ESPECIAL
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@VeroEgui
CARACAS.- El 10 de enero se marca un hito en las relaciones diplomáticas de Venezuela con otras naciones: La comunidad internacional enfila su política en desconocer la toma de posesión de un gobierno que fue reelecto el 20 de mayo de 2018 en un viciado proceso electoral, donde se violaron las condiciones de integridad electoral.
Pero el aislamiento externo, no es garantía de éxito frente al régimen de Nicolás Maduro.
Bajo el chavismo -primero con Hugo Chávez y luego con su heredero político- Venezuela entró en la senda del repliegue internacional. En 2006 se retiró de la Comunidad Andina de Naciones, en 2013 denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y en 2017 denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estas acciones apuntan hacia el aislamiento político, pero también a la indefensión de los ciudadanos frente a las violaciones de derechos humanos que comete el régimen.
En ese sentido, la postura del Grupo de Lima de desconocer a Maduro y la posible ruptura de relaciones diplomáticas al considerar retirar a sus embajadores o encargados de negocio, podría beneficiar precisamente a su régimen y afectar a la ciudadanía venezolana si no se acompaña de otras medidas. Esta postura es compartida por Mariano De Alba, abogado venezolano, especialista en Derecho Internacional, que ve este rumbo como la oportunidad perfecta del régimen para evitar la supervisión de la comunidad internacional en relación con los compromisos que ha asumido previamente el Estado sobre los derechos humanos.
De concretarse una retirada de embajadores de Latinoamérica y Europa, "supondría que el accionar de la comunidad internacional quedaría reducido tanto para recabar información como para prestar asistencia a actividades concretas, tender puentes entre distintos actores y facilitar la realización de trámites relacionados con sus países. La retirada de los embajadores no lograría mucho, especialmente con un gobierno al que no le importa lo que opinen sus vecinos”, señala Mariano De Alba, abogado venezolano especialista en Derecho Internacional.
Justamente, mientras la comunidad internacional debate las acciones diplomáticas frente al autoritarismo de Maduro, la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos se profundiza velozmente por los efectos de la hiperinflación. Esta inestabilidad económica causará la migración de dos millones más de venezolanos, sumados a los tres que ya se han ido en los últimos tres años, suponiendo una presión política, económica y social para los países receptores, según estimaciones de Naciones Unidas.
En este sentido, De Alba advierte que un mayor crecimiento en el número de inmigrantes venezolanos podría generar inestabilidad en los países de la región, lo que motivaría escenarios diplomáticos distintos. “La inestabilidad podría obligar a los países vecinos a replantear su respuesta y considerar medidas más fuertes para hacer frente a la situación: cierre de fronteras, embargo comercial, cese de toda relación diplomática y financiera, así como la evacuación de todos sus nacionales en Venezuela, incluyendo una eventual intervención, que bajo el escenario actual sigue luciendo poco probable".
El experto es enfático en señalar que una migración masiva que supere la capacidad de respuesta de los países receptores, unido al agravamiento de la crisis y el riesgo que representa el régimen para la paz y la seguridad de la región, podría ser el detonante para que los propios países vecinos comiencen a considerar una solución a la fuerza.
Desde Estados Unidos se está buscando coordinación regional para abordar la crisis con los vecinos de Venezuela. El Secretario de Estado, Mike Pompeo asistió a la toma de posesión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y se reunió en Colombia con el mandatario Iván Duque, en ambos encuentros la toma de posesión de Maduro formó parte de la agenda política, reafirmando que la situación preocupa a la región.
Cómo contrarrestar el poder
Considerando el fraude electoral del 20 de mayo, jurídicamente Maduro no podría ser juramentado presidente electo, según declaró la Asamblea Nacional de Venezuela, junto con más de cincuenta países que desconocieron dicho proceso electoral. Lo que correspondería es convocar otro proceso con condiciones y garantías electorales, y mientras se elige a un nuevo mandatario, asumiría el presidente del órgano legislativo las riendas del país. Sin embargo, los lineamientos jurídicos carecen de sentido práctico cuando no hay poder para contrarrestarlo, como ocurre hasta ahora en Venezuela.
Luego de ser diezmados los adversarios políticos de Maduro, a través de represión, cárcel, inhabilitaciones y una estrategia de destrucción política; la ciudadanía quedó huérfana de líderes que articulen acciones que motiven a la ciudadanía a ejercer sus derechos políticos para restituir la democracia en Venezuela.
Pero esto no le ha impedido a la población salir a las calles a protestar. De hecho, el año 2018 se generaron 10.773 protestas, de ellas 2.810 correspondieron a exigencias de los servicios públicos (agua, gas, electricidad), pero todas sin articulación política.
Los retos de los líderes de oposición son diversos. “Los ciudadanos deben creerse que la situación puede ser revertida, que son ellos quienes cuentan con el poder para lograrlo. Es clave la organización de los grupos que realmente buscan construir un país distinto. También es necesario definir una jerarquía, y liderazgo en el que la población confíe. Con esto alcanzado, vendrían las tácticas: protestas articuladas, conversaciones estratégicas con funcionarios del Gobierno que están descontentos, la definición de un plan para reconstruir el país y la promoción de la reconciliación y la justicia. Todo esto hay que hacerlo ante un panorama aterrador: un gobierno autoritario, una crisis económica sin precedentes y una migración en ascenso", sentencia De Alba.