El investigador afirmó que la Fiscalía chilena cuenta con antecedentes que vinculan al dirigente chavista con la planificación y el financiamiento, secuestro y asesinato del exmilitar
Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.
EFE/ Miguel GutierrezMIAMI.- El fiscal chileno Héctor Barros afirmó este lunes que los antecedentes reunidos durante la investigación por el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda apuntan a Diosdado Cabello como la persona que presuntamente encargó al Tren de Aragua ejecutar el crimen en Chile.
En una entrevista exclusiva con la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, Barros sostuvo que las diligencias realizadas durante la investigación permitieron establecer que el secuestro y posterior homicidio de Ojeda fue un “acto concertado” ejecutado por integrantes del Tren de Aragua y que, de acuerdo con los antecedentes recopilados, el encargo fue proveniente del régimen venezolano y específicamente de Cabello, el número dos del chavismo.
“¿Quién del gobierno venezolano? De acuerdo a los antecedentes que nosotros manejamos en la investigación, es Diosdado Cabello”, afirmó el fiscal.
Barros precisó que esta conclusión no surgió de manera inmediata, sino después de una investigación prolongada que permitió reconstruir la estructura detrás del crimen y seguir la cadena desde los ejecutores hasta quienes presuntamente encargaron la operación.
El caso de Ojeda forma parte, según la investigación presentada por Noticias Caracol, de una operación de persecución contra militares desertores y opositores venezolanos que habría comenzado en Colombia y posteriormente alcanzado a Chile.
De acuerdo con la reconstrucción difundida por el medio colombiano, en diciembre de 2023 un grupo de exmilitares y opositores venezolanos se reunió en Cúcuta para planear una operación destinada a enfrentar al régimen de Nicolás Maduro.
Entre los participantes se encontraban el excapitán Ángelo Heredia, el dirigente estudiantil Paulo Parada y Ronald Ojeda. Según la investigación periodística, la contrainteligencia militar venezolana infiltró al grupo y posteriormente se apoyó en estructuras criminales y guerrilleras para perseguir a sus integrantes.
Heredia fue secuestrado en Colombia por miembros del ELN y posteriormente entregado a autoridades venezolanas, de acuerdo con el reportaje. Parada, otro de los objetivos, logró evitar el secuestro al no llegar a la reunión.
Ojeda, en tanto, consiguió escapar y posteriormente viajó por tierra desde Colombia hasta Chile, donde permaneció asilado.
Dos meses después, en febrero de 2024, Ojeda fue secuestrado desde su vivienda en Santiago por integrantes del Tren de Aragua. Su cuerpo fue encontrado posteriormente enterrado en una zona de Maipú.
La investigación estableció que los responsables intentaron ocultar el cadáver para evitar que fuera localizado. Según explicó Barros, el cuerpo fue introducido en una maleta, cubierto con cal y enterrado a aproximadamente 1,40 metros de profundidad dentro de una construcción básica. Sobre el lugar fue colocado posteriormente un radier de cemento.
El fiscal sostuvo que estas acciones tenían como objetivo impedir que el cuerpo fuera encontrado.
La investigación chilena sostiene que el crimen tuvo una motivación política y que el Tren de Aragua actuó como intermediario para ejecutar el encargo. La Fiscalía de Chile ya había señalado anteriormente a Cabello como quienpresuntamente negoció la operación y estuvo detrás del pago.
Consultado por Noticias Caracol sobre si la Fiscalía tenía evidencia de que Cabello había dado la orden y pagado por la ejecución del crimen, Barros respondió afirmativamente, aunque aclaró que todavía existen aspectos del mecanismo de pago que no han podido ser establecidos con precisión.
Según los antecedentes expuestos por el fiscal, habría existido un acuerdo con los niveles superiores del Tren de Aragua y se habría entregado inicialmente una parte del dinero, mientras que el resto quedaría sujeto a la culminación de la operación.
