CARACAS/ESPECIAL.- Durante la última década el gobierno venezolano ha redefinido el sistema de partidos en Venezuela para evitar la aparición de organizaciones disidentes de la Revolución Bolivariana y a la vez evitar la consolidación de agrupaciones que puedan adversarlo electoralmente.
De los 35 partidos que han sido habilitados para participar en la elección presidencial del 28 de julio solo dos organizaciones pertenecen a la opositora Plataforma Unitaria e incluso, del grupo de partidos habilitados hasta 11 organizaciones han sido intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín a Nicolás Maduro, para modificar la composición de sus directivas imponiendo en los cuadros de dirección a personas vinculadas con la defensa de la Revolución Bolivariana o extremadamente críticas de las organizaciones políticas opositoras tradicionales.
Los integrantes de la organización de control electoral Votoscopio recuerdan que la estrategia de modificar el ecosistema de partidos comenzó hace más de una década cuando se comenzó a instaurar en Venezuela un sistema de partido hegemónico, en el cual, a pesar de la existencia de un número importante de organizaciones políticas, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mantiene siempre la primera opción de triunfo en los comicios.
Este nuevo ecosistema se nutre de organizaciones políticas que, en teoría, adversan a la Revolución Bolivariana, pero cuyos integrantes no muestran interés en conseguir condiciones político-electorales que permitan garantizar la alternancia en el Poder Ejecutivo.
Las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), ente también alineado con la dictadura, en relación con las organizaciones políticas habilitadas a participar en la elección presidencial convocada para el 28 de julio limitan las opciones de postulación de la Plataforma Unitaria a solo dos partidos: Mesa de la Unidad Democrática y Un Nuevo Tiempo. El resto de las organizaciones que integran a la Plataforma Unitaria han sido ilegalizadas paulatinamente o intervenidas judicialmente desde las elecciones parlamentarias del año 2015.
A raíz de las elecciones parlamentarias celebradas en 2015 la tiranía de Maduro comenzó un proceso lento, pero sostenido, para evitar la organización política y electoral de sus adversarios políticos. De 20 organizaciones reconocidas por el CNE que conformaban la alianza de oposición para las elecciones parlamentarias de 2015, a la fecha solo mantienen su legalidad dos partidos.
Incluso, el CNE decidió durante la última semana ilegalizar a organizaciones políticas por fuera de la Plataforma Unitaria pero que pudiesen hacer alianzas electorales con la oposición para la elección presidencial. El caso más emblemático es el del histórico Movimiento al Socialismo (MAS), que no podrá participar en los comicios al no recibir la aprobación de los rectores del CNE.
Según el monitoreo de la organización Votoscopio, la autoridad electoral venezolana ilegalizó durante la última semana (en los días previos a la postulación de candidaturas) 16 organizaciones políticas, bien sea por no cumplir con el requisito de obtener en las elecciones regionales de 2021 votos equivalentes al 1% de los electores inscritos en, al menos, 12 estados; por no haber presentado candidatos en los últimos comicios (2021) o no superar la presencia condicionada por no cumplir con los requisitos.
La organización advierte en sus informes que la renovación de los partidos políticos “es una actividad rutinaria de la Comisión de Participación Política y Financiamiento que no forma parte de las actividades de organización de la elección. La definición de los partidos habilitados es una actividad pre-electoral. La ley, además, permite que los partidos políticos que no cumplan con los requisitos de postulación pueden intentar revertir su estatus recogiendo firmas y huellas de electores para conformar su nómina de inscritos (0,5% de los electores inscritos en, al menos, 12 estados). Al incluir una actividad ordinaria dentro de las actividades de organización de la elección, ninguno de los partidos inhabilitados tiene oportunidad de revertir su situación".
La ilegalización de la mayoría de las organizaciones que integran a la Plataforma Unitaria dificulta aún más la estrategia que deberá seguir la oposición durante los próximos días para postular a su candidato presidencial. Un candidato que deberá ser un sustituto acordado de María Corina Machado, la principal favorita en todos los estudios de opinión pública, pero impedida de participar en la elección a raíz de la imposición de medidas legales que le prohíben entrar en los comicios.