En noviembre de 2025, los ecuatorianos emitirán un voto nacional cuyo resultado va mucho más allá de las urnas
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canvaEste es el primer artículo de una serie de tres del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²). La serie examina el frágil equilibrio del Ecuador entre seguridad, soberanía e influencia externa en el contexto de la renovada competencia entre Estados Unidos y China en el hemisferio occidental.
En noviembre de 2025, los ecuatorianos emitirán un voto nacional cuyo resultado va mucho más allá de las urnas. La pregunta en debate es si el país debe aprobar un nuevo Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) que permitiría una presencia de seguridad de Estados Unidos en la Base Aérea de Manta. La decisión no trata solo de logística militar—toca la identidad, las alianzas y el futuro estratégico de la nación.
Ecuador puede optar por reanclar su asociación con Washington y con la comunidad democrática más amplia, o puede elegir permanecer más profundamente bajo la sombra económica de Pekín. El voto es un momento de verdad: una oportunidad para decidir cómo define Ecuador la soberanía en un mundo cada vez más peligroso.
Durante buena parte del siglo XX, Ecuador trabajó estrechamente con Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los EEUU construyeron la Base Beta en las Islas Galápagos para monitorear la actividad de submarinos del Eje cerca del Canal de Panamá. Ecuador suministró materias primas vitales: madera, balsa y caucho natural, y se unió al esfuerzo de seguridad hemisférica.
En 1950, el Departamento de Estado de los EEUU declaró que la política de Washington era “fomentar estas tendencias ayudando al Gobierno ecuatoriano a elevar los estándares educativos… mejorar la administración gubernamental… y elevar el nivel de vida del pueblo” (U.S. Department of State, 1950).
A lo largo de la Guerra Fría, la cooperación se profundizó a través de programas conjuntos de entrenamiento y asesoría. La asociación era pragmática y basada en respeto mutuo, no en coerción.
Ese patrón colapsó en los años 2000 bajo gobiernos de tendencia izquierdista, comenzando con Rafael Correa. La política exterior fue rediseñada alrededor de narrativas populistas y retórica antiestadounidense. El gobierno cerró la Localización de Operaciones Avanzadas en Manta en 2008, expulsó al personal antidrogas de EEUU y posteriormente clausuró la Oficina de Cooperación en Seguridad. Puertas abiertas durante décadas fueron cerradas en un solo ciclo político (Ikeda, 2018).
El vacío no duró. Pekín entró en escena con préstamos, contratos de largo plazo y proyectos de infraestructura “llave en mano”. Las ofertas parecían generosas en la superficie, pero la letra pequeña socavó la autonomía.
A partir de 2009, empresas estatales chinas aseguraron posiciones a largo plazo en los activos energéticos centrales del Ecuador: el campo petrolero Sacha y otros sitios en Sucumbíos y Orellana, además de campos de gas en alta mar en Amistad. Los esquemas de pago respaldados por petróleo se extendieron por años y vincularon la producción al servicio de la deuda. Telecomunicaciones, redes eléctricas y sistemas de vigilancia siguieron. Lo que comenzó como financiamiento se transformó en influencia sobre la toma de decisiones estratégicas.
Como señala el LTC Octavio Pérez, el patrón se asemeja a dependencia. China financia proyectos, trae sus propias empresas y captura la cadena de valor. El resultado es una influencia económica que penetra en sistemas de datos e infraestructura pública. No es comercio ordinario—alcanza al propio Estado (ConstitutionNet, 2025).
El fin de la presencia estadounidense en Manta tuvo un precio alto. Durante la década siguiente, la violencia se disparó a lo largo de la costa y en los puertos. El intercambio de inteligencia y las interdicciones conjuntas disminuyeron. Grupos criminales transnacionales avanzaron. Para 2024, Ecuador tenía la tasa de homicidios más alta de Sudamérica. La corrupción se extendió por el poder judicial y la extorsión se volvió común en varias provincias.
Al mismo tiempo, los acuerdos de petróleo por deuda con China profundizaron la asfixia fiscal del país. Las “renegociaciones” contractuales extendieron los cronogramas de pago en lugar de restaurar la independencia. Muchos ecuatorianos concluyeron que rechazar a Washington no produjo autonomía; simplemente reorganizó la dependencia.
La crisis produjo claridad. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno y designó a 22 organizaciones criminales como grupos terroristas. Estados Unidos aumentó silenciosamente la asistencia. Operaciones conjuntas en la frontera con Colombia desarticularon la red del Tren de Aragua. Misiones de C-130 de la Guardia Aérea Nacional estadounidense transportaron tropas y carga, restaurando movilidad y alcance operacional. La confianza comenzó a reconstruirse mediante resultados, no discursos (U.S. Embassy in Quito, 2025).
