CARACAS.- Dos bombas estallaron en el seno del Gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó. Primero, la remoción del embajador nombrado en Colombia, Humberto Calderón Berti, quien en su retirada disparó todo tipo de críticas contra la cúpula opositora. Y luego, casi al mismo tiempo, el escándalo que sacudió a los integrantes de la Comisión de Contraloría del Parlamento, acusados públicamente de favorecer a empresarios ligados con el régimen de Nicolás Maduro y el negocio irregular de los Clap (Comité Locales de Abastecimiento y Producción).
Aunque desde que asumió la Presidencia interina el 23 de enero a Guaidó no le han faltado sobresaltos, la analista Carmen Beatriz Fernández observa que durante la última semana de noviembre se registró “la crisis más importante” que le ha tocado enfrentar al presidente del Parlamento y presidente encargado de la nación sudamericana.
“Son dos escándalos distintos, pero comparten un mismo origen: la corrupción. Un mismo blanco: la Asamblea Nacional. Y también un mismo tiempo. No parece coincidencia que ocurran al mismo tiempo, ambos se retroalimentan y quizás Calderón Berti adelantó esta jugada sabiendo lo que venía”, sugiere Fernández.
Mientras Calderón Berti reaccionaba a su destitución cuestionando el liderazgo de Guaidó -de quien dijo está siendo tutelado por Leopoldo López- y señalando irregularidades en el manejo de la ayuda humanitaria y en la administración de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, por otro lado corría el rumor que desembocó en la denuncia contra los parlamentarios por su supuesto apoyo a los empresarios Alex Saab y Carlos Lizcano Manrique, “enchufados” de Maduro en la importación de los Clap.
Fernández apunta que “el escándalo en la Comisión de Contraloría es muy grave porque está ligado a un nodo fundamental del régimen de Maduro: el hambre y las cajas Clap como aparato de control social y electoral del Estado, un acto de corrupción que traiciona profundamente el espíritu de lo que debe ser la oposición”.
Sin embargo, la consultora política indica que “entre los diputados señalados ninguno es líder ni tiene un rol importante en sus partidos, así que podría haber una puerta de escapatoria en el manejo de la crisis que haga Guaidó para salvar su propia reputación y la credibilidad del Poder Legislativo”. En principio, el mandatario interino ordenó reestructurar la Comisión de Contraloría y constituyó una comisión para investigar a los legisladores que, además, fueron sancionados inmediatamente por sus organizaciones.
“El mejor antídoto para protegerse en las crisis suele ser la reputación, en ese sentido, Guaidó y la Asamblea Nacional son el líder político y la institución con mayor reputación en Venezuela. Eso hace que todavía tengan algún juego para reaccionar y que el desenlace no sea fatal”, opina Fernández, quien añade que estos conflictos generan una enorme efervescencia en el mundillo político, pero no despiertan el mismo interés en toda la población.
Partidos disminuidos
“La cooptación de opositores por la vía de la corrupción es un viejo truco de los gobiernos hegemónicos para dividir y debilitar a la oposición, por lo que era completamente esperable que dicha estrategia fuera aplicada por el régimen; sin embargo, a pesar de ciertas advertencias como las del diputado José Guerra hace ya más de un mes, las dirigencias partidistas tuvieron que esperar la publicación de la denuncia en un medio para reaccionar”, evalúa el sociólogo Luis Gómez Calcaño.
Gómez Calcaño enfatiza que “el actual escándalo de corrupción de varios diputados refleja la erosión de la institucionalidad de los partidos políticos de oposición. Erosión que no es natural sino inducida por la campaña sistemática de ataques contra ellos y contra su espacio principal de acción, la Asamblea Nacional”.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) explica que “los partidos de oposición hoy pueden mantener sus estructuras formales, pero carecen de un rasgo esencial: su capacidad de luchar por y ocupar espacios de poder real. Esto abre el paso a una alteración de los incentivos ‘normales’ de los cuadros políticos medios y altos, cuyas aspiraciones legítimas se ven remitidas a un lejano e incierto futuro”. Agrega que “esta alteración puede hacer más atractivos los atajos para obtener logros a corto plazo, no sólo económicos, sino también en términos de recibir la concesión de microespacios de poder legitimados desde el régimen hegemónico”.
La incapacidad de alcanzar el “cese de la usurpación” y la aparente estabilización del régimen de Maduro desgastan a las cúpulas de estas formaciones. “La falta de credibilidad también debilita la autoridad de las dirigencias partidistas para aplicar las indispensables sanciones que recuperen la disciplina. Ya algunos de los acusados han recurrido al viejo truco de volverse contra la dirigencia, tratando de hacer ver que es tan falta de ética como ellos mismos”, advierte Gómez Calcaño.
“Esta vacilación para enfrentar los problemas de fondo no es atribuible exclusivamente a la persona de Guaidó, sino que muestra una gran falta de coherencia en el llamado G4 (Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo), que en principio es responsable de la conducción de la oposición”, concluye el académico.
