El régimen chavista viola flagrantemente cada día los derechos humanos de los venezolanos.
AP/Ariana CubillosCARACAS.- La ONG de derechos humanos Provea denunció que el 94 % de los crímenes ocurridos durante las manifestaciones en Venezuela están impunes porque el Estado venezolano no tiene la "voluntad para hacer investigaciones", según afirmó el coordinador de la organización, Marino Alvarado.
Alvarado resaltó que no hay avances en el cumplimiento del memorándum entre el régimen de Maduro y la Corte Penal Internacional (CPI) respecto al compromiso del Estado para investigar las muertes durante las manifestaciones; no se conocen los autores ni la cadena de mando. Destacó que entre abril y agosto de 2017, periodo en el que se produjo una oleada de protestas de calle contra el régimen, se cometieron 143 crímenes y sólo ha habido, hasta el momento, 15 sentencias condenatorias.
Alvarado también fustigó que el régimen de Maduro sigue negando el éxodo migratorio en Venezuela. "Siguen negando las cifras de más de siete millones de venezolanos que han tenido que huir de manera forzosa hacia otros países", dijo.
Enfatizó que el sistema de justicia en el país sudamericano está "al servicio de la represión y la impunidad".
A su juicio, este punto se debe tocar en el informe que presentará esta semana la Misión de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela.
El martes 21 de marzo, el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, hablará sobre la situación en Venezuela y la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos al Estado venezolano, en un diálogo interactivo con los miembros del Consejo de DDHH.
Alvarado lamentó, además, que en Venezuela continúa sin existir la separación de poderes, pues instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) están bajo el control de la dictadura de Maduro.
Por otra parte, la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 63 ataques contra defensores de derechos humanos en Venezuela durante febrero de 2023.
En un informe, el CDJ indicó que "continuó la política de criminalización, represión y control social a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos".
Agregó que el 84% de las víctimas de estos ataques fueron las organizaciones de derechos humanos y el 16 % defensores de DDHH.
En cuanto a los victimarios, en un 46 % de los casos fueron funcionarios públicos; los medios de comunicación 24 %; personas o agrupaciones afectas a intereses políticos del Estado 17 %; instituciones públicas 10% y organismos de seguridad 3%.
FUENTE: Con información de La Patilla
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