MIAMI.- Las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos a Cuba, en materia de viajes, tienen un argumento principal: el apoyo que brinda la dictadura castrista a Nicolás Maduro y Daniel Ortega, en Venezuela y Nicaragua, respectivamente. Ese actuar derivó en un renovado instrumento de presión de la Casa Blanca para incidir en la eliminación de un negocio muy lucrativo, con amplias expectativas de crecimiento, que mantiene abultadas las arcas del régimen de La Habana, por los cruceros que atracan en puertos cubanos.
Las cifras no mienten. El turismo de cruceros ha tenido un aumento exponencial y sostenido en los últimos años tras el “deshielo” de las relaciones entre EEUU y Cuba, durante la administración del presidente Barack Obama. De unos 320.000 turistas que llegaron a la isla en 2017 a bordo de esas enormes embarcaciones, el número casi se triplicó en 2018 cuando habrían arribado no menos de 800.000.
Para Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, organización que en julio de 2018 lanzó una campaña en contra de los viajes en crucero a la nación insular, esa modalidad de turismo representó a la dictadura alrededor de 3.000 millones de dólares en los últimos años, que “no se ven invertidos en nuevos hospitales, escuelas y calles para el pueblo cubano”.
“¿A dónde se estaba yendo ese dinero tan grande?”, se preguntó el activista, quien acto seguido titubeó al responderse a sí mismo: “A los bolsillos de quienes desangran al cubano de a pie en la isla, que cada día tiene menos recursos para sobrevivir”.
Los cambios anunciados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que entraron en vigor el pasado 5 de junio, prohíben los viajes a Cuba en cruceros y a través de otras embarcaciones y aeronaves privadas. También se cancela la modalidad de “pueblo a pueblo” o “viajes educativos grupales”, una de las categorías con la que los estadounidenses podían viajar legalmente a la isla caribeña.
Al respecto, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, afirmó que “estas acciones ayudarán a mantener a los dólares estadounidenses fuera del alcance de los militares y los servicios de inteligencia y de seguridad cubanos”. Gutiérrez-Boronat, como uno de los representantes del exilio cubano en Miami, dijo que comparte “plenamente” esa tesis.
De hecho, las mismas autoridades cubanas preveían la construcción de cuatro nuevas terminales de cruceros para el año 2024, con el fin de sustentar el crecimiento de este renglón turístico. Ahora, con las restricciones ordenadas por Washington, —estiman los especialistas— las proyecciones “seguramente” tendrán que cambiar.
Además, hace algunas semanas el titular del ministerio de Turismo de Cuba, Manuel Carrero, anunciaba que la isla esperaba recibir por diferentes medios alrededor de 5 millones de visitantes en 2019, lo que representaría un incremento del 17% en la actividad turística y unos 3.000 millones de dólares. El año anterior la isla registró 4.7 millones de visitas.
Frente a los cambios, las compañías de cruceros Carnival, Royal Caribbean y Norwegian, que figuran entre las más grandes del mercado de paquetes turísticos en este renglón, se vieron precisadas a eliminar a Cuba de sus itinerarios, con las consecuentes expresiones de malestar de quienes tenían reservas para desembarcar en el puerto de La Habana.
Estadísticas de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés) daban cuenta de que al menos 800.000 reservas de cruceros habían quedado en un “limbo”, a la espera de que los pasajeros recibieran las compensaciones correspondientes.
Los estadounidenses tienen prohibido hacer turismo en Cuba, y solo pueden viajar a la isla si cumplen con algunas de las 12 categorías establecidas durante el Gobierno de Obama, entre las que se cuentan las visitas gubernamentales, actividades de medios de comunicación o centros de investigación, proyectos educativos, religiosos y médicos.
Reacciones
Según el congresista republicano Mario Díaz-Balart, los llamados viajes de “pueblo a pueblo” en grupo, “pueden haber cruzado la línea del turismo ilegal”. Sin embargo, advirtió que “todavía hay doce categorías de viajes legales a Cuba” para que los estadounidenses puedan ir a la nación caribeña.
Tras felicitar al presidente Trump “por continuar su fuerte solidaridad con el pueblo cubano al reducir recursos para sus opresores”, el legislador cubanoamericano agregó que “la eliminación de viajes de ‘personas a personas’ individuales, y ahora también de ‘personas a personas’ en grupos, pondrá fin a los abusos de viajes a Cuba”.
En opinión de Díaz-Balart, el recrudecimiento de las sanciones en contra de la dictadura castrista significará “menos recursos para el régimen que controla gran parte de la industria turística de Cuba”.
“En este momento, mientras el régimen en Cuba está socavando la democracia en Venezuela, oponiéndose a los intereses de los Estados Unidos en nuestro hemisferio y oprimiendo al pueblo cubano, es crucial que hagamos todo lo posible para negar los dólares estadounidenses a esa brutal dictadura”, subrayó.
El fin de los viajes educativos en grupo podría significar un “duro golpe” para el turismo estadounidense en la isla que, desde la óptica de La Habana, había “despegado” con las iniciativas tomadas por el expresidente Obama.
Sin embargo, no todos en el sur de la Florida celebraron las nuevas restricciones. Marcelino Miyares, directivo del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el exilio, sostuvo que se trata de una “medida propagandística” para “mostrarle al mundo que algo se está haciendo” por derrocar al castrismo.
Por su parte, el periodista Gustavo Godoy, que tiene una extensa trayectoria como directivo de medios de comunicación, expresó que “se vuelve a bailar ‘tres pasos para la izquierda y tres pasos para la derecha’, como la canción” sin resolver –según dijo– el “problema de fondo”.
