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Dentro de la política internacional nunca había quedado tan expuesto el régimen de Nicolás Maduro como ocurrió esta semana. Tres hechos sin precedentes marcaron la dinámica diplomática centrándose en Venezuela: fue utilizada la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas (Nueva York) para denunciar la dictadura, se emitió una resolución sobre los derechos humanos en dicho país además de pedir la asistencia humanitaria (Ginebra), y seis naciones de la región remitieron una solicitud a la Corte Penal Internacional (La Haya) para investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Nueve gobiernos de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, y Perú) criticaron en la Asamblea General de la ONU la situación de Venezuela, centrándose directamente en la crisis migratoria, la emergencia humanitaria, la violación de derechos humanos, y la restitución de la democracia como garantía para restituir el orden público.

“Que lo hayan hecho los países de la región que recién salen de la esfera castro-chavista implica que al menos para ellos las cosas han cambiado. Pero en lo concreto, la historia está llena de denuncias del mismo estilo desde la misma tribuna. De hecho, el propio Maduro tuvo derecho a utiliza la misma tribuna y exponer su versión. Por lo que acciones propiamente dichas contra la dictadura no creo que las veamos en los próximos días“, explica Luis De Lion, abogado experto en Derecho Internacional.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Su homólogo de Brasil, Michel Temer, aseguró que su país seguirá al lado de los pueblos hermanos que sufren violaciones de derechos humanos. “La solución a la crisis venezolanos se encontrará cuando el país recobre el camino al desarrollo“.

Mientras que el presidente de Colombia, Iván Duque, indicó que “estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades en Venezuela. El mundo debe actuar para que este éxodo trágico llegue a su fin. Es un reto global, el fin de la dictadura y el retorno de la democracia en Venezuela es el único camino posible“.

En ese mismo sentido, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, advirtió que “nadie emigra por voluntad propia. En la mayor diáspora en la historia del continente, recibimos diariamente seis mil venezolanos. Cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran, sobran quienes perpetúan en el poder y se vuelven siniestros corruptos“.

Su par de Chile, Sebastián Piñera dijo “traemos a la ONU la voz del pueblo venezolano que el régimen de Maduro ha enmudecido. Desgraciadamente Venezuela está gobernada por un régimen que no respeta la libertad ni la democracia. Venezuela vive una tragedia, sus habitantes huyen de condiciones precarias de existencia. Muchos mueren por falta de alimentos y medicamentos. Chile no reconoce al Gobierno de Maduro, y continuará haciendo lo que sea posible para ayudar al pueblo venezolano a salir de eta tragedia“.

Adicionalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó como una tragedia humana que los venezolanos huyan del régimen de Maduro. “El socialismo producto sufrimiento, corrupción y miseria. Pedimos el restablecimiento de la democracia en Venezuela“.

En ese mismo orden de ideas, el Gobierno estadounidense anunció una nueva ola de sanciones para funcionarios venezolanos entre los que se encuentra la primera dama, Cilia Flores de Maduro, Delcy Rodríguez por su cargo como presidenta de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Jorge Rodríguez, como ministro de Comunicación, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa y vicepresidente Sectorial de Soberanía Política.

Sin embargo, este tipo de medidas tienen sus límites, porque son una suerte de soft power. “Son acertadas pero siempre serán insuficientes, para los que aspiramos, un efecto y un objetivo definitivo“, enfatiza De Lion.

También Paraguay se manifestó contra Maduro. Su presidente Mario Abdo, fue enfático al señalar que “no podemos ignorar que en nuestro continente persisten regímenes dictatoriales que roban la ilusión, esperanza, los sueños y los derechos humanos de sus población. Expresamos solidaridad con los pueblos de Venezuela y de Nicaragua frente a los abusos del poder“.

Asimismo, Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, llamó a Venezuela “para que en democracia encuentren la paz social que evitará que continúe la migración masiva y la crisis humanitaria. Esa migración solo se resuelve eliminando las causas que obligan a los ciudadanos a salir de sus países“.

