Luego de alcanzar el domingo 20 de mayo la reelección en unos comicios que han sido calificados como “fraudulentos” por la mayoría de la comunidad internacional y la oposición venezolana, el presidente Nicolás Maduro anunció su intención de liberar a un grupo de presos políticos en el marco de una supuesta “política de pacificación, reencuentro, reunificación y reconciliación de Venezuela”.

“Hay un conjunto de personas detenidas por causas de violencia política y yo quiero que esas personas salgan en libertad y se les dé una oportunidad para un proceso de reconciliación nacional, aquellos que no hayan cometido graves crímenes o asesinatos”, expresó Maduro ante la ilegítima Asamblea Constituyente el 24 de mayo.

El Foro Penal Venezolano señaló que hasta el lunes 4 de junio un total de 38 presos políticos ya habían retornado a sus hogares. La ONG se cuida de utilizar el término “liberaciones”, pues en muchos casos estas personas no recuperan su libertad plena y siguen enfrentando una serie de restricciones como la prohibición de declarar a los medios o salir del país.

Entre los excarcelados figuran dirigentes cuya detención generó revuelo en la opinión pública. Allí destacan el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, los diputados suplentes Gilber Caro y Renzo Pietro, el general retirado Ángel Vivas, el legislador regional Wilmer Azuaje y los activistas Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel, hijo del exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien permanece tras las rejas.

Pocos se atreven a interpretar estas excarcelaciones como un simple gesto democrático de Maduro, necesitado de mejorar su imagen ante la comunidad internacional. “Estos procesos siempre son muy bien pensados por el gobierno”, apunta la abogada Ana Leonor Acosta, defensora de Ceballos, recordando que en el pasado el régimen chavista también ha enviado a sus casas a otros presos políticos.

Acosta ofrece distintas aristas sobre este hecho. Primero, subraya que el presidente busca legitimarse frente al mundo para frenar las sanciones que le imponen desde el exterior. De acuerdo con datos que pudo recabar, el Ejecutivo informó hace un mes a los representantes de la Unión Europea que procedería con estas excarcelaciones, indicando además que estaba dispuesto a realizar algunos cambios de fondo en este nuevo periodo.

A la medida

La experta legal enfatiza que en esta ocasión Maduro resolvió excarcelar a “líderes políticos connotados”, que generan mayor impacto en la opinión pública. Los nombres son significativos, pero la cantidad aún es muy modesta. El Foro Penal Venezolano precisó el primero de junio que en el país existían 357 presos políticos.

La ONG cuestiona lo que denomina efecto “puerta giratoria”, pues mientras por un lado el gobierno saca de prisión a un puñado de disidentes, por el otro y casi al mismo tiempo mete a decenas de opositores en los calabazos.

El coordinador del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, advierte que el régimen chavista utiliza a los presos políticos como “fichas de negociación” y no manifiesta “ninguna intención de cesar la persecución”, ya que su pretendida “política de reconciliación” se limita a un pequeño número de excarcelaciones y no incluye a los cientos de personas que continúan sometidas a procesos judiciales en el país y a quienes tuvieron que marcharse al exilio.

Acosta observa que estas excarcelaciones le permiten a Maduro “construir” la idea de una oposición “creíble”, aunque “disminuida” por la persecución que aún sufre. En esa línea entraría la decisión de atender personalmente y convertir en “fiadores” de los excarcelados a los cuatro gobernadores de Acción Democrática e incorporar a otros actores como el excandidato presidencial y pastor evangélico, Javier Bertucci, y el dirigente Pedro Pablo Fernández, colaborador del excandidato presidencial Henri Falcón.

¿De verdad?

Maduro repite insistentemente que desea retomar el proceso de diálogo con la oposición, pero en el terreno hostiga a su liderazgo. Hasta la fecha, el mandatario no ha firmado la liberación del fundador de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, uno de los presos políticos más emblemáticos del mundo.

López cumple una condena de casi 14 años de prisión en su domicilio y ha sido totalmente neutralizado por el régimen chavista, que le tiene prohibido declarar a los medios de comunicación so pena de llevarlo nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde, donde ya estuvo recluido entre febrero de 2014 y julio de 2017.

El exprimer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) y coordinador de VP, Freddy Guevara, tuvo que refugiarse en noviembre de 2017 en la residencia del embajador de Chile en Caracas para evitar ser encarcelado, al tiempo que el antiguo presidente de la AN, Julio Borges, se mantiene en el exterior desde febrero debido a que tras el fracaso de la negociación que sostuvieron gobierno y oposición en República Dominicana el Jefe de Estado ha amenazado con detenerlo.

Acosta estima que este proceso de excarcelaciones deja en evidencia “la consolidación del poder de Maduro”, quien en el pasado habría chocado con la resistencia de importantes líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como Diosdado Cabello que rechazaban la idea de rebajarle el castigo a sus enemigos políticos.

La abogada resalta que si bien el régimen chavista ha devuelto a sus hogares a un grupo de civiles, también cuenta más de 90 militares detenidos este año. “Eso refleja que su preocupación se centra en lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada”, apostilla. A la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos, Acosta estima que estas excarcelaciones marcan “una nueva etapa para la lucha en Venezuela”, donde no puede descartarse la negociación y que tiene a la comunidad internacional como protagonista.

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