Miami.- Una nueva luz de esperanza surge para cerca de un millón de migrantes cubanos que poseen el formulario migratorio I-220A y que hasta ahora han enfrentado un limbo legal para acceder a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés).
La base de este optimismo es una reciente decisión de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, interpretada por el abogado de inmigración Eduardo Soto y su equipo de trabajo, como una posible vía para que el I-220A sea reconocido como documento válido (parole), que permita solicitar la residencia bajo la CAA.
“¡Triunfamos!”, declaró Soto tras su salida de la audiencia realizada este viernes a la 1:30 de la tarde en el edificio Wilkie A. Ferguson Jr., en el Downtown de Miami. El letrado destacó la importancia de la decisión para la comunidad cubana, subrayando que podría abrir un camino que hasta ahora parecía inaccesible para quienes se encuentran en esta situación migratoria.
“El gobierno americano quiso pausar el procedimiento de este caso antes de que la Corte de Apelaciones decidiera, y aparentemente hay argumentos orales en la Corte del Undécimo Circuito de Apelaciones programados para diciembre. Aun teniendo argumentos orales en aproximadamente seis a ocho semanas, esta jueza decidió que no puede prohibir que sigamos adelante con este caso. En otras palabras, falló a favor de nosotros, falló a favor de aproximadamente un millón de personas en los Estados Unidos.”
El fallo, que continúa generando análisis expertos legales, representa un tema de gran alcance y polémica dentro del debate migratorio, dado que involucra a un número significativo de personas afectadas por décadas de restricciones y trámites complejos como se ha venido informando.
“La corte ahora tiene que determinar cuándo será, si es que va a permitir argumentos orales con respecto a la parte sustantiva del caso, y si realmente estas personas son parolees, que es nuestra posición que sí lo son”, agregó.
El representante legal señaló que, aunque no puede hablar por la jueza, “según su comportamiento hoy, hay compasión, entendimiento con el grupo de personas afectados por esta demanda y que podrían ser afectados en el futuro y yo creo que al día de mañana hay bastante chance.”
Al preguntarle cuál es el paso siguiente, explicó: “La corte ahora tiene que determinar cuándo va a ser si es que va a permitir argumentos orales con respecto a la parte sustantiva del caso si realmente estas personas son parolees que es nuestra posición que son.”
Además, recomendó a los interesados mantenerse informados sobre el avance del asunto a través de las redes sociales de su oficina y de su programa en YouTube que se transmite los martes y miércoles a las 11:30 a.m., hora del Este.
Soto también enfatizó la importancia de que cada persona continúe trabajando en sus casos de manera individual: “No pongan todos sus huevos en el cesto de estas demandas federales. Hay que estar puliéndose mejor, modificando. Si es que tienes una aplicación de asilo político abierta deberían consultar y asesorarse con quien ellos deseen pero que se asesoren bien y tengan su representante legal.”
Así mismo, expresó su gratitud y confianza en el proceso: “Yo doy gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad y creemos mucho en esta posición. Estamos más cerca hoy de lo que estuvimos hace unos días y pronto estaremos aún más cerca de la victoria que todos queremos”, concluyó.
Por su parte, Roberto Vázquez, también abogado de la oficina de Soto, señaló que “el gobierno está intentando desestimar el caso tras un argumento de procedimiento. Estamos en una etapa que yo llamaría un ‘baby step’ del caso. Pero si nosotros ganamos y pasamos esta moción de desestimar es una victoria enorme porque estaría poniendo en riesgo el precedente legal dado por una corte federal y ahí es donde nosotros podríamos tener más éxitos.”
El equipo del magistrado Eduardo Soto comenzó a defender el caso a finales de mayo de 2025 y actualmente, la demanda incluye a 23 personas, pero de avanzar con éxito y ser respaldada por la corte, podría beneficiar alrededor de un millón de cubanos con estatus I-220A en Estados Unidos.