El dictador sandinista Daniel Ortega y el jefe del Ejército Julio César Avilés.
Captura de pantalla/19 digital/portal del régimen sandinistaMIAMI – Bajo los argumentos de complicidad con la represión, contribución con la dictadura para su permanencia en el poder, e incumplimiento con el mandato establecido en las leyes de la República a cambio de favores políticos, un grupo de nicaragüenses radicados en Estados Unidos cabildean en Washington para que el Ejército de Nicaragua sea sancionado por sus estrechos vínculos con el gobernante sandinista Daniel Ortega.
Damaris Rostrán, de la Mesa de Trabajo en Nueva York y Nueva Jersey, dijo que las gestiones están dirigidas a que las sanciones incluyan al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el organismo a cargo del conglomerado de empresas del Ejército que maneja con sigilo los multimillonarios fondos del cuerpo castrense.
Se espera que la próxima ronda de sanciones al régimen de Ortega sea designada a través de la Ley Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER, por sus siglas en inglés), promulgada por el presidente Joe Biden en noviembre de 2021 en el contexto de las elecciones en Nicaragua, en las que Ortega se declaró “ganador”, tras encarcelar a siete de sus adversarios políticos que se preparaban para competir con el dictador en los comicios presidenciales.
“Es donde se maneja el dinero del Ejército, en buena parte es el dinero de la dictadura”, dijo Rostrán. El IPSM posee inversiones millonarias en empresas urbanizadoras, construcción, bienes raíces, financieras, seguros, servicios de seguridad, en la bolsa de valores de Nueva York, turismo, supermercados, servicios médicos, y hasta en universidades.
La oposición ha denunciado que los negocios de los Ortega-Murillo obtenidos al amparo del poder han sido trasladados al Ejército, con el propósito de evadir las sanciones que por violaciones a los derechos humanos y corrupción, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han designado a la familia presidencial. Uno de esos traslados son los activos de la empresa previsional Servicios Médicos Especializados (Sermesa).
El Ejército ha sido denunciado por su participación a través de paramilitares durante las protestas de abril de 2018 debido a la precisión de los disparos con los que fueron ejecutados la mayoría de los 355 nicaragüenses durante las protestas cívicas en Nicaragua en 2018, en demanda de un cambio de régimen en el país. Ortega respondió con represión a las demandas y organizó escuadrones paramilitares. El tipo de armas empleadas [rifles AK, ametralladoras PKM, escopetas lanzagranadas M79, pistolas automáticas y al menos seis tipos de fusiles de largo alcance] para reprimir, son de uso exclusivo de la institución castrense.
Los videos grabados, uno de ellos por un médico del hospital militar, muestran imágenes que involucran al Ejército en la represión, que revelan la salida y el ingreso de paramilitares a bordo de camionetas Hilux del hospital Alejandro Dávila Bolaños para abastecerse de pertrechos militares. El hospital militar es considerado una base del cuerpo castrense.
“Para nosotros que estábamos dentro de la unidad (militar) y conocemos algunas de las cosas que se estaban dando por parte del Ejército, esos paramilitares sí son militares activos que (estaban) encapuchados para no ser identificados”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS en septiembre de 2019, un médico militar refugiado en Estados Unidos quien grabó la salida de uno de los vehículos con paramilitares del hospital Alejandro Dávila Bolaños cuando se trasladaba a disparar contra manifestantes el 30 de mayo de 2018, el día de la peor masacre contra civiles, según registran las secuencias de videos y fotografías.
“Hay estrechos vínculos entre el Ejército y la dictadura, los estudios demuestran el tipo de armamento que usó el régimen para reprimir a la población, es armamento de las fuerzas armadas, es armamento bélico que se usa en las guerras”, dijo Rostrán, armamento que se usó contra civiles desarmados que participaban en las protestas.
Rostrán señaló que el armamento empleado por los escuadrones paramilitares en el Estadio Nacional en Managua para disparar contra manifestantes ese 30 de mayo, que se celebra el Día de las Madres en Nicaragua, es armamento militar. “No hay ninguna duda que el Ejército es cómplice de todas estas barbaridades que cometió la dictadura”.
Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos por acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, y el régimen sandinista, revela que los testimonios obtenidos señalan la “existencia de francotiradores”. “Como en los otros eventos analizados, los muertos caen alcanzados por disparos de arma de fuego en la cabeza y tórax”.
El jefe del Ejército, general Julio César Avilés, que desde el 2010 está al frente de esa institución y ejerce un tercer periodo consecutivo por su lealtad a Ortega, fue sancionado por Estados Unidos el 22 de mayo de 2020, por estar “alineado políticamente” al régimen y haber participado en la represión en el suministro de armas a los grupos paramilitares. El jefe militar se negó a desmantelar las fuerzas paramilitares que operan en el país, pese al mandato establecido por la Constitución.
El cabildeo es para la designación de sanciones contra las empresas militares a través de la Ley Renacer, explica Rostrán, cuyo objetivo es monitorear, informar y abordar la corrupción del régimen de Daniel Ortega y la de su familia, así como los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses.
Renacer establece al gobierno estadounidense aumentar las sanciones contra actores clave del régimen de Ortega y la coordinación de estas con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea.
La activista explicó que otro de los argumentos empleados en el cabildeo que realizan en Washington, es la relación de Nicaragua con Rusia.
“Renacer habla específicamente de lo peligroso que es esa relación militar de Rusia con el régimen de Nicaragua, la base espía [satélite ruso Glonass] que tienen en Nejapa. Son aspectos que dejamos claro que es un peligro para la seguridad de Estados Unidos y así lo dice el comando sur que atiende el hemisferio occidental. Estamos detrás de eso y de la suspensión del [tratado de libre comercio EEUU, Centroamérica y República Dominicana] DR-Cafta, no tiene sentido que sigamos alimentado una relación comercial cuando el beneficiado mayor no es el pueblo sino la dictadura”, aseveró Rostrán.
@FloresJudith7
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