El asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, una mujer comprometida con la defensa de los derechos humanos que irradiaba "dulzura" allá por donde iba, es una de las muertes "más simbólicas de los últimos tiempos" y en ella no hay duda de que el Estado hondureño tiene cierta responsabilidad.
"El Estado la tenía que cuidar, al no hacerlo se convierte en responsable de su muerte", dijo en una entrevista con Efe la diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por Honduras y expresidenta de la entidad (2008-2009) Gloria Guadalupe Oquelí, que convivió de cerca con Cáceres.
La líder indígena de la etnia lenca, coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada a tiros el pasado 3 de marzo en su casa, ubicada en la ciudad de La Esperanza, en el occidente del país.
Por este caso hay cinco personas detenidas, consideradas por las autoridades hondureñas las autoras materiales e intelectuales del homicidio, pero Oquelí sigue pensado que los implicados son más, que "hay gente más arriba" con el suficiente "poder de manipular", y por eso no se cansa en conminar y exigir justicia.
A favor de Cáceres había medidas cautelares de protección que no surgieron el efecto deseado, un hecho que solo suma cábalas en la mente de la diputada del Parlacen y que la llevan a pensar que el entresijo que hay detrás del fallecimiento de la líder indígena, de 45 años, es "mucho mayor".
"Su vida peligraba (...) inclusive habían procedido judicialmente contra ella. La protesta que hacía en defensa de las cuencas del río la llevaron a convertirse en una delincuente por parte del Estado, (...) que criminalizó su protesta, su lucha y toda la lucha del pueblo lenca", recuerda al agregar: "Fue perseguida, intimidada y detenida".
Las acusaciones en su contra eran infinitas, relata Oquelí, incluso la empresa privada le achacaba ser la responsable de que la inversión extranjera no llegara al país: "Ella era una enemiga del sistema", enfatiza con convencimiento en un discurso panegírico en el que defiende una y otra vez que Cáceres era una mujer pacífica.
"Nunca tuvo un arma, ni una palabra agresiva (...) Era una mujer que tenía esa cosmovisión mística", creía que el medioambiente debía ser cuidado, que la tierra no era un objeto y que merecía protección por tanto sufrimiento y saqueo.
Desgraciadamente, admite, esta defensa la llevó a la muerte, como a otras muchas: Cada 13 horas matan a una mujer en Honduras y el 99 por ciento de estos crímenes queda impune.
Pero en el caso de Cáceres hay "esperanza": la presión nacional, pero sobre todo la internacional, alimenta esa ilusión. Pero en muchas ocasiones, reconoce, las muertes de los defensores de derechos humanos son "una cifra más" y, en otras, "no llegan ni a formar parte de la estadística, no son ni un número".
La solución para acabar con esta situación, con esta "maquinaria de exterminio" en contra de los activistas, que este jueves se cobró la vida de otra defensora miembro del mismo comité que Cáceres, Lesbia Yaneth Urquíano, no es el miedo, sino "seguir en la lucha sin violencia" y con "valor".
"Nuestro trabajo debe seguir siendo con el espíritu de la paz. No hay otra forma, porque si caemos a la lucha armada ellos tienen las armas, es su espacio y justificaríamos para que sigan matando a nuestra agente", sostuvo.
Por toda una vida como activista, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) le hará un homenaje póstumo a Cáceres en agosto en Panamá, en el que reconocerán a una "mujer sobresaliente" para que su trabajo y su vida "no sea indiferente".
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