Seguidores de presos políticos de Nicaragua claman en el aeropuerto internacional Washington Dulles International, en Chantilly, Virginia, Estados Unidos, el jueves 9 de febrero de 2023.
AP
El gerente del diario nicaragüense La Prensa, Juan Lorenzo Holmann (derecha), habla por teléfono afuera de un hotel en Herndon, Virginia, el 9 de febrero de 2023, luego de ser liberado por el régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua.
MANAGUA.- Parte de los opositores nicaragüenses desterrados la semana pasada a Estados Unidos, iniciaron los trámites para acogerse a la ayuda brindada por el Gobierno español, el cual le ofreció otorgarle la nacionalidad a todos ellos, en unos primeros días de exilio marcados por la confusión y por el agradecimiento por el respaldo ofrecido desde España.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informó el lunes que "varios" de los 222 opositores de Nicaragua que fueron desterrados a Estados Unidos y privados de nacionalidad aceptaron la oferta del Gobierno.
El sociólogo Silvio Prado, residente en España y vicepresidente de la Asociación Nicaragua Libre, explicó que, hasta el lunes, más de una decena de personas se habían puesto en contacto con los servicios consulares españoles para iniciar los trámites, entre ellos algunos que ya lo habrían hecho público como Oscar-René Vargas e Irving Larios.
Otros todavía lo están considerando, aún es muy confuso tomar una decisión tras meses o años de encarcelamiento y posterior destierro.
Las autoridades de Estados Unidos han concedido a los presos exiliados un estatus humanitario vigente en principio durante dos años, pero la prensa opositora nicaragüense constató que gran parte de quienes llegaron a EEUU carecen de familiares o contactos directos.
Silvio Prado considera "una medida extraordinaria" la propuesta por España. El sociólogo incide en que, por una parte, "ha abierto las puertas" a personas que han quedado "en el desamparo" y, por otra, ha servido para "neutralizar" la voluntad de la "dictadura" de dejar a más de 200 personas apátridas.
"Echa por tierra los propósitos de castigar a los excarcelados después de haberlos mandado al exilio", explica Prado, que estima que varias decenas de personas pueden terminar llegando a España.
Asimismo, Prado pone en valor la "cercanía" del Gobierno de Pedro Sánchez con el pueblo nicaragüense y advierte de que tener relaciones diplomáticas con el régimen de Ortega --este mismo mes el presidente recibió las cartas credenciales de la nueva embajadora española-- no implica necesariamente "blanquear" sus abusos.
Tanto las autoridades nicaragüenses como las de EEUU descartaron que la deportación derivase de algún tipo de negociación, pero para Prado "no fue un acto generoso, no fue voluntario" por parte del régimen de Ortega. Fue, añade, "fruto de la presión internacional", que ha dejado claro que "la dictadura no podía ir a ningún foro internacional sin que se le demandara la liberación de los presos políticos".
El sociólogo recuerda que la lista de presos políticos sigue sin estar a cero en Nicaragua y reclama a la oposición que una fuerzas aprovechando el hito de las liberaciones: "El enemigo común es la dictadura".
En este sentido, espera que los antiguos presos puedan servirse de la "gran autoridad moral" que acarrean para "reagrupar a la oposición", que "hayan salido con la lección aprendida de que hay más cosas en común que en desacuerdo dentro de los grupos de la oposición".
Los familiares de 39 opositores nicaragüenses que no fueron excarcelados junto a 222 presos expulsados por el régimen de Daniel Ortega piden su “liberación inmediata”.
En un comunicado leído en una rueda de prensa virtual los familiares denunciaron que los reos están recluidos en seis centros penitenciarios “en condiciones degradantes” y donde son “objeto de torturas y maltrato”, se les niega atención médica y sufren amenazas y requisas violentas.
los familiares de los 39 reos pidieron “a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a los gobiernos amigos del pueblo de Nicaragua que nos apoyen en su liberación”.
Entre los que no fueron deportados figuran tres religiosos: el obispo católico Rolando Álvarez, quien según informó Ortega se negó a ser desterrado y fue remitido a la cárcel Modelo de Managua, y los sacerdotes Leonardo Urbina y Manuel Salvador García, condenados por supuestos delitos sexuales y agresión a una mujer, respectivamente.
Los 39 reos están recluidos en la cárcel Modelo de Managua y en penales ubicados en Matagalpa, Granada, León y Nueva Guinea.
Sus parientes dicen desconocer los motivos de su exclusión de la lista de liberados. Dos familiares, que se identificaron solamente como Luisa y Emilia por temor a represalias del régimen, creen que hubo un “ensañamiento” en su contra.
De los 39 presos, 10 están encarcelados desde antes de las protestas que estallaron en abril de 2018, dijo otra familiar identificada como Lolita. Entre estos últimos citó el caso del exmilitar Marvin Vargas, alias “el Cachorro”, un opositor a Ortega que lleva 12 años en prisión.
FUENTE: Con información de Europa Press/ AP
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