MIAMI.- Desde que el pasado 14 de marzo se inició en Venezuela la cuarentena por la pandemia del coronavirus, el grupo de militares presos políticos del régimen de Nicolás Maduro está incomunicado en sus diferentes Centros de Reclusión, sin la posibilidad de recibir la visita familiar, ni la de sus abogados. Además le han impuesto restricciones en la entrega de alimentos, de agua potable, de medicamentos, tampoco salen a tomar la luz del sol y no reciben atención médica, ni siquiera le permiten llamadas telefónicas y como complemento sus casos están engavetados ya que los tribunales están cerrados desde marzo.
Así lo denunció la ONG Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPM) en una carta enviada el pasado 21 de agosto a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la que solicitan el apoyo a las víctimas por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Caracas .
En la misiva que se dio a conocer este viernes, se destaca que son necesarias medidas humanitarias para estos militares que están en riesgo de contraer el COVID-19. “El ingreso urgente de la OACNUDH a todos los centros de reclusión donde están los 132 presos políticos militares para exigir fe de vida y atención medica, en especial el ingreso al centro de tortura en DGCIM- Boleita, donde se encuentran detenidas en sótanos nauseabundos, aproximadamente 200 personas entre civiles y militares, entre hombres y mujeres".
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Familiares del Capítan de Navío Luis De La Sotta exigen fe de vida a la fiscalía pero no ha habido respuesta. Está preso en los calabozos del DGCIM.
CORTESÍA / Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPM)
También solicitan la liberación inmediata de los militares sin juicio por más de un año, 2 años, 3 años y hasta 4 años que permanecen ilegalmente detenidos, así mismo para los militares sin Audiencia Preliminar por más de un año y de los que han cumplido la pena impuesta. Reclaman la liberación inmediata para militares que han cumplido las tres cuartas partes de la sentencia
“Exigimos justicia y reparación para los crímenes por tortura, tratos crueles e inhumanos y en especial, que usted se pronuncie ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la impunidad en el asesinato del Capitán Rafael Acosta Arévalo”.
Anexamos la carta enviada el pasado 21 de agoto que además contiene los adjuntos que reflejan la grave situación en la que viven los militares detenidos por el régimen de Nicolás Maduro en los diferentes penales del país, pese a los acuerdos que la ONU llegó con el régimen de Maduro.
