Ricardo Bonilla, extitular de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro de Interior, son acusados de un "pacto criminal" para otorgar contratos públicos a parlamentarios a cambio de apoyo
El presidente colombiano Gustavo Petro da un discurso en el Movistar Arena de Bogotá, el 19 de junio de 2022, después de ganar la segunda vuelta presidencial el 19 de junio de 2022.
AFP / ARCHIVOBOGOTÁ — La Fiscalía colombiana imputó el lunes a dos exministros del presidente Gustavo Petro por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y celebración irregular de contratos, en uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno izquierdista.
El ente señala a Ricardo Bonilla, extitular de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro de Interior, por supuestamente liderar un "pacto criminal" para otorgar contratos públicos a parlamentarios a cambio de su apoyo en los proyectos de reformas del Ejecutivo.
La audiencia se desarrolla en plena campaña presidencial de cara a las elecciones de 2026. Los exministros "lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas a cambio de su aval en los actos legislativos en los que el gobierno nacional tuviera interés", dijo la fiscal María Cristina Patiño durante la imputación.
Los contratos "ilícitos" provenían de 79 proyectos de un órgano estatal para atender emergencias y de otro de construcción y mantenimiento de carreteras por un valor de más de 163 millones de dólares. Solo siete fueron ejecutados, según la fiscalía.
Una asesora de Bonilla gestionaba los contratos y Velasco ordenaba a congresistas votar a favor de las reformas del gobierno, según la acusación.
"Nunca he tenido un peso de actividad ilícita", se defendió Bonilla, de 76 años.
Petro pidió su renuncia en diciembre de 2024 cuando se filtró que Bonilla tenía conocimiento del desvío de unos 200.000 dólares en tres de estos contratos.
Velasco salió del gobierno en junio de ese mismo año en uno de los numerosos cambios ministeriales de Petro. Tampoco aceptó los cargos imputados.
Este caso forma parte del entramado de desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que se destapó el año pasado cuando investigaciones periodísticas acusaron sobreprecios en la compra de camiones para llevar agua al desierto de La Guajira.
Salpica a altos funcionarios, congresistas y directivos de las compañías.
Las confesiones a la fiscalía el año pasado de dos antiguos altos funcionarios de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, involucraron a varios políticos.
"Las personas asociadas criminalmente decidieron hablar", apuntó la fiscal Patiño.
En mayo, la Corte Suprema ordenó la detención de los legisladores Iván Name y Andrés Calle por recibir estos sobornos y bajo investigación por los delitos de cohecho y peculado.
Bonilla y Velasco podrían enfrentar entre 17 y 45 años de prisión por los delitos imputados.
FUENTE: Con informaciòn de AFP
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