Edward Lacayo rodeado de agentes con rostro cubierto. Es uno de los presos políticos que se encuentran en las mazmorras del régimen de Daniel Ortega.
Captura de pantalla/19 digital/portal del régimen sandinista/ARCHIVO
El preso político Carlos Bonilla López, se enfrenta al tercer juicio promovido por el régimen de Daniel Ortega, en menos de 3 años.
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Abogada Yonarqui Martínez, defensora de derechos humanos.
CORTESÍA: Yonarqui MartínezMIAMI - A medida que se acercan las elecciones el régimen sandinista aumenta la violencia y la represión, el número de presos políticos va en ascenso, el aparato represivo ha provocado la cancelación de operaciones de varios organismos no gubernamentales como la fundación de la expresidenta Violeta Barrios, y dos periodistas han sido condenados a través de la ley de “Ciberdelitos”, conocida como la ley “mordaza”.
La asesora legal del Comité de Madres pro liberación de presos políticos, Yonarqui Martínez, dijo que el número de reos de conciencia aumentó de diciembre a la fecha de 116 a 121, de los cuales 111 en el contexto de la rebelión de abril de 2018, y otros 10 antes de abril.
“Son detenciones encaminadas a procesos injustos y ya sabemos cuál es el resultado de ellos. Tenemos el caso de un preso político que cumplió la condena impuesta y un día antes de salir de la cárcel lo acusaron que tenía drogas dentro del penal”, afirmó la abogada.
Se trata del caso de Carlos Alberto Bonilla López, un preso político que fue condenado a 90 años de prisión, el régimen le acusa de la muerte de un policía durante las protestas, fue liberado en junio de 2019 a través de la ley de Amnistía, y se exiliò en Costa Rica ante el asedio policial tras ser liberado.
Martínez explicó que en enero de 2020 Bonilla retornó a Nicaragua debido a que su hija de 9 años enfermó, días más tarde fue detenido y acusado de “tenencia ilegal de arma”, la condena impuesta fue de un año. Bonilla cumplió la sentencia y el Poder Judicial emitió la orden de libertad, pero no salió del penal de Tipitapa, fue acusado por “tráfico de drogas”, una práctica común empleada por la dictadura con los presos políticos. Bonilla se enfrenta a un nuevo proceso judicial mientras permanece en una celda de máxima seguridad.
Al expreso político Gonzalo Cáceres el régimen le impide salir de su residencia en Somoto. Fue detenido por la Policía por estar sentado en la acera de su casa. En un video publicado en las redes sociales se observa que le ordenan entrar a su casa, él le responde que no está haciendo nada ilegal, los agentes lo esposaron junto a la persona con la que conversaba, y se los llevaron detenidos a la estación policial, más tarde los liberaron.
Situación preocupante
La activista afirmó que la situación de derechos humanos en Nicaragua es preocupante. En los últimos meses el régimen ha aprobado cuatro leyes.
“Se trata de la reforma al Código procesal penal que son parte legal de cuerpo de represión que ha implementado el poder ejecutivo con el legislativo en contra de los opositores”, apuntó.
“Antes de la reforma al Código procesal penal se veía un fenómeno de violación de derechos humanos por detención ilegal porque la policía no pasaba a un preso político a las 48 horas como establecía la Ley, se pasaban días, a veces hasta meses; esa ilegalidad ahora ya la legitimaron con el apoyo del legislativo”, acotó Martínez.
Las otras leyes represivas son la de “cadena perpetua”, la Ley de “Regulación de Agentes Extranjeros”, que ha obligado a varios organismos no gubernamentales (ONG) a cerrar operaciones en Nicaragua; y la Ley Especial de Ciberdelitos, que persigue censurar a los pocos medios de comunicación y plataformas digitales críticos al régimen.
Dos periodistas enfrentan condenas con la última ley que criminaliza el ejercicio periodístico, se trata de David Quintana y Kalúa Salazar.
El ONG sueco “We Effect” se retiró de Nicaragua tras la aprobación de la Ley, y la fundación Violeta Barrios anunció recientemente el cierre de la organización.
“Hemos observado un incremento en la represión, existe un riesgo alto para los expresos políticos, son las personas que fueron beneficiadas con la ley de amnistía en 2019, y en mi percepción como defensora de derechos humanos son los que corren más riesgos porque muchas de esas personas liberadas han sido nuevamente apresadas o son constantemente asediadas por el gobierno a través de la Policía. Al momento de acercarse las elecciones esa violencia, la represión va a incrementar y ya lo tenemos con las nuevas leyes”, subrayó Martínez.
Elecciones
La principal demanda de los familiares y defensores de derechos humanos es la libertad de los presos políticos antes de una contienda electoral.
“Hemos estado presionando y los familiares exigen ante los organismos internacionales y para los que están promoviéndose para un puesto público que el tema de los presos políticos sea una prioridad”, dijo la abogada.
“Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta, lo primero es la liberación de los presos políticos, cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más”, dice un video publicado por el Comité de Madres pro liberación de presos políticos.
La campaña tiene como objetivo llamar la atención de los nicaragüenses y los candidatos que se postulan y se organizan para las elecciones, aunque aseguran que sobre el tema no hay una “decisión” definitiva.
Carta Pastoral
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) publicó una Carta Pastoral en la que exhorta sobre la necesidad de cumplimiento al compromiso del régimen a la realización de reformas electorales y la garantía de las elecciones del 7 de noviembre próximo.
“En este año, en el cual como pastores nos unimos a la aspiración de los nicaragüenses, sobre las necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de elecciones libres y transparentes. Hacemos voto para que sea un año en el que se supere todo tipo de confrontación, descalificación y acciones que vayan en contra de este ejercicio cívico y democrático, que todo nicaragüense tiene derecho de ejercer; esto se puede lograr si se deponen actitudes de poder, de individualismo y haciendo camino de conversión por el bien común”, exhortó el CEN.
El régimen de Daniel Ortega firmó un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2017, para la realización de reformas electorales, el plazo para ese acuerdo vence en mayo próximo. Sin embargo, los nicaragüenses desconocen del avance de ese proceso.
Ante los acontecimientos en Nicaragua, el grupo cívico Ética y Transparencia, un organismo electoral sin fines de lucro emitió una declaración en la que exhorta al Estado el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente los artículos 19 y 20, que establecen el derecho a la libertad de expresión, opinión, y el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.
“La libertad de expresión, la de reunión y la de asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho de voto y deben protegerse plenamente. Sólo donde hay libertad de opinión y de expresión puede decirse que hay elecciones justas y honestas”, expresa el organismo.
“Hacemos notar la enorme importancia de alcanzar un amplio consenso con relación a las reformas electorales, que animarían a una elevada participación en las próximas elecciones, lo que sería de gran beneficio para la Nación”, expresa la declaración de Ética y Transparencia.
@FloresJudith7
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