El Consejo de Ética del Senado brasileño inició este miércoles un proceso con miras a la destitución del parlamentario Delcidio Amaral, detenido por las corruptelas en Petrobras y quien supuestamente implicó en esos asuntos a la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva.
El primer paso de ese proceso que pudiera costarle el escaño a Amaral, hasta noviembre pasado jefe del grupo oficialista en la Cámara Alta, fue la lectura de un parecer del senador Telmario Mota, instructor del caso, quien recomendó iniciar una investigación.
"Aunque es necesario un examen más profundo, existen indicios de delitos y de faltas al decoro parlamentario" que pudieran llevar al Consejo de Ética a despojar de su escaño a Amaral, dijo el senador Mota.
El parecer presentado por Mota será discutido por los miembros del Consejo de Ética la semana próxima, cuando se decidirá si se da lugar a la investigación.
Amaral fue encarcelado en noviembre pasado, cuando ejercía como jefe del grupo oficialista en el Senado, acusado de "obstaculizar a la justicia" y de intentar sobornar a algunos implicados en la red de corrupción en la petrolera a cambio de su silencio.
Hace veinte días, la Corte Suprema autorizó que siguiera detenido en su domicilio y que incluso retomara su actividad parlamentaria, lo que aún no ha hecho.
La semana pasada, la revista Istoé publicó un explosivo reportaje en el que aseguró que Amaral ha acordado cooperar con la justicia a cambio de un futura reducción de la pena que le puede ser impuesta.
Según Istoé, Amaral aseguró que Rousseff y Lula "sabían" de todo lo que ocurría en la estatal Petrobras, que lo ampararon y que hasta intentaron manipular al Poder Judicial en favor de algunos de los empresarios detenidos por el caso.
Tanto Rousseff como Lula han rechazado las supuestas acusaciones y criticado con rigor lo que calificaron de "filtraciones ilegales" de documentos sigilosos relacionados con las investigaciones en la petrolera.
Amaral, por su parte, sólo se manifestó a través de una nota en la que dijo que, "en principio", ni él ni sus abogados "confirman el contenido del reportaje" publicado por Istoé.
Según las leyes brasileñas que regulan las llamadas "delaciones premiadas", que pueden representar una reducción de pena, esas declaraciones deben ser homologadas por el Tribunal Supremo antes de tener valor legal y garantizar esos beneficios.
En el caso de la declaración atribuida a Amaral por Istoé, aún no ha sido homologada y ello obligaría al delator a mantener silencio sobre su contenido e incluso le impediría confirmar que ha llegado a un acuerdo de cooperación judicial.
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