NUEVA YORK.- Estados Unidos pidió el miércoles al régimen del delfín de Evo Morales, Luis Arce que lleve a cabo procesos judiciales “justos e imparciales” para los acusados de los hechos de violencia ocurrida a fines de 2019 en Bolivia, cuando ese país se sumió en el caos tras unas fallidas elecciones que precipitaron la renuncia de Morales.
Thomas Lerstern, representante alterno de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo durante una reunión del organismo que su país se solidariza con las víctimas de la violencia en Bolivia pero que debe haber garantía de juicios justos.
“Los derechos humanos de todas las partes deberían ser respetados para mostrar al mundo que justicia creíble y transparente ha sido servida,” dijo Lerstern. “Estados Unidos urge al gobierno boliviano a que implemente procesos judiciales imparciales, creíbles, que ofrezcan trato igualitario tanto a sus aliados políticos como a sus oponentes”.
La expresidenta Jeanine Áñez y otros 40 exfuncionarios, militares y policías están siendo procesados por los hechos violentos ocurridos durante la crisis política que dejó 37 muertos. Las elecciones de 2019 fueron denunciadas como fraudulentas por la OEA, lo que desencadenó un estallido social que obligó a Morales a renunciar tras 14 años en el poder.
Áñez, una senadora opositora, estaba habilitada para la sucesión que se activó tras la renuncia de Morales y su precipitada salida a México. La exmandataria convocó a elecciones en octubre de 2020 y Arce se impuso con el 55% de los votos. Ningún miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales es enjuiciado por el fraude electoral y el estallido social, pese a que Morales ha sido señalado de propiciar el caos.
El pedido del miércoles de Estados Unidos se dio durante una reunión virtual del Consejo Permanente de la OEA para escuchar las conclusiones de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre lo ocurrido durante el estallido.
El informe, que ya fue presentado en agosto de 2021 en Bolivia, responsabiliza a los gobiernos de Morales y Áñez por la violencia que derivó en “masacres”, “torturas,” “ejecuciones sumarias” y “graves violaciones de los derechos humanos”.
Áñez está en prisión desde marzo de 2021 acusada de sedición, terrorismo y conspiración pero no queda ningún proceso judicial en pie contra Morales y sus excolaboradores.
Pero el régimen del MAS ha acusado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de supuesto "intervencionismo" y de insultar al pueblo boliviano con su insistencia de que hubo fraude en las elecciones de 2019.
En la reunión del miércoles varios países latinoamericanos agradecieron al panel de expertos del GIEI su “exhaustivo” informe. El GIEI fue conformado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
FUENTE: Con información de AP