CARACAS.- El Mayor General Hebert García Plaza, quien fungió como viceministro de la Defensa en el año 2013 en el gobierno de Nicolás Maduro, aseguró este viernes que la justicia en el país caribeño se encuentra viciada debido a que todas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son revisadas y ejecutadas por el gabinete del Jefe de Estado, encabezado por la primera dama Cilia Flores y el vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso.
“No creo que del TSJ salga una sentencia sin la revisión de Cilia Flores y Elvis Almoroso”, expresó el García Plaza en una audiencia ante el exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, nombrado en julio pasado como asesor especial para crímenes de lesa humanidad por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El Mayor General explicó que tuvo que huir de país luego que tuviera conocimiento que el presidente de la República, Nicolás Maduro abriría un juicio en su contra, ya que “es el ejecutivo nacional quien ordena abrir y cerrar” cada juicio en el país.
Por otra parte, García Plaza denunció que el Gobierno solamente distribuye comida a zonas políticamente priorizadas, por lo que fue allí cuando solicitó su renuncia ante el vicepresidente en ese momento y ahora canciller, Jorge Arreaza.
Agregó que el carnet de la patria que emplea el Gobieno “restringe los derechos a la alimentación y a la salud pública”, ya que sirve como un mecanismo de control para la población más vulnerable.
Al ser cuestionado por el jurista Luis Moreno Ocampo sobre Plan Zamora, García Plaza indicó que este plan consiste en una serie de órdenes para operaciones militares para conmoción interna como actos de deslealtad a los ideales revolucionarios, participación en partidos pollitos de oposición y pronunciamiento contra de la gestión del gobierno nacional.
“El Plan Zamora convirtió a Venezuela en un teatro de operaciones militares”, aseguró el exministro.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) inició las audiencias públicas en las que se determinará si hay fundamento para denunciar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
FUENTE: REDACCIÓN
