Mario Alexander Penagos Rojas / Especial
La situación actual que atraviesa Venezuela, cuyos efectos se proyectan de manera directa sobre Colombia, presenta un nivel de complejidad que desborda ampliamente el relato habitual de los medios. La profunda crisis política, económica y humanitaria que vive el país constituye la más grave de su historia y es consecuencia directa de las decisiones adoptadas durante las dictaduras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
En este marco, la operación que condujo a la captura de Nicolás Maduro se inscribe en una dinámica hemisférica cuidadosamente diseñada y ejecutada en un espacio geográfico y geopolítico que forma parte del anillo estratégico de seguridad de los Estados Unidos. El trasfondo de esta acción apunta a la reconfiguración de un nuevo mapa de influencia política entre los principales actores globales.
En este tablero geopolítico, Estados Unidos ha optado por asumir la iniciativa en el continente americano. Se trata de una apuesta comprensible desde su lógica estratégica: Washington dispone de una capacidad logística estrechamente vinculada a su poder militar y considera que el hemisferio occidental continúa siendo su zona natural de influencia. No obstante, esta decisión plantea interrogantes relevantes sobre su alcance, dirección y sostenibilidad. Bajo distintos argumentos, se impulsa una reconfiguración del equilibrio geopolítico frente a otros polos de poder global, una visión compartida por el gobierno de Donald Trump, convencido de que este es un momento propicio para redefinir posiciones estratégicas en el escenario internacional.
El impacto más inmediato de esta reconfiguración se manifiesta en Colombia. Venezuela se ha convertido en el epicentro de la mayor tragedia humanitaria del continente, y Colombia ha sido el principal receptor de esta crisis, al acoger a más de 3 millones de ciudadanos venezolanos, cifra que convierte al país en el principal destino de la diáspora venezolana en la región, lo que ha transformado la migración en un factor que adquiere dimensiones de seguridad transnacional.
Este flujo migratorio, sumado a la fragilidad estructural de la frontera, ha facilitado la consolidación de organizaciones criminales transnacionales en los principales centros urbanos del país. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali se han convertido en nodos estratégicos donde confluyen estructuras como el Tren de Aragua, Los Satanás, entre otras, así como células articuladas entre el ELN y las denominadas “disidencias” de las FARC. Desde estos espacios se coordinan y proyectan actividades delictivas de alto impacto que debilitan la capacidad de gobernanza del Estado, aprovechando una frontera extensa y escasamente controlada.
En regiones como el Catatumbo, esta dinámica se expresa con particular intensidad. Allí se han consolidado focos críticos de violencia, con acciones criminales persistentes por parte del ELN y las FARC. Este escenario ha favorecido la configuración de un espacio binacional funcional a intereses articulados desde Miraflores, con Nicolás Maduro como eje político central. El objetivo resulta evidente: garantizar corredores estratégicos de movilidad y tráfico de drogas, una situación que se ha visto facilitada por el enfoque adoptado por el actual gobierno colombiano.
La administración de Gustavo Petro ha centrado su política de seguridad en la denominada “paz total”, una estrategia que ha implicado concesiones significativas a organizaciones criminales como el ELN y las FARC. De manera paralela, Colombia enfrenta el mayor registro histórico de cultivos ilícitos. Según el más reciente informe de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), el país cuenta con cerca de 300.000 hectáreas de coca y una producción aproximada de 3.000 toneladas de cocaína, lo que refuerza la percepción de un debilitamiento del control territorial del Estado.
En este escenario, una eventual caída definitiva del régimen de Nicolás Maduro introduce una variable adicional de alto riesgo para el gobernante colombiano. El presidente Gustavo Petro quedaría expuesto a una situación de mayor vulnerabilidad política y diplomática. Para Estados Unidos, las denominadas “disidencias” de las FARC continúan siendo catalogadas como organizaciones terroristas activas, y la política de “paz total” ha sido interpretada como un enfoque que les ha otorgado tiempo, oxígeno y un fortalecimiento territorial significativo.
A ello se suma que la afinidad ideológica del actual gobierno colombiano con el chavismo ha intensificado el escrutinio por parte de la administración de Donald Trump. Analistas advierten que eventuales pruebas surgidas de procesos judiciales adelantados fuera de la región podrían desencadenar un colapso político interno para quienes promovieron, legitimaron o normalizaron las acciones del régimen venezolano.
Ahora bien, nada de lo anterior implica una condena anticipada. Sin embargo, el país observa con cautela, el desarrollo de los acontecimientos, tanto en el ámbito judicial internacional contra Nicolás Maduro como en el futuro político de Venezuela, conscientes de que ambos factores alteran de manera significativa el equilibrio estratégico regional.
Todo ello ocurre, además, en la antesala de un nuevo ciclo electoral en Colombia. Las elecciones presidenciales, previstas para mediados de año, serán determinantes para definir el rumbo de la relación con Estados Unidos. El resultado en las urnas marcará si el país refuerza su alineamiento estratégico con Washington o si profundiza una agenda ambigua, con eventuales costos en materia de cooperación, seguridad, inversión y legitimidad internacional.
Por ahora, resulta poco probable una incursión directa de Estados Unidos en territorio colombiano. A diferencia del caso venezolano, Colombia es una democracia funcional, con instituciones reconocidas internacionalmente, un gobierno legítimamente elegido y procesos electorales en marcha. No obstante, el actual presidente debe observar con atención lo que ocurra en los próximos meses, consciente de que de ello podrían derivarse consecuencias relevantes para él.
Por lo pronto, quedan más preguntas que respuestas. No está claro hasta dónde llegará la reconfiguración hemisférica impulsada por Washington, cuál será el desenlace definitivo del proceso judicial contra Nicolás Maduro ni cómo reaccionarán las organizaciones criminales en Colombia. Lo único cierto es que el país enfrenta un momento decisivo, en el que la prudencia estratégica será tan determinante como las decisiones políticas que están por venir.
