El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció la instauración de "puntos de control" militares a la salida de Las Tunas y en la entrada de Granma
Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
AFPEl Régimen cubano está impidiendo de forma deliberada el ingreso de ayuda vital, organizada por iglesias y grupos independientes, hacia las provincias orientales más castigadas por el huracán Melissa. Esta acción represiva ocurre mientras el malestar popular se dispara ante la paralizante falta de alimentos, electricidad y una total ausencia de respuesta institucional.
Mediante un comunicado contundente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, denunció la instauración de "puntos de control" militares a la salida de Las Tunas y en la entrada de Granma. El objetivo: frenar el paso de ciudadanos que, por iniciativa propia, intentan llevar víveres, medicinas y otros recursos a los damnificados.
"Estas trabas agravan la tragedia vivida en la región oriental del país", advirtió el OCDH. La organización exigió al Régimen que levante de inmediato el control y permita el libre flujo de la ayuda humanitaria, instándolo a "abstenerse de controlar las iniciativas sociales".
El OCDH calificó la situación como una "emergencia humanitaria agravada por decisiones políticas", señalando la obsesión del Estado por mantener el control absoluto sobre la distribución de cualquier tipo de asistencia, incluyendo la de organismos religiosos e internacionales. El Régimen solo da vía libre a la entrega de donaciones a través de sus estructuras de control político, como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).
Los testimonios recogidos por la organización revelan la magnitud del desamparo: el viernes, aún había personas refugiadas sobre los techos de sus casas, zonas con más de cuatro días sin energía ni alimentos, y barrios enteros sin presencia de las autoridades del Régimen. La única víctima mortal confirmada extraoficialmente, un hombre arrastrado por la corriente en Palma Soriano, Santiago de Cuba, fue reportada por el periodista independiente Javier Díaz, de Univisión, ante el silencio oficial.
La alarma del OCDH coincide con un abierto estallido de malestar social. En Guantánamo, decenas de vecinos del barrio Ho Chi Minh salieron a las calles a exigir alimentos y la atención básica tras días de desastre. "La gente no aguanta más", declaró a Martí Noticias el activista Miguel Ángel López Herrera, indicando que la protesta se desató tras la burda distribución de apenas "dos libras de arroz por persona".
Aunque no se reportaron arrestos, las fuerzas policiales y agentes de la Seguridad del Estado se desplegaron para contener la protesta. Videos virales muestran a manifestantes confrontando directamente a las autoridades y denunciando el abandono estatal.
En Granma, la crisis se profundiza con la desaparición de un trabajador eléctrico en Río Cauto. Su familia denunció la falta de información y la descoordinación del rescate, mientras los vecinos contradicen el triunfalismo oficial, asegurando que "el agua sigue subiendo".
En un acto de evidente propaganda, el portal estatal Cubadebate dedicó su cobertura a exaltar el envío de ayuda internacional desde Colombia y suministros médicos de UNICEF, así como la visita de autoridades militares y del propio Miguel Díaz-Canel a las zonas de desastre, omitiendo totalmente las denuncias de represión y el bloqueo a la ayuda civil.
El presidente colombiano Gustavo Petro detalló el envío de 22 toneladas de ayuda. Por su parte, UNICEF Cuba confirmó la llegada de suministros médicos para unas 90.000 personas en las provincias afectadas. A pesar de esta ayuda, la retención por parte del régimen de las donaciones internas mantiene a miles de cubanos sin el auxilio necesario.
FUENTE: Redacción
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