TEGUCIGALPA.- La Fiscalía de Honduras afirmó el jueves que la administración del expresidente Juan Orlando Hernández destruyó documentos clave para investigar casos de corrupción ligados a su gobierno.

Hernández fue capturado recientemente, tras entregar el poder a Xiomara Castro, y en su contra pesa una solicitud de extradición de Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico en ese país. La Fiscalía hondureña señala a su gobierno de obstrucción a la justicia debido a que empleados del gobierno de Hernández presuntamente destruyeron documentación financiera que permitiría indagar en corrupción en Casa Presidencial.

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“Una semana después de la Toma de Posesión de la nueva presidenta Xiomara Castro, fuimos a Casa Presidencial y se nos mostró que toda la documentación, cuando le digo toda es toda, desapareció y otra fue destruida. Habían varias trituradoras en las oficinas y papeles inservibles regados por todos lados”, según dijo a The Associated Press Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).

Santos recordó que hace aproximadamente un año presentaron ante los tribunales de justicia el caso “Hermes” por la supuesta malversación de 122 millones de lempiras (4,9 millones de dólares) de Casa de Gobierno a través de una empresa de “maletín” —empresas ficticias creadas para drenar fondos— y que al parecer fue entregado a diferentes personas, entre ellos, periodistas. En ese caso hay 11 implicados, entre ellos, una hermana del expresidente Hernández, quienes están siendo procesados por varios delitos.

“Para complementar esa investigación y otras líneas de investigación de otros casos que teníamos en curso, solicitamos en Casa Presidencial que nos entregaran toda la documentación soporte. Siempre se nos negó, nos decían que toda la información de Casa Presidencial estaba bajo secretividad, porque comprometía la seguridad del Estado”.

En consecuencia, la Fiscalía esperó al cambió de gobierno para pedir de nuevo la documentación. Ante la aparente destrucción de aquellos documentos que necesitaban, Santos aseguró que una vez que el caso sea judicializado existe la causal para que los responsables de custodiar la documentación y los involucrados en la presunta destrucción de los archivos vayan a prisión.

“Esas personas, según la ley, tenían la responsabilidad legal de custodiar esa documentación y entregársela a las personas que iban a tomar el cargo. Eso es una obligación”, agregó. Santos aclaró también que la investigación será más difícil, pero no imposible de concluir, porque “el rastro financiero siempre queda”.

La UFERCO realiza varias indagatorias en Casa Presidencial y otras instituciones de gobierno, entre ellas, la supuesta entrega de jugosos bonos mensuales a funcionarios en concepto de gasolina y seguridad, entre otros. “Son varios millones de los que estamos hablando en todas esas investigaciones. No puedo dar un dato en este momento, pero los casos van desde la malversación de ocho millones de lempiras (más de 326 mil dólares) y otros que superan los 300 millones de lempiras (más de 12,2 millones de dólares)”, apuntó.

El desarrollo de esas investigaciones se obstaculizó porque las autoridades a cargo de entregar la documentación argumentaban que estaban amparados en una ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, mejor conocida como “Ley de Secretos”. No obstante, recientemente el Congreso Nacional derogó esa norma, lo que permitirá al Ministerio Público, a otras instituciones contraloras e incluso a la población acceder a documentos que anteriormente estaban clasificados como secretos.

En este tono, Santos dijo que ve con “buenos ojos” que el actual gobierno realice gestiones para instaurar en el país una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). Y aunque se dice consciente de que el hecho que se instale ese organismo no garantiza que habrá buenos resultados, considera que se debe garantizar que tenga las facultades de actuar libremente en el país.

Hernández fue solicitado por Estados Unidos al acusarlo por tres delitos relacionados al tráfico de drogas y uso de armas. Actualmente se encuentra preso en una institución policial a la espera de la decisión de un juez para saber si autoriza o no su envío a la nación del norte. El exmandatario, su círculo familiar cercano y algunos de sus funcionarios fueron acusados en varias ocasiones durante su administración de varios actos de presunta corrupción, pero sobre ninguno se presentaron pruebas concretas contra el exmandatario.

FUENTE: Con información de AP

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