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MIAMI.- Por primera vez en tres décadas Estados Unidos desplegará buques de la Armada y aviones radar de alta precisión frente a las costas del Caribe en una maniobra que el presidente Donald Trump presenta como refuerzos a las operaciones antidrogas en la región, con el añadido de ejercer presión contra Nicolás Maduro en Venezuela y los planes de transición que la Casa Blanca ha sugerido para hallarle solución a la crisis política y humanitaria que atraviesa la nación sudamericana.

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Para algunos sectores es el preludio de una posible intervención militar en Venezuela, a medida que se busca convencer a los militares venezolanos de que se distancien de Nicolás Maduro. Para los críticos de EEUU, el reciente anuncio de la Casa Blanca es una manera de distraer la agenda nacional de quienes cuestionan la respuesta del gobierno federal a la epidemia de coronavirus en el país, sobre todo, a siete meses de la elección presidencial.

El gobierno de Trump dijo el martes que levantaría las sanciones contra Venezuela si Maduro y el líder de oposición Juan Guaidó, se apartan y acuerdan un gobierno de transición donde cabrían miembros del oficialismo y los legisladores de la oposición, una propuesta que el dictador venezolano desechó de inmediato.

Descrito por el Secretario de Estado Mike Pompeo, esto equivale a un acuerdo para compartir el poder que garantizaría al chavismo, sin Maduro, un asiento en la mesa de un gobierno de transición.

El ofrecimiento a simple vista apunta a lo que debería ser un quiebre en las filas del poder político-militar, donde el dictador sea apartado por los suyos, con tal de que el oficialismo pueda mantenerse en el Gobierno. El desafío y riesgo de esa posible solución consiste es que con esa acción se consiga el efecto contrario y el círculo de poder cívico-militar opte por mantener su fidelidad al régimen, dado por compromisos asumidos, complicidades y deudas de gratitud entre ellos.

“La estrategia de EEUU sigue basada en la búsqueda de un quiebre de la coalición dominante en Venezuela, con el propósito de aumentar presión interna para que haya un diálogo serio hacia elecciones libres y creíbles”, advierte Geoff Ramsey, director para Venezuela de The Washington Office on Latin America (WOLA), una organización independiente de investigación y defensa.

Conforme pasan los días y la fuerte escalada en las tácticas de presión no dejan ver una salida, el efecto de las sanciones puede ser devastador si la pandemia se expande por una Venezuela asfixiada por la corrupción y escases, al demostrar la Casa Blanca que no está dispuesta a derogar castigos o dar fondos a Maduro sino deja el poder.

“La pandemia sobre Venezuela lo que hace es favorecer la figura autoritaria del régimen. Maduro ha demostrado una capacidad de control interno a niveles altísimos en estos días, por lo que cualquier tipo de plan o análisis tiene que partir del hecho de la realidad en el país y no en fantasías de la Guerra Fría”, dice Ramsey en una entrevista.

Antes de revelarse la acusación de drogas de EEUU contra Maduro y altos oficiales de su círculo, el 26 de marzo, el despliegue militar estadounidense en el Caribe era un hecho.

El 11 de marzo el general Craig Faller, jefe del Comando Sur, advirtió en el Congreso que un despliegue de estas características se ejecutaría para frenar el tráfico de drogas desde las costas venezolanas y parte del Pacífico oriental.

El secretario de Defensa, Mike Speer explicaba el miércoles 1ro de abril que el objetivo es casi duplicar la capacidad antinarcóticos del Pentágono en el hemisferio occidental, para lo que contarían con el apoyo de 22 países, como ya ocurre en ciertas operaciones.

La interrogante es si en una eventual escalada de tensiones, estas naciones estarían dispuestas a sumarse a un conflicto de la mano con EEUU contra Venezuela que conduciría al conjunto de la región a una inexorable zona de guerra.

No obstante, nadie duda de la capacidad de respuesta estadounidense ante cualquier provocación o crisis, tomando en cuenta su presencia militar en bases colombianas, las Antillas y el Comando Sur, a tres horas de distancia aérea.

Se trata, opinan los analistas, de uno de los mayores despliegues militares de EEUU en la zona desde la invasión a Panamá en 1989 que derrocó al general Manuel Noriega para ser llevado a juicio en suelo estadounidense por tráfico de drogas.

Sin embargo, en 1994, con el respaldo de la ONU, hubo un contingente del ejército estadounidense con destructores, un portaaviones y 25.000 militares que desembarcaron en Haití para reponer en el poder a Jean-Bertrand Aristide, que había sido elegido presidente en 1991, pero derrocado por un golpe militar encabezado por el general Raoul Cédras.

Una operación militar sobre Venezuela nunca ha estado fuera de las opciones públicas de la administración Trump, en vista de que las sanciones y el aislamiento internacional, no terminan por impulsar la salida de Maduro y la definitiva toma de posesión de Juan Guaido, reconocido por la Casa Blanca y medio centenar de naciones como líder legítimo del país.

Una investigación de la organización independiente de investigación y defensa, WOLA, que cita informes del Comando Sur, señala que el 82% de la droga que arriba a territorio de EEUU sale del Pacífico colombiano. No obstante como parte de los argumentos para poner precio a las cabezas de Maduro y sus allegados, Washington ha señalado los cícnulos de los jerarcas del chavismo con la narcoguerrilla colombiana FARC e igualmente asegura que es Venezuela la mayor amenaza en drogas para el hemisferio occidental en este momento.

Cuando el Departamento de Justicia ofreció 15 millones de dólares por la entrega de Maduro, el Fiscal General William P. Barr lo acusó de desplegar cocaína como “arma para socavar” a EEUU. Para los agentes antinarcóticos, el principal problema con Venezuela radica en que es el propio aparato Gobierno-Estado, aferrado al poder en esa nación, el que está implicado al más alto nivel en negocios de droga, lo que hace imposible desde cualquier óptica combatir a los carteles.

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