Los ciudadanos cubanos que residen en la isla y que tengan bienes que hayan sido confiscados por el Estado podrán iniciar procesos de demanda contra los funcionarios responsables, gracias a una sentencia reciente del Tribunal Supremo Popular de Cuba.
Anteriormente, el Decreto Ley 149 sobre confiscaciones de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido reservaba lo vinculado a esta materia al fiscal y ningún recurso podía proceder contra sus medidas preventivas, informó Diario de Cuba.
Adicionalmente, el dictamen que emitiera el Ministerio de Finanzas y Precios solo se podía recurrir ante el mismo Ministerio, sin que mediara ningún procedimiento administrativo ni judicial.
De acuerdo a la sentencia del Supremo cubano "toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado, con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la Ley".
Se establece la creación de "salas competentes en materia administrativa (que) darán curso a las demandas que se presenten por las personas legitimadas, a fin de obtener la reparación por los daños materiales y morales e indemnización por los perjuicios que reciban, por un actuar indebido en cumplimiento de sus deberes funcionales por directivos, funcionarios y empleados del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 658 de la Ley de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico y del artículo 96 del Código civil".
Sin embargo, esta sentencia no aplica para los casos que haya ocurrido antes del 10 de abril de 2019.
FUENTE: Diario de Cuba
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