Seguidores de presos políticos de Nicaragua claman en el aeropuerto internacional Washington Dulles International, en Chantilly, Virginia, Estados Unidos, el jueves 9 de febrero de 2023.
APMANAGUA.- El Gobierno de España extiende su oferta de nacionalidad española a los últimos 94 ciudadanos nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega les retiró la nacionalidad y les acusó de la comisión del delito de "traición a la patria".
Fuentes del Ministerio de Exteriores informaron que así se lo ha comunicado el ministro, José Manuel Albares, al escritor y político Sergio Ramírez, quien reside en España y se han dirigido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Premio Cervantes 2017 está en esta lista del régimen de Nicaragua junto a otros activistas, políticos, religiosos o defensores de Derechos Humanos, que fueron declarados "prófugos de la Justicia" y a quienes les serán confiscados todos sus bienes y sociedades, pasando a estar en manos del Estado.
El Ejecutivo recordó que esta nueva oferta se suma a la anteriormente realizada cuando el ministro de Asuntos Exteriores ya ofreció públicamente la nacionalidad española a los 222 presos políticos expulsados de Nicaragua con destino a Estados Unidos a las que se le despojó su nacionalidad la semana pasada. Según desveló Albares este lunes, varios de ellos ya han iniciado los trámites para venir a España.
"La propuesta del Gobierno de España se hace extensiva a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de "apatridia" por las decisiones del régimen de Daniel Ortega", explicó el Ministerio.
El despoje de la nacionalidad de casi cien ciudadanos tiene lugar después de que Nicaragua deportara a Estados Unidos a 222 presos, a quien también dejó apátridas, elevando a 316 los nicaragüenses que han perdido su ciudadanía en menos de una semana.
Amnistía Internacional condenó este viernes la retirada de la nacionalidad a disidentes nicaragüenses, una medida que, según la ONG, busca "amedrentar, castigar y erradicar cualquier forma de oposición política" en Nicaragua.
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, precisó que con estas acciones, el régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, quiere "sustituir la prisión injusta de quienes levantan la voz y defienden derechos por el exilio forzado".
Los 94 ciudadanos, entre los que se encuentran periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores de Derechos Humanos, fueron declarados "prófugos de la Justicia" y les serán confiscados todos sus bienes y sociedades, que pasarán a estar en manos del Estado.
De esta forma, según AI, esta "nueva ola de violaciones de Derechos Humanos" despoja "cruelmente" de derechos a cientos de nicaragüenses, reforzando así la "política de terror y represión" del régimen para "aniquilar cualquier disidencia".
AI alertó que esta decisión pone a los afectados, más de 300 personas, "en una situación de mayor indefensión", ya que no son reconocidas como ciudadanos de ningún Estado y están expuestas así a muchas otras violaciones de Derechos Humanos.
Por ello, Guevara Rosas argumentó que Ortega está profundizando en su "política sistemática de represión". "Hacemos un llamamiento urgente a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos ante estos nuevos abusos", expresó.
"No nos cansaremos de demandarle al régimen de Daniel Ortega el fin de la represión. El pueblo nicaragüense no merece seguir viviendo está pesadilla ni un segundo más", señaló.
La medida, que afecta a 94 personas, se suma a la destierro a Estados Unidos de más de 220 presos políticos. La Asamblea Nacional de Nicaragua reformó la Constitución para avalar la retirada de la ciudadanía de los "traidores" a la patria, lo que se tradujo días después en castigos contra casi cien disidentes más.
FUENTE: Con información de Europa Pres
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