En febrero de 2023, el régimen sandinista de Daniel Ortega expulsó hacia EEUU a más de 200 nicaragüenses a quienes despojó de la nacionalidad
El gobernante sandinista, Daniel Ortega, en una ceremonia junto a la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, en Managua, Nicaragua.
APWASHINGTON.- Estados Unidos lamentó que un año después de la expulsión masiva de Nicaragua de más de 200 opositores, el régimen de Daniel Ortega sigue intentando "silenciar las voces del pueblo nicaragüense", por lo que pidió respeto para los derechos civiles y políticos de "todos" los ciudadanos.
El 9 de febrero de 2023, 222 "presos políticos" llegaron a Estados Unidos procedentes de Nicaragua, fruto de una expulsión masiva que implicó que estas personas fuesen declaradas traidoras a la patria y se quedasen apátridas, sin nacionalidad.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, lamentó que, un año después, "Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen deteniendo injustamente o forzando al exilio a aquellos que quieren ejercer sus Derechos Humanos y libertades fundamentales en Nicaragua".
La Administración de Joe Biden aplicó en este último año nuevas sanciones contra funcionarios nicaragüenses de menor rango sin, entre ellos personas vinculadas al proceso que derivó en el destierro de 222 personas. En total, el régimen de Ortega ha expulsado a más de 300 presos, entre ellos un grupo de 18 religiosos desterrados en enero y en el que figuraba el obispo Rolando Álvarez.
Álvarez, condenado a 26 años de prisión por conspiración y otros delitos, es una de las figuras religiosas más críticas del régimen de Ortega y Rosario Murillo.
La lista de los expulsados de Nicaragua incluye al obispo de Siuna (noreste), a monseñor Isidoro Mora y a varios sacerdotes que eran autoridades en la Arquidiócesis de Managua, como los vicarios Silvio Fonseca, Miguel Mántica y Carlos Avilés.
A principios de enero, el Parlamento de Nicaragua, controlado por el gobernante Frente Sandinista, ratificó una reforma a la Constitución Política que permite despojar de la nacionalidad a todo nicaragüense que sea sentenciado por “traición a la patria”.
Con la enmienda, aprobada en segunda legislatura como obliga la ley, el artículo 21 establece que las personas “sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley 1055” (conocida como Ley de la Soberanía) serán consideradas “traidores a la patria y perderán la nacionalidad nicaragüense”.
Nicaragua vive una crisis que se inició tras la revuelta social de abril de 2018, cuando manifestantes salieron a protestar contra una reforma al seguro social y fueron reprimidos con violencia por policías y paramilitares, con el resultado de 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados ese año, según organismos de derechos humanos.
La represión y la crisis económica ha provocado el éxodo de miles de nicaragüenses.
FUENTE: Con información de Europa Press / AP
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