GINEBRA.- "Más rápido se coge a un mentiroso que a un cojo". En el Gobierno venezolano parecen no haber escuchado jamás este refrán, pues durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos algunos de los funcionarios realizaron unas afirmaciones que no solo van a contracorriente de la realidad, sino que además desdicen a otras realizadas por otras autoridades hace meses o incluso semanas.
Así por ejemplo el viceministro del Interior, Hanthony Rafael Coello, aseguró ayer al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el número de muertes por culpa del hampa en el país viene cayendo.
“La tasa de homicidios en el período 2012 a 2015 ha experimentado una tendencia a la baja, según el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana en 2012 estaba en 55 homicidios por cada 100 mil mientras que en 2015 se situó en 51 por cada 100 mil habitantes, siendo la mayoría ajustes de cuentas”, dijo el funcionario al responder a los más de 20 países que expresaron su preocupación por el alto número de personas que día a día pierden la vida a manos de delincuentes.
Los datos aportados por Coello no se compadecen con los que en julio del año pasado dio la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al Comité de Derechos Humanos de la misma ONU, a la que le reconoció que el índice de homicidios en 2014 cerró en 62 por cada 100.000 habitantes. Por su parte, en mayo de este año la jefa del Ministerio Público admitió que el número de muertes causadas por la violencia criminal podría ser superior al de 2015, cuando llegó a 17.776, pues reveló que 4.696 venezolanos fueron asesinados en el primer trimestre de 2016, cifra que es 6,8 % superior a la del mismo período del año pasado, cuando se registraron 4.393 homicidios.
La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, también dejó a propios y extraños boquiabiertos al afirmar que los 5 millardos de bolívares que su despacho ha gastado en construir nuevas cárceles, cuyo número no precisó; y en reparar las existentes "nos ha permitido erradicar el hacinamiento y disminuir significativamente la violencia carcelaria".
"Venezuela ha cumplido con creces los compromisos asumidos en el primer EPU", sentenció, obviando que en el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, hace unas semanas denunció que en los calabozos policiales hay más de 30 mil detenidos, de los cuales unos 3 mil son condenados; es decir que obligatoriamente deberían estar en una prisión.
¿Promesas realizables?
Pese a que estudios como la Encuesta de Condiciones de Vida (Enconvi) aseguran que la pobreza se ha duplicado en los últimos años, las autoridades que acudieron al Consejo de Derechos Humanos aseguraron que trabajan para acabar la pobreza extrema en menos de tres años.
"Vamos a erradicar la pobreza extrema en 2019", afirmó la ministra de la Mujer, Blanca Eeckhout.
Las promesas parecen no haber convencido a los miembros de la instancia con sede en Ginebra (Suiza), pues 14 países expresaron su preocupación por la escasez de alimentos y medicinas que sufre el país; y algunos como Suecia, expresó su preocupación porque la situación degenere en una “hambruna” y por ello instó al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto, para sobre todo proteger a los niños, no sin antes advertir de que los efectos sobre ellos pueden “volverse irreversibles”.
La Fundación Bengoa ha advertido que la déficit nutricional de los más pequeños ha pasado en estos meses del 12,6% al 22,5%.
Por su parte, la ministra de la Salud, Luisana Melo, aseveró que su despacho “garantiza de forma totalmente gratuita 230 medicamentos de alto costo, beneficiando a 780 mil personas”, entre las cuales destacó los 63 mil enfermos con el VIH-SIDA.
A lo largo de 2016 en Caracas se han registrado numerosas protestas de personas que padecen alguna dolencia para reclamar su derecho a la salud.
Otros asuntos
Las restricciones a la libertad de expresión, las amenazas contra los periodistas y medios de comunicación fue el asunto que más alarma generó, pues de los 103 países que participaron en la evaluación de Venezuela más de 30 solicitaron tomar medidas para asegurarle a los ciudadanos acceder a información y permitirle a los comunicadores ejercer su labor sin restricciones.
“La libertad de expresión en Venezuela se garantiza plenamente", soltó el viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo, quien agregó: "En Venezuela ni un solo periodista o miembro de organización no gubernamental detenido o sometido a proceso judicial en razón de su actividad judicial".
El caso de los directivos de los diarios El Nacional y Tal Cual, a los que el diputado Diosdado Cabello demandó por replicar informaciones aparecidas en medios de Estados Unidos sobre sus supuestos nexos con el narcotráfico, es distinto, porque ellos están procesados "por difamación e injuria".
Sin embargo, el funcionario omitió los casos de los periodistas Hernán Lugo, Sofía Nederr y Javier Ignacio Mayorca, de El Nacional, demandados por el actual diputado del PSUV, Hugo Carvajal. Castillo tampoco considero violaciones a la libertad de expresión los procesos que los columnistas Carlos Genatios y Laureano Márquez enfrentan o enfrentaron.
La liberación de los presos políticos, los ataques contra los defensores de Derechos Humanos y el control que el Gobierno ejerce sobre la justicia fueron otros de los asuntos por los que los miembros de la ONU expresaron su preocupación.
FUENTE: REDACCIÓN
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