Mientras que su homólogo de Perú, Martin Vizcarra, aseguró que su Gobierno continuará “impulsando iniciativas para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Reiteramos preocupación por las graves violaciones de DDHH e impulsaremos denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) a fin de sancionar esos crímenes“.

Sobre la CPI, la Fiscal General, Fatou Bensouda, explicó en un comunicado que recibió una remisión de un grupo de Estados Partes del Estatus de Roma: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú para que se inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, cuando tuvo lugar el proceso denominado como “La Salida“.

Aunque la investigación preliminar que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte, desde febrero de este año, ha decidido concentrarse en los hechos ocurridos durante las protestas de 2017, los seis Gobiernos de la región que remiten la información al organismo han ampliado el periodo, con lo sucedido durante los primeros eventos de represión masiva contra una población civil en Venezuela que datan de 2014.

Sin embargo, es oportuno destacar que la remisión a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no implica que se pase automáticamente a la fase de investigación formal. Esa decisión depende de lo que determine la Fiscal Bensouda.

Una consecuencia clave de esta solicitud sobre la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional es que se acortarían. “El promedio de duración de los exámenes preliminares iniciados por la Fiscalía es de casi cinco años. Pero cuando hay un referimiento, el promedio baja a ocho meses. Esto sumado a la importante atención internacional que existe sobre la situación en Venezuela, me permite afirmar que en menos de un año, muy probablemente tendremos conocimiento sobre si la Fiscalía de la Corte considera que puede iniciar la fase de investigación formal“, señaló Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

De Alba añade que el refirimiento supone que si la Fiscalía considera que no están dados los extremos para continuar a la fase de investigación formal, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte podría revisar de oficio esa decisión y ordenar continuar la investigación.

Reconocimiento de la crisis humanitaria

En el marco del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas esta semana también fue adoptada la primera resolución sobre Venezuela, con 23 votos a favor, 7 en contra, y 17 abstenciones.

Dicho documento que exige la promoción y protección de los DDHH en el país, no solo manifiesta la preocupación de los Estados miembros por la existencia de una crisis económica, política y social sino que manifiesta de forma expresa la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela.

Esta resolución no es una simple declaración de principios donde se le hacen recomendaciones al Estado, en el que tiene exhortaciones claras como la aceptación de la asistencia humanitaria para corregir la situación de escasez absoluta de medicamentos e insumos médicos, así como de alimentos, sino que tiene mandatos claros para la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.

De hecho, Bachelet al conocerse la resolución pidió al Gobierno de Venezuela que deje entrar al país a los investigadores de Naciones Unidas. La Alta Comisionada explicó que en caso de no recibir el acceso de ingreso, de todas maneras la oficina tiene como mandato hacer el monitoreo y reporte, incluso con o sin dicha resolución. “Si no podemos entrar, lo hacemos desde un país de afuera, pero si hay acceso obviamente hay la posibilidad de contar con la versión oficial“, sentenció.

Desde la tribuna de los defensores de derechos humanos se considera un gran hito. “El Consejo de Derechos Humanos hace un mandato y una solicitud a la oficina de la Alta Comisionada, para que prepare un informe exhaustivo sobre la situación de DDHH en el país, además de hacer seguimiento al país en los próximos dos periodos de sesiones en los que el Estado deberá presentar y rendir cuentas frente a los avances en estos derechos“, explicó Marianna Romero, Abogado, defensora de Derechos Humanos e investigador del Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Sin embargo, para De Lion la resolución no tiene la misma importancia “no veo presión propiamente dicha de parte de organismos multilaterales como tampoco percibo presión por parte de un país determinado. De igual forma la llamada presión interna es algo muy relativo, la opinión pública venezolana lejos de confrontar la tiranía están de nuevo en una onda electorera, otros piden, referéndum para la nueva Constitución emanada de la ANC“.

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