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MIAMI.- Enfrentado a un proceso judicial por presunto fraude procesal y compra de testigos, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha debido comparecer ante la Corte Suprema de Justicia de su país y fue “formalmente vinculado a esos delitos”; sin embargo, mientras la investigación tiene lugar en esa nación, el respaldo al exmandatario por parte de las comunidades colombiana y venezolana asentadas en el sur de la Florida se ha hecho notable.

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Quedó demostrado durante una reunión en la ciudad floridana de Doral, en la que destacados líderes de estas dos comunidades se reunieron con ese fin.

Entre los asistentes al acto de respaldo al exdignatario estuvo la senadora de la Florida de origen colombiano, Annette Taddeo, para quien el encausamiento de Uribe envía “un mensaje preocupante a toda la región” por el hecho de que “hay exguerrilleros involucrados en este caso, que hoy están en el Congreso”.

Taddeo calificó el proceso que se sigue en contra del expresidente colombiano, quien gobernó los destinos del país sudamericano entre 2002 y 2010, como “una vergüenza” porque –a su juicio– “ver al mejor presidente que ha tenido Colombia en esta situación, es muestra de una gran persecución en su contra”.

Tras una indagatoria que duró siete horas, Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano que rinde una declaración ante la Corte Suprema de Justicia, organismo que en este momento reúne pruebas para tomar una decisión sobre si se archiva el proceso o si hay suficientes elementos para llevar a juicio al exmandatario.

Uribe, quien ha negado las acusaciones, está siendo investigado por presuntos intentos de influenciar y posiblemente sobornar a miembros de un antiguo grupo paramilitar. El caso se deriva de las acusaciones hechas hace varios años por el senador Iván Cepeda, quien dijo que Uribe era el fundador de un bloque paramilitar.

Por su parte, el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, antiguo director de Estupefacientes de Colombia durante el gobierno de Uribe, aseguró que "esto me huele a venganza porque el narcotráfico ha impuesto sus normas en Colombia, pero yo creo que vamos a ganarle al narcotráfico".

Anotó que Uribe es un "dirigente que siempre se ha apegado a la ley y la Constitución colombiana" y que "su gran obsesión fue enfrentar el crimen organizado y a todos los carteles de la droga a lo largo y ancho del territorio nacional". Plazas Vega cree que Uribe sería un buen candidato para volver a la presidencia en 2022.

Entretanto, Carlos Alaimo, director del Partido Centro Democrático en Venezuela, indicó que las investigaciones en contra del expresidente colombiano son "un atropello por su lucha y su testimonio de vida contra la doctrina delincuencial que se quiere implantar en Colombia".

En ese mismo sentido se pronunció José Amalio Graterol, coordinador en Estados Unidos del movimiento Vente Venezuela, que dirige la exdiputada venezolana María Corina Machado.

En sus propias palabras, "Venezuela se convirtió en una base del narcotráfico, con presencia de la guerrilla y plagada de mafias, y ahora vemos que los poderes públicos en Colombia comienzan a utilizarse al servicio de esas mafias".

De igual forma, la exsenadora colombiana Tania Vega sostuvo que este martes [el 8 de octubre] es el "día de la vergüenza en Colombia". Desde su punto de vista, "hay solo dos opciones: o salvarnos o llegar a un punto de no retorno, porque se han metido con un líder que representa a toda Colombia".

Dijo, además, que "Uribe es Colombia" y que "es el presidente más importante de los últimos 200 años, y esto duele en el alma, en el corazón, verlo en esta situación".

Para el activista político colombiano Fabio Andrade, quien fue uno de los organizadores de la reunión en el restaurante Mondongo's, "Uribe es un hombre comprometido con Colombia, que nunca hizo algo indebido y por eso me siento orgulloso de haber trabajado con él por espacio de 19 años".

El caso

Álvaro Uribe Vélez es investigado por un caso que se relaciona con el senador de izquierda Iván Cepeda, a quien el exmandatario acusó de buscar a exparamilitares en las cárceles colombianas para supuestamente usarlos como testigos falsos en contra suya.

Más tarde, Juan Guillermo Monsalve, uno de los exparamilitares e hijo del mayordomo de la finca Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe, afirmó que tanto el expresidente como su hermano habían participado en la creación de un bloque paramilitar.

Así las cosas, en febrero de 2018 el caso tuvo un giro. La Corte Suprema de Justicia, ente que investiga los asuntos penales que involucran a legisladores, teniendo en cuenta que Uribe actualmente se desempeña como Senador, dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares.

De tal manera, la Corte consideró que había sospechas de que el exmandatario habría manipulado testimonios para presuntamente perjudicar a Cepeda.

De acuerdo con el expediente de este proceso y como respuesta a la decisión de febrero de 2018, aliados del exmandatario habrían comenzado nuevos esfuerzos de manipulación de testigos, situación que no ha podido probarse.

El caso implica a un total de 42 testigos. Entre los más mencionados se encuentra Monsalve, a quien Uribe, de acuerdo con el mismo expediente, habría intentado acercarse para que se retractara de los señalamientos en su contra, hecho que ha negado el exmandatario.

En julio de 2018, el entonces magistrado José Luis Barceló abrió un proceso por las supuestas presiones a Monsalve. De esa decisión judicial se originó el llamamiento a comparecer en la Corte al expresidente Uribe, quien ha denunciado una persecución política en su contra.

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