Los expertos que estudian la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa afirmaron que al menos 17 detenidos por el caso fueron torturados, entre ellos los cinco que aseguraron que los jóvenes habían sido asesinados e incinerados en un basurero en 2014.
A petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), especialistas en tortura analizaron las pruebas médicas realizadas a 17 reos seleccionados en función de su relevancia entre los 80 detenidos hasta ese momento y que tenían mayor documentación en el expediente.
El estudio, incluido en el segundo informe del GIEI presentado hoy en la capital mexicana, se llevó a cabo después de que en la primera parte de su mandato detectara que el 77 % de los detenidos registraban lesiones de distinta intensidad y localización.
Tras analizar los exámenes médicos practicados por órganos oficiales, el equipo del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura advirtió "indicios suficientes de que los detenidos podrían haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura".
Dichos indicios, indicó, "deberían haber desencadenado una investigación conforme con los estándares de diligencia establecidos por la normativa internacional de protección de los derechos humanos".
De acuerdo con el panel, las conclusiones de los informes médicos analizados "en general no concuerdan con la evidencia consignada", muchos de ellos contienen valoraciones generales de varios detenidos y hay "serias inconsistencias en los documentos que consignan la integridad del detenido".
Entre los torturados están los cinco detenidos que hablaron por primera vez de la quema de los estudiantes en el basurero, después de que una llamada anónima alertara sobre la supuesta presencia de los jóvenes en ese lugar.
Además, también fueron torturados Gildardo López Astudillo, alias el Gil, señalado como el jefe del cártel de Guerreros Unidos que habría ordenado esa acción, así como cuatro policías de Iguala y siete más de Cocula que supuestamente participaron en el traslado, ejecución y quema de los jóvenes en el basurero.
Según la versión oficial -rechazada por el GIEI, los peritos argentinos y los propios padres de las víctimas-, los estudiantes fueron detenidos por policías el 26 de septiembre de 2014 en Iguala y entregados a Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en Cocula.
Los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para estudiar este caso recordaron hoy que las declaraciones obtenidas bajo tortura no pueden ser consideradas como prueba.
Además, el grupo señaló que hasta ahora "no ha tenido acceso a la información del avance de los casos iniciados por el delito de torturas" y lamento que la práctica los Protocolos de Estambul no se fijara hasta los meses de febrero y junio de 2016.
CIDH elogia el trabajo de GIEI y pide al Gobierno seguir la búsqueda en caso Ayotzinapa
La CIDH calificó este domingo de "invaluable" el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa y llamó a las autoridades mexicanas de todos los niveles a seguir trabajando en la búsqueda de los 43 estudiantes.
A pesar de que todavía no se ha podido descubrir la verdad de lo ocurrido a los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, el grupo "ha superado todas las expectativas", dijo el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro.
Los expertos aseguraron que fueron objeto de ataques personales y utilizados "para generar mayor polarización" en un país donde entre algunos sectores "no gustó que extranjeros señalaran deficiencias de la investigación".
Cavallaro lamentó la ausencia del Gobierno en la presentación del segundo informe del GIEI, que muestran fallas en este caso y en general en la justicia penal mexicana, como la preponderancia de la prueba testimonial, la búsqueda de autores materiales pero no intelectuales y la ausencia análisis de contexto, entre otros.
Sin embargo, exhortó al Gobierno de Enrique Peña Nieto a analizar e implementar las recomendaciones emitidas por el grupo en sus dos informes y a seguir trabajando en la búsqueda del paradero de los 43 estudiantes, que según la versión oficial fueron asesinados e incinerados sus cuerpos en un basurero.
El también relator de la CIDH para México destacó sobre todo el trabajo del GIEI con las víctimas, a quienes prometió que la CIDH seguirá de cerca el caso bajo sus propias competencias y tomando en cuenta los señalamientos de los expertos.
Lamentó "profundamente que el Estado haya manifestado su oposición de no apoyar la prórroga del mandato del GIEI (que finaliza el próximo sábado", a pesar de que el objetivo del mismo no se ha cumplido, que es conocer el destino de los desaparecidos.
Sin embargo, dijo que "ahora el desafío" es implementar un mecanismo "eficaz" de seguimiento, cuyos detalles la CIDH anunciará pronto.
En ese sentido, señaló que ha tomado nota de la preocupación de los familiares sobre la necesidad de que el mecanismo contemple visitas de la CIDH para revisar avances en el caso, un posible monitoreo del mismo GIEI y un mecanismo para que militares sean investigados.
En la presentación del informe, a la que acudieron familiares de las víctimas, estudiantes de la escuela para maestros a la que pertenecían los desaparecidos y hasta figuras políticas como Cuauhtémoc Cardenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática, Cavallaro confió en que el Gobierno participe "activamente" en el diseño de dicho mecanismo de seguimiento.
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