HRW señaló en su 34 Informe Mundial que el régimen de La Habana persiste en reprimir cualquier forma de disenso y crítica pública
El régimen cubano sigue encarcelando a personas por ser opositores.
Prisoners DefendersLA HABANA.- La situación de los opositores cubanos José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero y Maikel "El Osorbo" Castillo, que se encuentran detenidos actualmente, fue incluida en el informe anual de derechos humanos de Human Rights Watch (HRW), donde la organización internacional abordó extensamente la situación en Cuba durante el año 2023.
En la edición 34 del Informe Mundial, que analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países, HRW señaló que el régimen de La Habana persiste en reprimir cualquier forma de disenso y crítica pública. Además, destacó la crisis económica severa que impacta en los derechos básicos de los cubanos.
El informe resalta que cientos de críticos del régimen y manifestantes, incluyendo aquellos que participaron en las protestas de julio de 2021, permanecen detenidos arbitrariamente, según reseña Martí Noticias.
Las manifestaciones continuaron en 2023 debido a apagones, escasez de alimentos y medicamentos, y el deterioro de las condiciones de vida. Además, subraya que los cubanos siguieron abandonando el país en cantidades sin precedentes, mientras Estados Unidos mantiene su política de aislamiento, incluyendo el embargo.
En relación a la situación de derechos humanos en la isla, HRW denunció detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes y opositores políticos. Dos años después de las protestas de julio de 2021, más de 700 personas, incluyendo más de 70 mujeres, permanecen encarceladas. Algunos fueron sometidos a maltratos y torturas.
El informe destaca que el régimen viola el derecho internacional al juzgar a algunos en tribunales militares y aplicar penas desproporcionadas de hasta 25 años de prisión. También critica la imputación de delitos como "sedición" en juicios ordinarios y la presentación de conductas legítimas, como expresar opiniones en redes sociales o protestar pacíficamente, como acciones delictivas. Los fiscales utilizaron pruebas poco creíbles y sin corroborar en estos casos, según la organización.
FUENTE: Con información de Martí Noticias
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