Barros señaló que existen versiones contradictorias respecto del pago final. Algunos involucrados sostienen que el dinero fue entregado a la cúpula de la organización criminal, mientras otros aseguran que no se completó el pago debido a que los responsables consideraron que la operación no había sido ejecutada correctamente.
El fiscal también relató que, pocos días después del asesinato, varios de los participantes fueron reprendidos durante una videoconferencia y recibieron instrucciones para abandonar Chile ante la repercusión que había adquirido el caso.
Barros sostuvo que una de las particularidades de la investigación consiste en haber comenzado desde los integrantes de menor nivel de la estructura criminal para posteriormente avanzar hacia los responsables de mayor jerarquía.
La Fiscalía chilena mantiene abierta una línea investigativa para determinar no solo la eventual responsabilidad de Cabello, sino también la de cualquier otra persona que pudiera haber participado políticamente en el encargo.
“En el caso de Diosdado Cabello, nosotros estamos en una línea investigativa que está abierta, y no solo respecto a él, sino respecto de cualquiera que pudiese ser responsable”, explicó el fiscal.
La Fiscalía espera además que los nuevos imputados que han sido extraditados a Chile puedan aportar información durante los juicios. Barros reconoció que resulta difícil anticipar si alguno de ellos decidirá colaborar con la investigación, pero señaló que esa posibilidad permanece abierta.
Estados Unidos también ha colaborado con la investigación chilena. Barros confirmó que la Fiscalía solicitó a las autoridades estadounidenses la posibilidad de tomar declaración al exdictador venezolano, Nicolás Maduro, en relación con el caso.
Según explicó, la solicitud responde a la hipótesis de que el crimen tuvo una motivación política y a la necesidad de establecer qué nivel de conocimiento existía dentro de la estructura del régimen venezolano sobre la operación.
Barros sostuvo que, de acuerdo con las declaraciones y comunicaciones obtenidas durante la investigación, el encargo pudo haber sido realizado por Cabello y no directamente por Maduro.
Durante la entrevista, Barros también hizo referencia a declaraciones públicas de Cabello posteriores al secuestro de Ojeda.
El fiscal señaló que Cabello se burló públicamente de las autoridades chilenas y de las hipótesis sobre el destino del exmilitar venezolano, mientras la investigación todavía no había determinado que Ojeda había sido asesinado.
Para Barros, esas declaraciones adquirieron relevancia posteriormente, debido a que, según su interpretación, Cabello tenía conocimiento de la muerte de Ojeda cuando públicamente cuestionaba la versión de las autoridades chilenas.
La Fiscalía sostiene que este elemento forma parte del conjunto de antecedentes que deben ser evaluados dentro de la investigación y no constituye, por sí solo, una prueba independiente de responsabilidad.
Uno de los principales obstáculos para avanzar contra Cabello es que permanece en Venezuela.
Barros explicó que, si el dirigente venezolano estuviera en Chile o fuera de Venezuela en una jurisdicción que permitiera ejecutar una eventual orden, la Fiscalía podría solicitar medidas en su contra. Sin embargo, recordó que la Constitución venezolana establece restricciones para la extradición de ciudadanos venezolanos.
“Tenemos todo en la mano para poder enjuiciarlo” no significa que actualmente pueda ser llevado ante los tribunales chilenos, explicó el fiscal, quien señaló que el futuro del proceso dependerá también de eventuales cambios en el sistema judicial y político venezolano.
La Fiscalía considera, que todavía dispone de varios años para continuar con las diligencias debido a los plazos de prescripción de los delitos investigados.
La investigación del caso Ojeda continúa mientras avanzan los procesos judiciales contra integrantes del Tren de Aragua señalados como participantes en el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano. Para la Fiscalía chilena, determinar quiénes ejecutaron el crimen constituye solo una parte de una investigación que busca establecer quiénes estuvieron detrás de su planificación y eventual financiamiento.
FUENTE: Con información de Noticias Caracol/Infoable
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