Por ROBERTO ÁLVAREZ QUIÑONES
Diario de Cuba

En la Roma antigua las personas estaban subdivididas en tres grandes grupos o clases sociales: los patricios, ricos propietarios de tierra con todos los privilegios y derechos civiles de la época; los plebeyos, sin privilegios pero libres; y los esclavos o "instrumentos parlantes", como los llamaba Marco Terencio Varrón. En torno al emperador y a los senadores patricios giraba, en forma discriminatoria, el poder en la sociedad romana. Era evidente la inmadurez de la civilización.

Dos mil años después, en la Cuba castrista hay un primitivismo social muy similar. Hay también tres capas sociales: el patriciado que conforman los militantes del Partido Comunista (PCC), que son los ciudadanos de primera clase; los plebeyos o ciudadanos de segunda clase, sin privilegios ni derecho a elegir al número uno del país y al Buró Político; y los "gusanos" (el epíteto que empleaba Hitler contra los judíos) y opositores políticos, invalidados para ocupar cargos públicos, y por tanto, ciudadanos de tercera clase.

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Por eso la nueva Ley Electoral, cuyo proyecto fue publicado el 20 de junio, es una farsa. No servirá para elegir a la máxima instancia del poder político y estatal, que según la Constitución ostentan la cúpula dirigente del PCC y su jefe, que siempre se reeligen descaradamente a sí mismos, y punto.

El 92,2% de los cubanos adultos no cuenta

Porque técnicamente el derecho a "elegir" a esa elite todopoderosa que controla al Estado y el Gobierno no lo tiene la ciudadanía, sino solo el patriciado criollo, los militantes del PCC que pueden acudir a los congresos partidistas. No importa que la membresía total del PCC sea minúscula.

Actualmente hay en Cuba 8,9 millones de adultos (mayores de 16 años, según la ley) de acuerdo con datos oficiales, y el PCC tiene 700.000 militantes que representan solo el 7,8% de esa población con derecho al voto. Y es esa minoría la que elige a los delegados a los congresos del PCC, en los que se conforma el Buró Político y se "elige" al primer secretario. Los otros 8,2 millones de cubanos adultos no comunistas, 92,2% del total, no cuentan.

La nueva Ley Electoral se supone que debiera ser el instrumento legal constitucional para que se cumpla en Cuba el derecho al sufragio universal que tiene todo pueblo de elegir a sus gobernantes, como postulaba ya en 1762, en el El Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau, uno de los artífices teóricos de la democracia moderna y precursor de la Revolución Francesa.

Exclusión de la plebe

Nada de eso. Este proyecto de ley, que será aprobado sin chistar por los dúctiles diputados castristas (nunca ha habido un voto en contra de algo decidido "arriba"), solo consolidará el monopolio del PCC en la vida nacional, y validará la existencia de ciudadanos de segunda y tercera clase al excluirlos por motivos políticos para ser electos a cargos públicos, y rechazar la voluntad popular de que el presidente de la República sea elegido directamente en la urnas entre varios candidatos.

No hay en Cuba un solo jefe estatal, gubernamental, político, militar, cultural o de departamento o sección, o responsable de algo importante, que no sea un patricio militante del PCC.

Lo peor es que esta ley sepulta las esperanzas de cualquier intento reformista. Descarta la posibilidad de cambios que pudiesen conducir a una transición no estalinista, ni militarista, cuando el factor biológico saque del poder a Raúl Castro y los restantes "históricos". Lo único novedoso es puramente formal: el número de diputados se reducirá de 605 a 474 para que quepan en el Capitolio, que hollarán a partir de ahora.

Y vale recordar que desde 1948, cuando fue elegido en las urnas Carlos Prío Socarrás como presidente de la República, los cubanos jamás han podido elegir democráticamente a ningún otro jefe de Estado. Hace ya 71 años, un bochornoso récord que lastra la historia del país.

No es más de lo mismo, es un retroceso

Ni siquiera esta nueva ley es más de lo mismo, como afirman algunos, sino un retroceso, por el hecho de que verá la luz casi terminándose la segunda década del siglo XXI, y no en 1982, o en 1992, cuando se promulgaron las dos leyes electorales castristas anteriores, en tiempos del "socialismo real", o inmediatamente posteriores a su desaparición.

Bastante ha cambiado el mundo occidental –donde emergió la democracia moderna y está enclavada geográfica y culturalmente Cuba–. Hoy, de 49 países en Europa y 35 en América solo hay dos dictaduras formalmente hablando, la castrista y la chavista, que conforman el viejo proyecto castroguevarista de Cubazuela.

Antes de ser confeccionada, muchas voces hicieron propuestas a la Ley Electoral, dirigidas a "desestalinizar" al Estado cubano. Propusieron adecentar y desideologizar el sistema político, abrir vías democráticas para los reclamos de la ciudadanía y permitir la competencia entre candidatos, con acceso a los medios para explicar sus programas.

Dentro de las propias filas del PCC llovieron las propuestas de que el presidente de la República sea elegido directamente en las urnas y poner así fin al sistema de elección indirecta actual, en el que al jefe del Estado lo designa a dedo el primer Secretario del PCC (el dictador).

No solo no fue aceptada ninguna de esas propuestas, sino que muchos de los proponentes fueron despedidos de sus centros de trabajo, hostigados en mítines de repudio, metidos en la cárcel o golpeados físicamente.

La soberanía de un país, como insistía Rousseau, radica en el pueblo, que elige y legitima mediante su voto a los gobernantes que estarán a su servicio. Es lo que el pensador franco-suizo llamaba "soberanía popular" o "autoridad soberana". Pero en Cuba, país en el que la propaganda castrista asegura que el poder lo ostentan "las masas populares", no existe esa soberanía popular. El máximo poder político y gubernamental no emana de la voluntad del pueblo.

¿De qué vale el voto de los ciudadanos llanos si ellos no pueden elegir al Buró Político ni al primer secretario, los mandamases de la nación?

Los diputados no eligen a nadie

La propaganda castrista insiste en que en Cuba hay una democracia popular superior a la "burguesa" porque, sin la existencia de partidos políticos, los ciudadanos eligen libremente en sus barrios a sus representantes locales en el Poder Popular y los diputados a la Asamblea Nacional, que luego eligen al Consejo de Estado y al presidente del país.

Doblemente falso. En primer lugar, los candidatos a delegados en cada circunscripción de los 168 municipios de la Isla son todos "patricios" militantes comunistas seleccionados por el PCC en sus localidades. Los votantes no tienen cómo elegir a alguien que no sea comunista, y mucho menos a opositores políticos. Encima, todos los aspirantes a diputados nacionales van como candidatos únicos. O sea, cada candidato es instalado por el PCC en la Asamblea Nacional antes de que se celebren las elecciones.

En segundo lugar, ya "electos", los diputados tampoco eligen al presidente de la República, ni al Consejo de Estado, ni al presidente del Parlamento. De eso se encargan el dictador y el grupo de militares que lo aúpan en el poder. La misión de cada diputado es aprobar y aplaudir con entusiasmo lo que decidan el monarca y su camarilla.

¿Para qué sirve entonces esta nueva Ley Electoral?

Es una ficción jurídica, pura anestesia política. Al final, toda esta maniobra decorativa resulta ser un chiste de mal gusto.

FUENTE: Publicado originalmente en Diario de Cuba

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