Por RICHARD MATTHEWS
Especial

Casi un tercio de los diputados de la oposición enfrenta algún tipo de proceso judicial por órdenes del dictador venezolano Nicolás Maduro. De los 112 miembros de la mayoría parlamentaria, 29 sufren directamente la embestida del régimen chavista, que ha llegado al extremo de encarcelar en las últimas horas al primer vicepresidente de la Cámara, Edgar Zambrano.

El frustrado apoyo cívico-militar del 30 de abril a la Operación Libertad está siendo utilizado por Maduro para aumentar la represión contra los legisladores. El Tribunal Supremo de Justicia chavista (TSJ) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ambos controlados por el chavismo, retiraron la inmunidad a Zambrano y otros nueve representantes, entre quienes destaca el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup.

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El oficialismo acusó a los diputados de apoyar la rebelión encabezada por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, quien llamó a civiles y militares a sumarse a la Operación Libertad y ponerse del lado de la Constitución para desalojar a Maduro del palacio de Miraflores.

“Levantaremos la mano para allanarle la inmunidad parlamentaria a todos los que participaron activamente en ese acto", afirmó Diosdado Cabello, jefe de la ANC, órgano considerado ilegítimo y fraudulento por el Parlamento venezolano, las potencias occidentales y la mayoría de los gobiernos de América Latina.

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Cerco a Guaidó

La ANC desaforó el 3 de abril a Guaidó, para despejar el camino hacia su encarcelamiento. Hasta la fecha, el régimen chavista no se ha atrevido a capturar al presidente encargado, pero sí parece decidido a destruir la fuente de su legitimidad y reconocimiento tanto interno como internacional: el Poder Legislativo.

El chavismo dominó el Parlamento durante 15 años, desde 2000 a 2015. El 6 de diciembre de 2015, la oposición conquistó el mayor éxito electoral de su historia y alcanzó los dos tercios de la Cámara.

Lejos de aceptar la voluntad popular, el chavismo reaccionó con

violencia: le arrebató a la Cámara sus estaciones de radio y televisión, impugnó el triunfo de tres diputados por el estado Amazonas que jamás pudieron asumir sus cargos y en seis meses la declaró en "desacato", para eliminar de esta manera todas sus atribuciones y funciones constitucionales.

Con el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE), TSJ y la ANC, Maduro disolvió en la práctica el Parlamento. Sin embargo, el Legislativo siguió funcionando y hoy es reconocido como el único poder legítimo y democrático del país por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.

Además de atacar a la institución como un todo, el régimen ha enfilado sus baterías contra sus integrantes. En este momento, tres diputados están en prisión: Zambrano, Juan Requesens, a quien el oficialismo relaciona con el supuesto intento de magnicidio sufrido por Maduro en agosto de 2018, y Gilber Caro, detenido a finales de abril.

Voluntad Popular y la familia de Caro denunciaron este caso como "desaparición forzosa", pues las autoridades chavistas aún no precisan ni el motivo del arresto ni el lugar de su reclusión.

Los presidentes del Parlamento Henry Ramos Allup (2016) y Julio Borges (2017) están amenazados con cárcel. A Ramos Allup le fue allanada su inmunidad por los sucesos del 30 de abril, mientras que Borges debió marcharse al exilio a principios de 2018, tras el fracaso del proceso de negociación con el régimen que se celebró en República Dominicana.

Como Borges, otros legisladores tuvieron que huir al exilio para no terminar tras las rejas.

Al menos cuatro diputados están refugiados en sedes diplomáticas en Caracas. En la residencia del embajador de Chile se encuentra desde noviembre de 2017 Freddy Guevara, exprimer vicepresidente de la Cámara, acusado por Maduro de promover las protestas que ese año concluyeron con unos 120 muertos. En las últimas horas, fue recibido en la embajada de Italia Américo De Grazia, también por el caso del 30 de abril. El régimen chavista tenía en la mira a De Grazia por sus denuncias sobre las masacres, presencia guerrillera y corrupción en el Arco Minero, ubicado en el sur de Venezuela.

Guaidó ha denunciado un “golpe continuado” contra el Parlamento y ha aseverado que la oposición no piensa retroceder ni amilanarse ante los ataques de Maduro.

"Ya lo hemos dicho. El único diálogo es para hablar del cese de la usurpación, el Gobierno de transición y las elecciones libres. El diálogo es un medio para lograr un fin. No confundan ni crean que nos van a confundir. Secuestrar a Zambrano no facilita el diálogo”, sentenció.

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