El arco minero: donde también se decide el futuro estratégico de Venezuela

Como militar y analista considero indispensable partir de una premisa básica: hasta el presente no existe evidencia pública verificable que permita afirmar la presencia de Marines norteamericanos desarrollando operaciones en las zonas mineras de Bolívar y Amazonas. Sin embargo, concentrar el debate en esa discusión puede terminar ocultando una realidad mucho más importante. La verdadera pregunta no es si existen o no fuerzas extranjeras en el terreno.

La verdadera pregunta es por qué el régimen venezolano ha decidido intervenir ahora espacios que durante años permanecieron bajo el control efectivo de organizaciones criminales, sindicatos armados, grupos guerrilleros y estructuras vinculadas a la minería ilegal. Esa pregunta conduce inevitablemente a una segunda interrogante aún más incómoda; ¿Quién permitió que esas estructuras crecieran?.

Como oficial que sirvió en el sur venezolano y conoció de cerca la realidad operacional de los estados Bolívar y Amazonas, resulta imposible aceptar la tesis de que la expansión de la minería ilegal ocurrió sin conocimiento de las autoridades responsables de ejercer soberanía sobre la región. Las extensas áreas devastadas, los campamentos mineros, las rutas de abastecimiento, el transporte de combustible, la movilización de maquinaria pesada, los corredores de exportación ilegal y la presencia permanente de grupos armados no son fenómenos que puedan desarrollarse durante años sin que los organismos militares, policiales y de inteligencia tengan conocimiento de ello.

Denuncio con absoluta responsabilidad que el régimen chavista, que ha permitido y se ha sostenido durante años de esta actividad minera criminal, no puede ni podrá establecer una auténtica operación de ordenación territorial ni de regulación efectiva de la minería. El combate contra las fuerzas delictivas existentes es necesario, pero conociendo a los personajes involucrados y su profunda participación en estos negocios, evitarán ser consecuentes en un desmantelamiento profundo. Temen represalias de los mismos esbirros a quienes permitieron operar con impunidad, y saben perfectamente que sus propias posesiones y las de sus aliados no serán intervenidas.

La tragedia del Arco Minero no es consecuencia de la ausencia del Estado. Es consecuencia de una forma determinada de presencia estatal que permitió la consolidación progresiva de economías criminales asociadas a la explotación de recursos estratégicos. El régimen venezolano no puede presentarse ahora como víctima de una realidad que contribuyó decisivamente a construir. La minería ilegal terminó convirtiéndose en un sistema de poder. Un sistema donde convergieron intereses criminales, corrupción institucional, explotación humana, destrucción ambiental y pérdida efectiva de soberanía.

La creación formal del Arco Minero del Orinoco en 2016 aceleró ese proceso. Presentado como una alternativa económica frente al colapso de la industria petrolera, el proyecto abrió enormes extensiones del territorio nacional a una actividad extractiva que, lejos de generar desarrollo sostenible, terminó profundizando problemas estructurales que aún hoy afectan a la región. Miles de hectáreas de selva fueron destruidas. Importantes cuencas hidrográficas resultaron contaminadas. Comunidades indígenas quedaron sometidas a nuevas formas de explotación. Y amplios territorios pasaron a ser controlados por actores armados ajenos a la institucionalidad republicana.

Dentro de ese contexto, el papel desempeñado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) merece especial atención. La organización dejó de actuar exclusivamente como una guerrilla insurgente para convertirse en numerosos sectores del Arco Minero en una estructura de control territorial, regulación económica y protección armada de actividades vinculadas a la extracción y comercialización de minerales. Su presencia constituye una de las manifestaciones más evidentes de la pérdida de soberanía sufrida por el Estado venezolano durante los últimos años.

Pero sería un error analizar este fenómeno únicamente desde una perspectiva nacional. La realidad del Arco Minero se encuentra profundamente conectada con la nueva competencia geopolítica global. Uno de los mayores errores cometidos por muchos analistas consiste en creer que Rusia, China e Irán llegaron a Venezuela únicamente atraídos por sus recursos naturales. Las grandes potencias no actúan de esa manera. Los recursos son importantes, pero la geografía estratégica suele ser aún más importante.

Venezuela posee petróleo, gas, oro, coltán y otros minerales críticos para la economía del siglo XXI. Pero además posee una ubicación geográfica privilegiada, acceso al Caribe, proyección amazónica y una proximidad estratégica con los Estados Unidos que ninguna potencia seria ignora. Durante las últimas dos décadas Rusia fortaleció su presencia mediante cooperación militar, financiamiento e inversiones energéticas y mineras. China desarrolló una estrategia aún más amplia, incorporando infraestructura, tecnología, financiamiento, telecomunicaciones y participación en proyectos vinculados a recursos estratégicos. Irán consolidó mecanismos de cooperación energética, industrial y política que fortalecieron su presencia en el país.

