CARACAS.-Tengo seis meses que no tomo pastillas anticonceptivas porque no puedo pagarlas. Ya debo consultarle a mi ginecólogo por otro método para sustituirlas”. Anyeimar Requena debe tomar anticonceptivos orales no solo para protegerse de un embarazo no deseado, también para regular su menstruación y controlar la producción de miomas uterinos —tumores benignos—. Hace un año y medio que no consigue las píldoras en farmacias, por lo que optó por adquirirlas mediante vendedores informales.

Anyeimar no es la única. 73 % de las venezolanas no encontró ningún tipo de anticonceptivo entre junio de 2016 y junio de 2017, y 27 % consiguió, pero no pudo pagarlo, según Mujeres al Límite, estudio realizado por las organizaciones Avesa, Cepaz, Freya y Mujeres en Línea.

Una caja para un mes cuesta entre 8 y 10 millones de bolívares y el sueldo de Anyeimar es de seis millones. En febrero pasado, cuando el salario mínimo integral estaba en Bs. 797.510, pagó un millón de bolívares por una caja de pastillas anticonceptivas que consiguió a través de una cuenta en Instagram. Transfirió el pago y nunca le enviaron el medicamento ni le respondieron los mensajes.

La búsqueda sin resultados de Anyeimar y de millones de venezolanas no es casual. En 2016, la Federación Farmacéutica de Venezuela precisó que existía 90 % de desabastecimiento de anticonceptivos orales. La cifra coincide con los datos obtenidos por El Pitazo a través de Import Genius, que indican que desde 2012 hasta 2017, las importaciones cayeron en 93 %: en seis años se pasó de 326 toneladas de anticonceptivos que ingresaron al país, a 23 toneladas.

Para 2012, se registró la importación que hicieron 14 empresas privadas. En 2015, la data muestra importación de anticonceptivos de 29 empresas, lo que significa un aumento de 52 %, pues solo diez eran de la industria farmacéutica venezolana y las demás compañías relacionadas con la ingeniería y la tecnología. De ellas, 55 % adquirieron menos de dos toneladas, pedidos pequeños en comparación con los de los laboratorios farmacéuticos, cuyas compras superan las 20 toneladas. Para 2017, la cantidad de compradores bajó a siete, incluida la Fundación Misión Barrio Adentro, creada en 2003 por Hugo Chávez con la ayuda del gobierno de Cuba.

Comprador sorpresa

En el mes de octubre de 2016 llegaron al país 307 kilogramos de píldoras provenientes de Argentina. La compra representaba 0,4 % de lo importado a Venezuela en 12 meses y fue hecha por la Fundación Misión Barrio Adentro.

El Ministerio para la Salud, por medio de los Protocolos de Atención Integral a las y los Adolescentes, asegura que hasta agosto del año 2012 los anticonceptivos orales Norigynon, Exluton, Norlevo y Marvelon estaban disponibles en el primer y segundo nivel de atención, pero la base de datos manejada por El Pitazo, que muestra las importaciones a Venezuela desde el año 2009, no registra la compra de anticonceptivos por parte de esa cartera ministerial sino a partir del año 2016.

En 2017, Barrio Adentro se posicionó como el importador mayoritario, con 12 toneladas que llegaron desde Cuba en el mes de noviembre, lo que significó 52 % del total importado durante ese año.

Liliana Do Couto, farmacéutica, explicó que una tonelada puede contener aproximadamente 170 mil cajas de pastillas anticonceptivas; por lo tanto, la importación del Estado, a través de Barrio Adentro, de 12 toneladas, satisface la necesidad de 2.040.000 venezolanas durante un mes: 22 % de cobertura de la atención sexual y reproductiva por apenas 28 días de la población en edad reproductiva.

La cantidad es insuficiente para cubrir la demanda de 9.158.814 mujeres de entre 15 y 49 años que, de acuerdo con la Norma oficial para la atención integral en salud sexual y reproductiva (2013), son activas sexualmente. Una de las líneas estratégicas del documento plantea como objetivo “el acceso a métodos anticonceptivos variados para hombres y mujeres, incluyendo la anticoncepción de emergencia y la esterilización quirúrgica”.

Ni el Ministerio para la Salud ni el Ministerio para la Mujer, en las Memoria y Cuenta de los años 2013, 2014 y 2015, mencionan la inversión para la importación de anticonceptivos orales.

Es un tema de desarrollo y población

Venezuela, como miembro de la ONU, se comprometió a colaborar con el Quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio: lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva. Sin embargo, la falta de importación y el desinterés del Estado por garantizar los servicios de atención sexual y reproductiva y educación sexual impide a 9.158.814 venezolanas decidir sobre su sexualidad. 15 % de ellas tienen entre 15 y 19 años y solo una de cada diez utiliza algún tipo de método anticonceptivo, según la Norma oficial para la atención integral en salud sexual y reproductiva.

Desde 2014, Venezuela tiene la tasa de embarazos adolescentes más alta de la región, ubicada por la Unicef en 23 %. En ese escenario, cada día nacen 350 bebés de madres adolescentes. Entre las causas están la precariedad de los servicios de salud adolescente, insuficientes en cantidad y calidad.

Los derechos sexuales y reproductivos están establecidos en la Constitución y, recientemente, en la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Tales derechos se refieren, entre otros aspectos, a la capacidad de la mujer de elegir dónde, cuándo, cómo y con qué frecuencia tener relaciones sexuales o ser madre.

Fabiola Romero, miembro de la directiva de la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), asegura que si no se atiende la demanda de anticonceptivos se ve comprometido, además del futuro de millones de venezolanos, el desarrollo socioeconómico del país por el aumento de la pobreza y de otros factores relacionados, como el crecimiento de las tasas de mortalidad materna y embarazos adolescentes, de niños abandonados, mayores niveles de violencia y el aumento de la población y de niños en situación de calle.

Desde Hugo Chávez, y ahora con Nicolás Maduro, el régimen venezolano se ha definido como el más feminista en la historia del país, pero ninguna de las entidades responsables, como el Ministerio para la Salud y el Instituto de la Mujer (Inamujer), se ha pronunciado en lo que va de 2018 por la falta de anticonceptivos orales en el país.

También en 2014 se creó el primer Plan Nacional para la Protección de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Mujeres, previsto hasta 2019, bajo el ministerio de Andreína Tarazón Bolívar. Los objetivos planteados en el documento, entre ellos garantizar los derechos humanos de las mujeres y el acceso a “los servicios de atención y prevención en salud necesarios para alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos”, se alejan mucho de la realidad.

El Pitazo solicitó una entrevista con Blanca Eekhout para precisar algunos detalles sobre el informe y las rendiciones de cuenta de los últimos años. La petición fue negada por cambio de ministra.

FUENTE: EL PITAZO

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