QUITO — Ecuador cumplió una semana de protestas contra un paquete económico impopular, lo que configuró la mayor crisis política del presidente Lenín Moreno, que de acuerdo con varios observadores es consecuencia de su falta de habilidad para prever la crisis y lograr consensos, lo que ahora lo sitúa ante el desafío de buscar soluciones para resolver la situación y completar el resto de su mandato.

Las escenas de violentos choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad trajeron a la memoria viejas imágenes de cuando algunos presidentes abandonaron el poder tras diversas manifestaciones sociales, aunque analistas y expertos consideran que si bien la situación de Moreno no es la mejor, no se ve cerca un final abrupto de su gobierno.

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La analista política Grace Jaramillo, de la universidad British Columbia, en Vancouver, dijo a The Associated Press que la democracia estuvo “amenazada toda la semana” porque las decisiones de Moreno provocaron “una reacción demasiado violenta”, generaron caos en todo el país y “la reacción fue un espiral ascendente”.

Los representantes de la cámaras de industria, producción y turismo estimaron de manera preliminar que el país pierde al menos 220 millones de dólares diarios, a lo que se debe sumar la virtual paralización de la producción petrolera ocasionada por los manifestantes, que suma otros 12,5 millones de dólares cada día.

Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, señaló a la AP que es muy difícil sacar los subsidios y “no esperar una reacción”. Agregó que “lo que vemos en Ecuador es parecido a lo que hemos visto en Argentina, un esfuerzo para superar el populismo, en este caso de (el expresidente Rafael) Correa por una década, y tomar medidas necesarias pero muy duras”. Consideró que es una posibilidad “aunque no muy factible”, que Moreno pueda ser derrocado.

Las protestas iniciaron la semana pasada luego de que el gobierno anunciara reformas para dinamizar la economía y equilibrar las finanzas fiscales. La medida más dura fue la eliminación de un subsidio de 1.300 millones de dólares a los combustibles, lo que causó la inmediata elevación de los precios de la gasolina y el diésel de 1.85 dólares a 2.39 el galón, la primera, y de 1.03 a 2.30 la segunda. En el tema laboral el gobierno ahora permite la contratación por horas, por tiempo parcial y la racionalización del pago de los despidos, lo que ha sido rechazado por sindicalistas.

El analista económico Fernando Martin, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dijo a la AP que el futuro inmediato del país será “negro”.

“Espero que pronto ambos lados se den cuenta de que lo que están haciendo es dañarse a sí mismos y están dañando al país, eso no le conviene al Ecuador”.

Moreno dijo que las protestas evidencian un intento de desestabilización de su gobierno, y señaló a Correa (2007-2017) y al dictador venezolano Nicolás Maduro como responsables de la situación. Ellos han negado tener alguna relación con lo ocurrido.

Después de una semana de disturbios, los indígenas y sindicalistas se mantienen inamovibles en su demanda de derogatoria del decreto con las reformas, mientras el mismo Moreno ha dicho que no habrá marcha atrás.

Martín Rama, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, señaló que se puede ver las dificultades de estas transiciones y ajustes y permiten dar una señal “de cuáles son las cosas a evitar. Hay aprendizaje de lo bueno y hay aprendizaje de lo difícil. Me parece que si países como Ecuador y como Argentina salen al frente, también va a ser una muy buena señal”.

Miles de indígenas se mantienen concentrados en las instalaciones de la Casa de la Cultura, donde el jueves retuvieron a ocho policías y 27 periodistas.

Jaime Costales, analista político de la Universidad San Francisco, manifestó que el gobierno debe atender las demandas de la población más marginada y pobre del país, que históricamente es la indígena, y dijo que la consolidación de la democracia “no por Moreno como persona sino, por el país... es la única esperanza que tenemos de que vaya madurando la democracia ecuatoriana poco a poco”.

El gobierno ha anunciado acercamientos con el sector indígena impulsados por Naciones Unidas, la Iglesia y universidades, aunque ese grupo ha negado que eso sea real.

“No hay otra posibilidad de solución. El gobierno tiene que dialogar. Lo que ha hecho muy mal el gobierno es no anticipar esta reacción”, agregó la analista Grace Jaramillo. Además, refirió, “el gobierno no se ha molestado en explicar, en educar y procesar el tema de la crisis, la gravedad de la crisis y por qué se llegó a este punto”.

“Somos gente pobre, ya estamos hartos de que no nos dejen trabajar”, dijo Rosa Chaluisa, vendedora de periódicos en las calles del norte quiteño, quizá recogiendo en parte el sentir de los ecuatorianos. “Por más razón que tengan para las manifestaciones, la única manera de llevarse un bocado de comida a la boca es trabajando, si no vendemos a diario no comemos, y nuestros guaguas (niños) se mueren de hambre”, agregó.

Moreno empezó su mandato en mayo de 2017 y debe gobernar hasta 2021.

FUENTE: Con información de AP

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