QUITO — Ecuador presentó una demanda contra el gobierno de México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por otorgar asilo al exvicepresidente Jorge Glas, quien enfrenta acusaciones de corrupción en su nación de origen. La acción legal, impulsada por la cancillería ecuatoriana, señala que México interfirió en asuntos internos desde que Glas se refugió en la embajada mexicana en Quito el 17 de diciembre de 2023.
El litigio ante la CIJ incluye el incidente en el que las fuerzas policiales ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para arrestar a Glas, quien había recibido asilo por parte de México. Ecuador denunció este acto como "ilícito", argumentando que Glas está siendo investigado por malversación de fondos públicos y enfrenta condenas por corrupción en su país de origen.
Por su parte, México defendió su derecho a conceder asilo y cuestionó la legalidad de la acción ecuatoriana, alegando que se violó la Convención de Viena. Además, las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fueron objeto de críticas por parte de Ecuador, acusando al mandatario de poner en duda la legitimidad de las elecciones ecuatorianas de 2023 al cuestionar el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.
En su demanda, Ecuador busca que la CIJ declare que México incumplió sus obligaciones internacionales al otorgar asilo a personas acusadas o condenadas por delitos comunes. Además, se cuestiona la intervención de México en los asuntos internos de Ecuador, así como el uso de las instalaciones diplomáticas de manera incompatible con su función original.
Tras su arresto en la embajada mexicana, Glas fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, donde continúa enfrentando los cargos en su contra. El caso generó tensiones diplomáticas entre ambos países y será objeto de debate ante la CIJ en los próximos días.
Glas, de 54 años, ocupó la vicepresidencia entre 2013 y 2017 tras lo cual fue procesado por la justicia y recibió dos sentencias por corrupción: una de seis años de prisión por el caso Odebrecht y otra de ocho años por recibir sobornos a cambio de autorizar obras públicas.
A inicios de este año la justicia lo requirió nuevamente en un caso de presunta malversación de fondos destinados a la reconstrucción de dos provincias afectadas por un potente terremoto en 2016.
FUENTE: Con información de AFP y AP