martes 19  de  marzo 2024
Venezuela

El régimen de Venezuela implementa una defectuosa reforma cambiaria

Si bien las nuevas normas indican el fin del control de cambio, en la práctica se mantienen las restricciones a la vez que aumenta el desequilibrio que dispara al dólar paralelo y la inflación
Por VÍCTOR SALMERÓN

El régimen venezolano aprobó nuevas normas para la compra y venta de dólares que, al menos en el papel, señalan el fin del control que durante los últimos quince años ha regulado cuántas divisas pueden comprar los particulares y las empresas. El decreto afirma que “se restablece la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, por lo que cesan las restricciones sobre las operaciones cambiarias”.

Para activar la reforma el texto legal establece que el Banco Central regulará y administrará el nuevo Sistema de Mercado Cambiario donde las empresas y los particulares del sector privado comprarán y venderán dólares “sin restricción alguna”, permitiendo que el precio de la moneda estadounidense fluctúe libremente “de acuerdo con la oferta y la demanda”.

Al final de cada jornada el Banco Central publicará el tipo de cambio de cierre de acuerdo al promedio ponderado de las distintas transacciones. Este tipo de cambio “será el de referencia de mercado” y “aplicará para todas aquellas operaciones de liquidación de monedas extranjeras del sector público y privado”.

Quienes deseen comprar y vender divisas por montos pequeños, igual o inferiores a 8.500 euros, podrán emplear la red de entidades financieras del país y las casas de cambio. Obligatoriamente las transacciones deberán realizarse a un precio que será 1% superior al establecido el día anterior por el Banco Central.

El control sigue

Si bien el decreto del gobierno emplea términos como “libre convertibilidad de la moneda”, en la práctica no hay más que una flexibilización del control porque los venezolanos siguen obligados a comprar y vender dólares a través de un sistema regulado donde el Banco Central establece el tipo de cambio de una manera que sigue creando desconfianza en el mercado.

José Ignacio Hernández, abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela explica que “no hay libre convertibilidad porque esto supone el derecho de los particulares a intercambiar divisas directamente en los términos y condiciones que pacten libremente y en este caso tienes que pasar por el filtro de un sistema regulado por el Banco Central y a la tasa de referencia que éste indique”.

El ministro de Finanzas, Simón Zerpa, dejó en claro que quienes realicen transacciones por fuera del sistema regulado serán penalizados y advirtió que “aquellas personas o empresas que decidan seguir alimentando el mercado criminal están trabajando en la sombra y con un gran riesgo financiero y legal”.

José Ignacio Hernández explica que el gobierno derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios, pero con instrumentos como el Código Penal, la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley del Banco Central de Venezuela y la Ley de instituciones Bancarias cuenta con suficientes instrumentos para sancionar.

Precio administrado

A pesar de que la demanda de dólares supera con creces a la oferta la semana pasada, que dio inicio al funcionamiento del nuevo sistema, el tipo de cambio oficial se mantuvo entre 60 y 61 bolívares por dólar, registrando una variación mínima.

José Guerra, exgerente de investigación económica del Banco Central y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, alerta que “si el Banco Central no deja que la oferta y la demanda actúen y manipula el tipo de cambio, rápidamente quedará en evidencia que no es una cotización de mercado y seguirán las transacciones en el sistema no oficial”.

Todo apunta a este resultado. El mercado paralelo ha seguido operando con total normalidad reflejando una cotización del dólar que incide en el precio de una amplia gama de productos y supera en 40% al tipo de cambio oficial.

Otro aspecto a considerar es que el gobierno desea mantener los “precios acordados” de 33 productos básicos mientras en teoría permitirá la libre fluctuación del tipo de cambio. José Guerra resume que “si el tipo de cambio es flotante los precios también tienen que ser flotantes”.

Sin municiones

El desajuste en el mercado cambiario refleja la profunda escasez de dólares que impacta a la economía. En Venezuela 96 de cada 100 dólares provienen de las exportaciones de petróleo y la cantidad de barriles que el país extrae diariamente es 42% menos que en julio de 2015 y se encuentra en niveles similares a 1950.

Al mismo tiempo, las reservas líquidas que tiene disponible el Banco Central de Venezuela, es decir, los dólares en efectivo que puede emplear para ofertar en el mercado cambiario de forma inmediata, se ubican en mínimos históricos y no superan los mil millones de dólares.

Mientras hay poca cantidad de dólares para alimentar la oferta de divisas, la demanda crece continuamente porque la administración del presidente Nicolás Maduro crea dinero para financiar gastos. En este entorno, analistas consideran que el Banco Central tiene un dilema: no tiene cómo defender un tipo de cambio estable y tampoco quiere permitir que el mercado fije el precio porque en ese caso tendría que avalar un fuerte incremento en el valor del dólar oficial.

No obstante, el pasado 5 de septiembre Nicolás Maduro afirmó que “estamos estabilizando el dólar único, fluctuante de mercado, estabilizándolo como el dólar nacional de acceso, de oferta, de demanda real de toda la economía venezolana, de toda la sociedad venezolana”.

La corrupción

Fernando Fernández, profesor de derecho penal en la Universidad Central de Venezuela y autor del libro Delitos monetarios y delincuencia organizada advierte que “hay que preguntarse si este convenio cambiario que elimina todos los anteriores será una amnistía para los casos de corrupción del pasado donde, solo por mencionar alguna cifra, el exministro Jorge Giordani habló de irregularidades en el control de cambio por 20 mil millones de dólares”.

Añade que “las nuevas normas en materia cambiaria son positivas pero incompletas. Por ejemplo, se quiere que las empresas nacionales y extranjeras inviertan en el país y esto es muy difícil mientras exista la Ley de Precios Justos que establece una larga lista de delitos como especulación y acaparamiento que han sido utilizados para atacar al sector privado”.

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