El Arco Minero terminó convirtiéndose en parte de esa arquitectura de influencia. No porque el oro fuera el único objetivo. Sino porque los recursos estratégicos constituyen instrumentos fundamentales de poder en la competencia global contemporánea. Desde la perspectiva de Washington, esta realidad comenzó a adquirir una importancia creciente. La política impulsada por la administración del presidente Donald Trump debe entenderse dentro de una lógica estratégica más amplia orientada a reducir la influencia de potencias adversarias en espacios considerados relevantes para la seguridad hemisférica. Ello no implica necesariamente intervención militar directa. Implica presión política, económica y diplomática destinada a modificar comportamientos y crear nuevas condiciones de estabilidad regional.

En ese contexto, las operaciones actualmente desarrolladas en el Arco Minero pueden interpretarse como parte de un proceso de reordenamiento territorial orientado a recuperar control sobre espacios que durante años estuvieron dominados por estructuras criminales y actores armados irregulares. Pero la verdadera prueba aún está pendiente. La cuestión fundamental no consiste en destruir campamentos o incautar maquinaria. La cuestión fundamental consiste en determinar si también serán desmontadas las redes políticas, económicas y criminales que hicieron posible la existencia de esas estructuras. Porque una cosa es combatir a los actores visibles del problema. Otra muy distinta es desmontar las causas que permitieron su surgimiento.

Más allá de la coyuntura inmediata, existe un aspecto aún más importante. La reconstrucción futura de Venezuela exigirá una visión estratégica de largo plazo. El petróleo seguirá siendo un componente fundamental de la recuperación nacional. Pero los minerales estratégicos contenidos en el Arco Minero también pueden desempeñar un papel decisivo durante las próximas décadas. La verdadera pregunta es quién administrará esos recursos y bajo qué principios. La riqueza por sí sola nunca garantiza prosperidad. Lo demuestra la propia historia venezolana. Los recursos naturales generan oportunidades. Las instituciones determinan los resultados. Por ello, el desafío venezolano no consiste únicamente en recuperar territorios. Consiste en reconstruir instituciones capaces de transformar esos recursos en bienestar poblacional.

Solo a través de un nuevo gobierno legítimo, surgido de la voluntad popular y en firme alianza estratégica con los Estados Unidos, se podrá desmantelar de verdad, organizar, regular y recomponer el territorio minero bajo estándares reales de seguridad humana, ambiental y productiva. Desde esta perspectiva, puede existir una convergencia significativa entre los intereses estratégicos de Estados Unidos y las necesidades históricas de reconstrucción nacional de Venezuela. Estados Unidos requiere estabilidad regional, seguridad energética, reducción de la influencia de actores hostiles y control de amenazas criminales transnacionales. Venezuela necesita inversión, tecnología, seguridad jurídica, desarrollo energético, recuperación institucional y crecimiento económico sostenible. La convergencia de esos intereses podría abrir oportunidades inéditas para la recuperación nacional.

No se trata de dependencia, no se trata de subordinación. Se trata de asociación estratégica basada en intereses compartidos. La verdadera riqueza de Venezuela no reside en el petróleo, el oro o el coltán. Reside en la capacidad de convertir esos recursos en prosperidad, estabilidad y desarrollo para su pueblo. Reside en la capacidad de sus instituciones para transformar esos recursos en libertad, prosperidad, seguridad y desarrollo para su pueblo. Reside en el aprovechamiento del gran talento humano venezolano y hoy aún más, cuando se avizora esa anhelada libertad y el retorno de millones de venezolanos con una vasta experiencia de otros países donde se situó la diáspora venezolana, y donde pudo cultivar y aprehender conocimientos que harán de gran valor a la recuperación de la nación.

La tragedia del Arco Minero demuestra hasta dónde puede llegar una nación cuando sus recursos son utilizados para sostener estructuras de poder, economías criminales e intereses geopolíticos ajenos al bienestar de su pueblo. Pero esos mismos recursos pueden convertirse en la base de una nueva etapa histórica si son administrados por instituciones legítimas, transparentes y técnicamente capacitadas. El desafío de Venezuela ya no consiste únicamente en recuperar territorios. Consiste en recuperar el propósito nacional para el cual esos territorios existen.

La batalla que hoy se libra en el Arco Minero trasciende ampliamente la minería. Es una batalla por la soberanía. Por la seguridad hemisférica y por el control de recursos estratégicos fundamentales para el siglo XXI. Y, sobre todo, por la posibilidad de que Venezuela deje atrás décadas de destrucción nacional, institucional, productiva y moral, para iniciar finalmente un proceso de reconstrucción nacional sustentado en la libertad, los valores humanos, la transparencia y el desarrollo.

El futuro de Venezuela no se está decidiendo únicamente en Caracas y los campos petroleros, también se está decidiendo en las selvas y sabanas del Orinoco.

Ing. Antonio Rivero G.

Gral. Bgda. Ejército de Venezuela (Ret.)

M.Sc. (Estrategia)

Analista Geopolítico-Militar

X: @antonioriverog