SAN JOSÉ.- María Herminia López debió viajar la semana anterior desde su natal Nicaragua hasta Costa Rica, con la finalidad de repatriar el cadáver de su hermano, el inmigrante José Francisco Ayala, de 47 años, quien murió el miércoles último en un hospital público de San José, capital costarricense, producto de un accidente de tránsito.

El trámite normal no debió demorar más de uno o dos días, pero al llegar a Costa Rica se encontró con la triste realidad de que el cadáver de su hermano no era entregado en la morgue del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ubicada en San Joquín de Flores, Heredia, centro del país, porque los funcionarios estaban en huelga.

Es más, al cuerpo de Ayala los médicos forenses ni siquiera le habían aplicado la respectiva autopsia para determinar con exactitud la causa de su muerte, prolongando aún más el dolor y la zozobra de sus familiares que no han podido darle cristiana sepultura en su país natal.

“Tengo un hermano acá y necesito me hagan los trámites para llevarlo hacia Nicaragua. Eso es lo que queremos nosotros, ya que mi mamá en Nicaragua lo está pidiendo”, manifestó López al diario local La Nación, cerca de la entrada del complejo de ciencias forenses.

“Esto ha llevado un proceso y un gasto muy intenso. Venimos desde muy lejos y necesitamos nos ayuden a ver si lo podemos trasladar lo más pronto posible. (…) Estos funcionarios que están en huelga, que tomen en cuenta que hay gente pobre y desesperada para que traten de resolver sus problemas lo antes posible. Lo que queremos es darle sepultura”, añadió López.

El cuerpo de Ayala es uno de los 35 cadáveres a los cuales no se les ha aplicado autopsia para ser entregados a sus familiares costarricenses producto de la huelga de los trabajadores del Poder Judicial de Costa Rica. La falta de entrega de cuerpos en la morgue ha sido lo que más ha llamado la atención del país, pero hay otros servicios también sin funcionar.

El paro laboral iniciado desde hace una semana, se produjo tras el rechazo de una comisión del Parlamento costarricense a un proyecto de ley que plantearon los empleados judiciales para reformar su fondo de pensiones, el cual se ha vuelto insostenible por la falta de ingresos.

El Congreso estudia la propuesta de la Universidad de Costa Rica que además plantea mayor contribución de los trabajadores, aumentar la edad de pensión y poner un límite al monto que se paga por jubilación, entre otros aspectos; lo cual ha molestado a los empleados del sistema judicial que se fueron a paro.

Los trabajadores piden que se aumenten los montos de la jubilación y se aumente la edad de pensión. Además de la huelga indefinida llevan adelante una campaña en redes sociales pidiendo una pensión digna.

“Hemos estado hablando con los funcionarios de la Morgue Judicial y apelamos a la humanidad y a la solidaridad de ellos para que en las próximas horas se retomen las funciones normales”, aseguró Walter Espinoza, director del OIJ.

“Algunos patólogos están dispuestos a retomar las funciones, pero personal administrativo y de otra índole que también se requieren para llevar a cabo las autopsias, se niegan a trabajar”, agregó.

Por su parte, el presidente de la república, Luis Guillermo Solís, hizo “un llamado a los que están protestando para que atiendan el clamor de las personas y tengan misericordia de los familiares de fallecidos que no pueden enterrar a sus muertos. No es el país que queremos, no es la Costa Rica solidaria a la que aspiramos”.

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La policía debió tomar control del complejo de ciencias forenses en Costa Rica ante la la huelga de los funcionarios y las reacciones de los familiares afectados por el paro.
La policía debió tomar control del complejo de ciencias forenses en Costa Rica ante la la huelga de los funcionarios y las reacciones de los familiares afectados por el paro.

Desde la noche del lunes 24 de julio, la Fuerza Pública tomó el control del complejo de ciencias forenses a fin de garantizar que los médicos apliquen autopsias a los cuerpos, ante una solicitud del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa.

“El deber de los cuerpos policiales es garantizar el orden público y el respeto al ordenamiento jurídico”, informó el Ministerio de Seguridad Pública, que no mencionó sobre el número de efectivos que tomaron el control del lugar, pero sí especificó que estarán dando seguridad y custodia a los médicos para que reinicien el proceso de autopsias.

La huelga ha provocado efectos en el despacho de justicia en este país. Los tribunales están cerrados y no hay audiencias ni juicios. Todas las diligencias legales están paralizadas.

Prórrogas de prisión preventiva y condenas están sin resolver y cientos de detenidos tienen congelados sus procesos.

Hasta la fecha el Ministerio de Trabajo no ha declarado ilegal la huelga, aunque la normativa laboral que rige en Costa Rica prohíbe paros de servicios esenciales.

Esta semana entró en vigencia la reforma procesal laboral, que entre otras cosas convierte al Ministerio de Trabajo en árbitro para la resolución de conflictos.

Se estima que el 26 de julio pueda extenderse la huelga, fecha en la que puedan reunirse representantes de los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial y la Asociación Costarricense de la Judicatura, con diputados de la comisión especial de pensiones de la Asamblea Legislativa.

FUENTE: Especial

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