Estos pasos reabrieron el debate sobre un nuevo SOFA. A diferencia del arrendamiento de 1999–2008, un acuerdo formal establecería protecciones legales, supervisión del país anfitrión y continuidad entre administraciones. No borraría la soberanía; la codificaría.
El referendo ahora le pregunta a la nación si debe aprobar el retorno de una presencia estadounidense en Manta bajo un marco SOFA. Los partidarios enfatizan beneficios tangibles:
• Fortalecer la capacidad contra el narcotráfico y el terrorismo.
• Mejorar la preparación de respuesta ante desastres—terremotos, inundaciones y tsunamis.
• Crear empleos y estimular inversiones en la provincia de Manabí.
• Señalar a potencias externas que Ecuador se alinea con el hemisferio democrático.
Los opositores afirman que cualquier base extranjera disminuye la soberanía. Esa preocupación merece una respuesta directa. La soberanía depende de la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley, asegurar las fronteras y proteger a su población. Se reduce cuando grupos criminales superan a las fuerzas policiales y cuando los activos nacionales están hipotecados a acreedores opacos. Como ha observado el Dr. Marrero, la soberanía sin seguridad es una ilusión.
El referendo de noviembre de 2025 podría marcar un regreso decisivo a una asociación estratégica con Estados Unidos. Entre sus disposiciones está la posible reactivación de la antigua Localización de Operaciones Avanzadas estadounidense en Manta. Un movimiento que restauraría el papel del Ecuador en la seguridad marítima regional. Manta ocupa una posición estratégica a lo largo de las rutas del Pacífico que conducen al Canal de Panamá, sirviendo como un nodo sureño para monitorear y asegurar los bienes marítimos comunes del hemisferio. Desde esa posición, Ecuador puede nuevamente ayudar a salvaguardar rutas comerciales, combatir el crimen transnacional y disuadir la creciente presencia de potencias extrahemisféricas en aguas cercanas.
Para Ecuador, es un multiplicador de fuerza contra carteles, intrusiones cibernéticas y finanzas coercitivas. Una presencia renovada de EEUU disuadiría el tráfico en el Pacífico Oriental y complicaría los esfuerzos chinos y rusos por expandir sus huellas de seguridad regional. También tranquilizaría a los inversionistas que ven la estabilidad como un requisito para el crecimiento.
El análisis militar profesional ha llegado a conclusiones similares: cerrar Manta eliminó una capa de disuasión y cooperación, mientras que reabrirla restauraría capacidades que el papeleo no puede reemplazar (Garay-Briones, 2025).
Ecuador enfrenta una decisión definitoria. El país puede anclar su seguridad y su economía en alianzas transparentes o continuar bajo acuerdos diseñados en otro lugar. Seguridad, prosperidad y libertad ascienden juntas o colapsan juntas.
El referendo de noviembre mostrará si Ecuador está preparado para reconstruir la confianza con un viejo aliado e imponer límites a dependencias depredadoras. Otras naciones están observando, buscando pruebas de que la dependencia no es destino.
La pregunta es simple: ¿los ecuatorianos elegirán vivir bajo la influencia de Pekín o junto a socios que vinculan la soberanía con la libertad y el imperio de la ley? La historia advierte, pero también concede segundas oportunidades a las naciones que actúan con valentía.
ConstitutionNet. (2025, 23 de junio). Constitutional Implications of Allowing Foreign Military Bases: Ecuador. https://constitutionnet.org/news/voices/sovereignty-reimagined-constitutional-implications-allowing-foreign-military-bases-ecuador
Garay-Briones, A. I. (2025, septiembre). A U.S. Air Base in Ecuador: Strategic and Security Benefits for the U.S.–Ecuador Relationship. Military Review Online Exclusive. https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/Online-Exclusive/2025/US-Base-Ecuador/US-Base-Ecuador-UA1.pdf
Ikeda, A. (2018). Exploring a civil resistance approach to examining U.S. military base politics: The case of Manta, Ecuador. MARLAS, 2(1). https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2018/07/202-481-1-SM.pdf
U.S. Department of State. (1950, 2 de octubre). United States policy toward Ecuador (Document 442). En Foreign Relations of the United States, 1950, The United Nations; The Western Hemisphere, Volume II (pp. 857–862). Office of the Historian. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v02/ch18subch1
U.S. Embassy in Quito. (2025, 6 de enero). The United States Strengthened Its Alliance with Ecuador to Bolster Security in 2024. https://ec.usembassy.gov/the-united-states-strengthened-its-alliance-with-ecuador-to-bolster-security-in-2024/
CDR José Adán Gutiérrez, USN (Ret.), miembro sénior, MSI²
LTC Octavio Pérez, US Army (Ret.), cofundador y miembro sénior, MSI²
Dr. Rafael Marrero, economista jefe & fundador, MSI²
Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto.
Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com
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