sábado 11  de  enero 2025
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Ecuador aprueba preguntas para un referéndum constitucional

La propuesta del Gobierno de Ecuador abarca áreas cruciales como seguridad, trabajo, inversión, funcionamiento del Estado y aspectos constitucionales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- El Tribunal Constitucional de Ecuador dio el visto bueno a las 10 preguntas propuestas por el Gobierno de Daniel Noboa para la realización de un referéndum constitucional. El enfoque de estas interrogantes abarca áreas cruciales como seguridad, trabajo, inversión, funcionamiento del Estado y aspectos constitucionales.

Entre las preguntas aprobadas, se destaca la referente al "control de armas, municiones, explosivos y accesorios" por parte de las Fuerzas Armadas, así como la propuesta de reformar el Código Penal para aumentar las penas en delitos como terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, trata, secuestro, tráfico de armas, blanqueo de capitales y actividad ilícita de recursos mineros.

Otras cuestiones aprobadas abordan temas como el cumplimiento total de la pena de personas privadas de libertad, la tipificación como delito de la posesión de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía, y la posibilidad de que el Estado sea titular de bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

Además, cuatro preguntas fueron aprobadas con enmiendas, abordando temas como la extradición de ecuatorianos, el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, la promoción de la inversión extranjera y el reconocimiento del arbitraje internacional, así como la reformulación del Código de Trabajo para regular contratos a plazo fijo y por horas.

Indultos fueron rechazados

Aunque el Gobierno presentó inicialmente un total de 20 preguntas, una relacionada con los casinos fue retirada, y otras nueve preguntas relacionadas con la seguridad, no lograron la aprobación.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de conceder indultos a miembros de la Policía, las Fuerzas Armadas o cuerpos de seguridad del Estado imputados por delitos de uso de la fuerza, así como la propuesta de que el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía sea juzgado exclusivamente por jueces especializados en materia penal y militar en todas las etapas procesales.

FUENTE: Con información de Europa Press

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