Fue el argumento del magistrado Sánchez Hidalgo al sostener que “las personas que se han puesto a disposición de los tribunales son aquellas cuyas conductas han sido constitutivas de delito”. La tipicidad delictiva predominante en tales casos fue el desorden público, en 53 de los sancionados, unido a otros delitos tales como el de resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño. Pasados casi tres meses y, a pocas semanas de la convocatoria a una nueva manifestación ciudadana para el 20 de noviembre, las circunstancias de quienes esperan juicio son inciertas y encienden alarmas. Algunos ni siquiera saben cuánto tiempo de cárcel les va a pedir la Fiscalía.

Tres hermanos en espera de juicio

Emilio Román imprimió las fotos de sus tres hijos presos para llevárselas en la próxima visita. Resignado dice que a ellos ya no les harán ningún cambio de medida cautelar, sino que seguirán en prisión “provisional” hasta que se efectúe el juicio: “Ya mis tres hijos se quedaron para ser Sancionado estamos a la espera de esto, a ver cuál es la salvajada de año que ellos quieren echarles”, dice.

“Ya el expediente está cerrado, en mano de la fiscalía, esperando el juicio”. Ni siquiera tiene certeza de los delitos por los que los acusan. Se aferra, sin embargo, a la esperanza de que el día 12 le permitan ver a su hija, Mackyanis Román, como le han prometido. “Saque estas fotos, veré cómo se la enseño, el 12 ya la puedo ver y hablar con ella”, añade y me muestra las imágenes de su hija por Whatsapp. “Esta también, para enseñarle a Mamoti”, escribe al señalar una foto del primer artículo que publicamos sobre los tres hermanos detenidos.

Desde aquel momento, cada mañana Emilio se desahoga escribiendo una especie de diario de lo que le pasa por la cabeza en estos tiempos de desesperación. El 22 de octubre escribió: “Yo me siento muy mal con esta situación, mi hermana, para qué mentir, tengo 68 días con mucha tristeza en mi rostro. Ayer fue un día que no quise salir a la calle, me quedé encerrado en la casa pensando qué busco para mí hijo para llevar a la visita de hoy 22 y para la del 28 y la del día 3. Es para morirse, mi hermana. ¿Tú sabes lo que me hace fuerte en todo esto? Que fue por una razón y por una causa justa. Que no fue por robó ni descaro”.

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