Por: Daniel Zovatto
Director Regional, IDEA Internacional

“El que no vota no come” amenazó hace unos días Diosdado Cabello a la ciudadanía. Al número dos del régimen autoritario chavista le preocupa que ante la farsa electoral de este domingo, los venezolanos decidan no acudir a las urnas. Según Datanálisis, la apatia reina en estos comicios y la participación podría estar cercana al 34%. Pero como bien señala su director, Luis Vicente León, “el problema es que ésta no es una elección auditable (…) y por ello no hay forma de hacer un pronóstico estadístico fiable respecto del número de votos”.

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Si los últimos procesos electorales en Venezuela ya habían estado signados por la falta de condiciones y garantías, estas elecciones parlamentarias, en las que se renovará íntegramente la Asamblea Nacional –último bastión de la democracia venezolana- han generado aún mayores cuestionamientos. Además, estos comicios tendrán lugar en circunstancias particularmente adversas, pues a la crisis política, económica y humanitaria por la que atraviesa el país, se suman los riesgos de celebrar elecciones en tiempos de pandemia.

Actores diversos de la comunidad internacional, como el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, así como organismos como la OEA y la UE, han expresado sus críticas y reservas frente a la convocatoria de un proceso electoral que no cuenta con las garantías mínimas en materia de integridad electoral.

La oposición, liderada por Juan Guaidó, dividida y debilitada, decidió no participar al no existir condiciones que garanticen unas elecciones libres y justas.

Un proceso electoral viciado y sin garantías

Con la finalidad de colaborar con una mejor comprensión de las condiciones en las que Venezuela llega a esta elección, IDEA Internacional y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), junto a un calificado grupo de expertos venezolanos elaboramos un informe que analiza las principales anomalías que afectan estos comicios. Me gustaría subrayar las siguientes ocho:

  • Un árbitro electoral sin independencia. Las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron designadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –institución dependiente del chavismo- en violación a lo que establece la Constitución Nacional y con personas afines al oficialismo.
  • Partidos intervenidos. Una de las limitaciones más graves es la judicialización y pérdida de autonomía de numerosas organizaciones políticas. El TSJ, siguiendo instrucciones del oficialismo, sustituyó a los dirigentes de los principales partidos políticos de oposición por otros actores con quienes el gobierno de Maduro ha establecido acuerdos, poniendo en entredicho no solo la seguridad jurídica del proceso electoral, sino los derechos políticos más elementales.
  • Aumento ilegal de los curules. El CNE incrementó ilegalmente el número de curules en un 65%, pasando de 167 a 277; una reforma diseñada para aumentar exponencialmente el número de candidatos (14400 para solo 277 asientos) y favorecer a los candidatos oficialistas.
  • Registro de electores poco confiable. El registro de votantes no ha sido debidamente actualizado ni auditado, además de haber excluido un número importante de electores, tanto dentro como fuera de Venezuela, debido a las limitaciones impuestas por el CNE.
  • El secreto del voto en duda. Desde el gobierno se promueve la desconfianza en el secreto del voto para infundir temor en la ciudadanía de que el chavismo sabe como vota cada ciudadano. Ello, acompañado con amenazas de represalias contra aquellos votantes que tienen algún tipo de relación de dependencia económica directa o indirecta con el Estado por la vía de empleos, contratos o programas sociales.
  • Ventajismo oficialista. Este proceso, al igual que los anteriores, carece de condiciones equitativas de la competencia electoral. El chavismo corre con marcada ventaja debido al uso abusivo de los recursos del Estado. Lo mismo ocurre en relación con el acceso a los medios de comunicación, tanto públicos como privados. El informe de IDEA Internacional-UCAB identifica una serie de acciones que atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión y una cobertura mediática en condiciones de equidad que incluye el cierre de medios de comunicación, el retiro de concesiones del sistema radioeléctrico, la persecución legal, policial y “parapolicial” de periodistas, sus equipos de trabajo y dueños de medios; así como la compra de medios de comunicación a través de “aliados” y favores económicos a través de la contratación de pautas publicitarias.
  • Incertidumbre sobre el nuevo sistema de voto automatizado. El citado Informe también hace un llamado de atención acerca de las dudas que existen en relación con el nuevo mecanismo de automatización del voto, cuyos equipos fueron recientemente contratados de manera secreta a una nueva empresa (ExCle) que es la proveedora del hardware y del software; equipos y sistemas que no han sido debidamente auditados de cara a este proceso. La anterior empresa, Smartmatic, con cuyos sistemas y equipos se llevaron a cabo todas la elecciones desde 2003 hasta 2017, rompió relaciones con el anterior CNE (denunciando graves irregularidades) y sus equipos, curiosamente, fueron destruidos en un 98.5% en un incendio que tuvo lugar el pasado mes de marzo.
  • Ausencia de observación electoral. Debido a la falta de garantías, ninguna de las instituciones con credibilidad y prestigio en materia de observación electoral estará presente en estos comicios (ONU, UE, OEA, etc.).

Resumiendo: La sumatoria de estas ocho anomalías –y de otras varias que analiza el citado informe, cuya lectura recomiendo- afectan la integridad y credibilidad de este proceso electoral convirtiendo a las mismas en una elección incapaz de producir legitimidad de origen democrático. Consecuencia de todo ello, el grueso de la comunidad internacional y regional ya ha anunciado que no reconocerá la legitimidad de estas elecciones parlamentarias.

Esta farsa electoral, lejos de contribuir a encontrar una salida pacífica y democrática, agudizará aún más la grave crisis que afecta al país desde hace mucho tiempo. El chavismo buscará controlar, de manera ilegítima, la nueva Asamblea Nacional y con esta jugada profundizar la división y el debilitamiento de la oposición. Esta, por su parte, esgrimirá la tesis de la continuidad administrativa ante la invalidez de la elección. Mientras tanto Venezuela seguirá, trágicamente, atrapada en su laberinto.

Misión de Estudio de IDEA-UCAB. Sobre las condiciones del proceso electoral parlamentario 2020 en Venezuela. www.idea.int

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